El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) logró revalidar su hegemonía en el legislativo capitalino al adjudicarse 15 de las 24 bancas de la Junta Municipal de Asunción, pese a la derrota en la carrera por la Intendencia municipal. La nómina de concejales electos por la Lista 1 estará compuesta de manera exclusiva por dirigentes alineados con el movimiento Honor Colorado, mientras que los sectores disidentes del partido quedaron marginados sin conseguir los escaños necesarios.

Con un total de 149.231 votos (53,5 % del electorado), la ANR aseguró el control mayoritario del cuerpo deliberativo mediante la aplicación del sistema D’Hondt. El resultado contrasta marcadamente con el plano ejecutivo, donde la candidata de la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, se impuso con 133.325 votos sobre el postulante colorado Camilo Pérez (128.301 votos), impulsada por una marcada dispersión y voto cruzado de los electores.

El equipo liderado por Jorge “Turi” Cappello tuvo un papel protagónico al posicionar a Gerardo “Gringo” Benítez como el candidato colorado más votado, con 15.711 apoyos preferenciales. El dirigente consiguió ubicar a cuatro de sus representantes en el legislativo, integrando también a Diego “El Arki” Sotomayor (7.994 votos), Marcelo Centurión (7.533 votos, quien logró su reelección) y Axel Mongelós (6.564 votos).

Por su parte, el sector encabezado por Raúl Latorre, jefe de campaña de la Lista 1, afianzó una destacada presencia en el estamento comunal. El edil reelecto Miguel Sosa encabezó dicho equipo con 12.986 votos, acompañado por Carlos Morel (6.307 votos), Cynthia Romero (6.284 votos), Nasser Esgaib (5.379 votos, asegurando el “rekutu”) y Mariano Cáceres (4.746 votos).

La representación colorada en la Junta Municipal se completa con Sebastián Radice (13.005 votos), Daniel Fernández —vinculado al ministro Juan Carlos Baruja— con 10.615 votos, Constantino “Tino” Ayala (9.431 votos), Óscar “Piriki” Rodríguez (6.242 votos), César Ceres Escobar —del equipo de Basilio “Bachi” Núñez— con 4.962 votos, y Óscar Noldin (4.146 votos).

En contrapartida, las corrientes disidentes de la ANR sufrieron un duro revés al no obtener la cantidad de votos preferenciales para asegurar un escaño. Los equipos vinculados al clan Samaniego, al abdismo y al sector del exvicepresidente Hugo Velázquez quedaron fuera del mapa municipal; postulantes como Iván Chilavert (4.013 votos), José Plate (3.832 votos), Jesús Lara (3.515 votos), Hugo Ramírez (2.772 votos) y Enrique Wagener (922 votos) no lograron ingresar a la corporación.

1. Gerardo “Gringo” Benítez (ANR - Lista 1) – 15.711 votos
2. Sebastián Radice (ANR - Lista 1) – 13.005 votos
3. Álvaro Grau (AUA - Lista 3) – 13.531 votos
4. Miguel Sosa (ANR - Lista 1) – 12.986 votos
5. Daniel Fernández (ANR - Lista 1) – 10.615 votos
6. Augusto Wagner (PLRA - Lista 2) – 7.541 votos
7. Sebastián Garay (AUA - Lista 3) – 9.490 votos
8. Constantino “Tino” Ayala (ANR - Lista 1) – 9.431 votos
9. Diego “El Arki” Sotomayor (ANR - Lista 1) – 7.994 votos
10. Mauricio Maluff (AUA - Lista 3) – 7.379 votos
11. Marcelo Centurión (ANR - Lista 1) – 7.533 votos
12. Axel Mongelós (ANR - Lista 1) – 6.564 votos
13. Fiorella Forestieri (PLRA - Lista 2) – 6.996 votos
14. Carlos Morel (ANR - Lista 1) – 6.307 votos
15. Pablo Callizo (AUA - Lista 3) – 5.386 votos
16. Cynthia Romero (ANR - Lista 1) – 6.284 votos
17. Óscar “Piriki” Rodríguez (ANR - Lista 1) – 6.242 votos
18. Maxi Seiferheld (AUA - Lista 3) – 5.148 votos
19. Nasser Esgaib (ANR - Lista 1) – 5.379 votos
20. Ramón Ortiz (PLRA - Lista 2) – 4.564 votos
21. César Ceres Escobar (ANR - Lista 1) – 4.962 votos
22. Noelia Díaz (AUA - Lista 3) – 4.653 votos
23. Mariano Cáceres (ANR - Lista 1) – 4.746 votos
24. Óscar Noldin (ANR - Lista 1) – 4.146 votos

El Partido Colorado supera los 149.000 votos en la capital y asegura un cómodo dominio en el legislativo municipal de 24 miembros.

Tras una jornada de intensa participa­ción electoral en todo el país, el sistema de Transmi­sión de Resultados Electora­les Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó la configuración que tendrá el pleno de la Junta Municipal de Asunción para el periodo ordinario 2026-2031.

Con la aplicación de la cifra repartidora y el sistema de representación proporcio­nal D’Hondt, los datos oficia­les del escrutinio preliminar otorgan un amplio triunfo a la lista 1 de la Asociación Nacio­nal Republicana (ANR), que logró asegurar 15 de las 24 bancas disponibles en el legis­lativo de la capital. La votación para el legislativo capitalino reflejó un fuerte apoyo hacia la estructura oficialista, mar­cando una clara diferencia sobre los bloques de oposición:

• Lista 1 – Asociación Nacio­nal Republicana (ANR): Con­quistó un total de 149.231 votos, obteniendo 15 bancas en la Junta Municipal. Esta cifra le otorga una mayoría absoluta propia (más del 60 % de los escaños del legisla­tivo municipal), lo que faci­litará la gobernabilidad y la aprobación de ordenanzas o presupuestos.

• Lista 3 – Alianza Unidos por Asunción: Se posicionó como la principal fuerza de oposición en el cuerpo legis­lativo al cosechar 65.505 votos, logrando 6 curules en la Junta.

• Lista 2 – Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA): La lista tradicional del libe­ralismo sumó 36.338 votos, con los cuales alcanzó 3 ban­cas de concejales.

Al superar la barrera de las 13 bancas necesarias para el cuórum y la mayoría simple, la ANR no dependerá de pac­tos ni alianzas coyunturales con la oposición para aprobar dictámenes clave, la ejecución presupuestaria o la elección de las autoridades de la mesa directiva de la Junta.

Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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