La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este analiza una nueva denuncia por presunto daño patrimonial en la administración del exintendente Miguel Prieto, que está comenzando a salir a la luz gracias al reclamo de los ciudadanos. En este caso tiene que ver con el proyecto de construcción de cinco “Plazas Vivas”, o “plaza modelos”, que fue adjudicado por el exintendente poco antes de que sea destituido del cargo y ejecutado por sus sucesores aliados.

Al respecto, el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana, explicó que en el contrato que figura en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con ID 445444, realizado por la Unidad de Contratación de Ciudad del Este por sistema de Adjudicación de lotes, es por un monto total de 20.607.545.199 guaraníes, fue adjudicado en junio del año 2025 debiendo haber culminado en 180 días o a fines de diciembre del 2025, pero recién este año se inauguraron 2 de las 5 plazas previstas.

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Indicó que hicieron un análisis preliminar del contrato y detectaron que los precios cuestionados en varios ítems tienen diferencias de hasta 526 % frente a referencias de mercado y elementos que no fueron ejecutados, porque no se encuentran en las plazas ya inauguradas.

Sánchez explicó que la licitación para la construcción de las plazas fue adjudicada durante la administración de Miguel Prieto, mientras que la ejecución y los pagos se desarrollaron durante las gestiones posteriores en la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Estamos notando un daño patrimonial severo, porque más o menos se está calculando, con relación al tema de mediciones, para ser contundente, pero los precios que se encontraron, viendo el contrato, que solamente figura la descripción del ítem y el precio global, pero no figura cantidad de metros cuadrados, ni la dimensión, no hay ningún elemento que en este caso pueda corroborarse con el precio que figura en el documento”, explicó.

Mencionó que desde Contraloría Ciudadana analizan los documentos y se prepara una denuncia por presunto daño patrimonial, que será presentada ya posterior a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, porque no quieren que este tema sea utilizado como supuesto ataque electoral.

“Estamos preparando la denuncia para presentar ante la Fiscalía; vamos a esperar que termine este proceso electoral, para que no digan que es supuestamente una cuestión electoral. Aclaro, nosotros en la Contraloría Ciudadana no tenemos ningún vínculo ni político, ni mucho menos electoral con ninguno de los gobiernos”, precisó.

Mencionó que en la organización están personas afiliadas al Partido Colorado, al Partido Liberal; incluso gente de Patria Querida, Cruzada Nacional y otros que fueron aliados de Miguel Prieto en su momento, pero luego tomaron distancias al observar las graves irregularidades de su gestión.

El abogado Sánchez, explicó que luego de recibir los reclamos de los vecinos de los barrios donde se están proyectando estas plazas, comenzaron a revisar los documentos del contrato y comparar los precios de mercado.

Tomando solo el caso del Parque Viva del barrio Pablo Rojas, encontraron que al solicitar un presupuesto de una empresa china proveedora del parquecito o juegos infantiles con tobogán gigante, similar al que fue colocado en esta plaza, el presupuesto que dispuso Prieto para la compra de este parque y juego infantil de procedencia china fue por un monto de 532.643.760 guaraníes.

“Cuando hicimos las consultas el presupuesto que me pasaron fue de más o menos 85 millones de guaraníes, que ya incluye mano de obra y colocación. Incluso, el que me pasaron fue más grande que ese parque que está en el Pablo Rojas. Pero ellos hicieron en este caso que el costo sea de 532 millones de guaraníes, una verdadera locura”, cuestionó.

Otra de las cuestiones que llamó la atención al momento de analizar el contrato, es que figuran varios ítems que debían ser ejecutados o entregados, pero que al observar en las plazas no se encuentran esos elementos presupuestados.

“Por ejemplo, ítem 76, dice: colocación de carrusel en el parquecito, presupuesto G. 7.108.200, pero no existe el carrusel, la famosa calesita. También dice: mesada y bancos de hormigón armado; pero en el lugar no existe ninguna mesada de hormigón armado; pero, sin embargo, se pagó también, que figura en el contrato firmado que deberían entregarse y no se entregó”, acotó.

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El Ministerio de Salud analiza la validez de 62 renuncias de médicos especialistas y subespecialistas, presentadas el lunes pasado como parte de las medidas de fuerzas encaradas en reclamo a un reajuste salarial de G. 3.000.000 y otras reivindicaciones.

“Son 62 renuncias las que hemos recibido por mesa de entrada en la Secretaría General del Ministerio de Salud. El martes no se recibió ninguna denuncia y este miércoles veremos como se presenta la jornada”, mencionó el Dr. Juan Estigarribia, jefe de Gabinete de Salud, en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las cartas de renuncias fueron redireccionadas a la Dirección General de Recursos Humanos. “Se están evaluando y analizando el contenido y el tenor de las renuncias que presentaron los médicos”, indicó.

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Tienen diez días a partir del lunes pasado, para que acepten o rechacen estas renuncias. Un grupo es del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, otro del Hospítal de Trauma, pertenecientes a dos especialidades: cirujanos pediátricos y anestesiólogos.

El funcionario aseguró que el Ministerio de Salud sigue abierto al diálogo. “Son nuestros funcionarios estas personas que presentaron sus renuncias. Ellos nos necesitan y nosotros les necesitamos a ellos”, expresó.

Por el momento, los renunciantes siguen trabajando, cumpliendo su preaviso, y se prevén reemplazos en caso de ser aceptadas su dimisión. “No se interrumpieron los servicios, pero el Ministerio tiene una base de datos muy importante producto de concursos”, manifestó.

Precisamente, acaban de tener un concurso de desprecarización. “Y los elegibles van a pasar a la categoría de permanentes”, aclaró. Esa base de datos de profesionales de blanco da la facilidad de los reemplazos en caso de que se acepten las renuncias, apuntó.

No obstante, el Ministerio tiene las puertas abiertas para seguir con el diálogo. “Nosotros buscamos acercamiento con el gremio médico queriendo zanjar este inconveniente y que se restablezca la normalidad”, afirmó.

Ellos ya saben la propuesta del Ministerio, que es la aplicación de la carrera sanitaria. “Así que estamos esperando el momento de sentarnos nuevamente a conversar y llegar a un acuerdo”, remarcó.

Estamos esperando que los gremialistas se acerquen para reiniciar las conversaciones buscando una salida al conflicto. “La ministra está dispuesta a hablar con los médicos”, confirmó. A cada médico renunciante se le estará comunicando individualmente la aceptación o el rechazo de su renuncia. “Pero, en caso de que sean rechazados, nosotros vamos a darles a ellos los argumentos del rechazo”, concluyó.

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“En este tiempo podemos señalar que bastante se ha mejorado el gasto“, manifestó Mirtha Arias, consejera del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la situación económica y financiera de la previsional. La representante de los trabajadores detalló que se están evaluando varias alternativas viables para garantizar la adquisición continua de medicamentos e insumos.

“Es una preocupación de todos, pero las gestiones se están realizando, hay un equipo técnico que está analizando alternativas viables que nos permita tener recursos para poder seguir cumpliendo y que no se corte la cadena de suministro”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Arias agregó que “ayer jueves fue un día muy importante para el IPS en donde se ha dado una muestra y una señal clara de que esa será la línea y la política que se va a seguir en la reducción del gasto. Tuvimos una reducción en este tiempo, de 61 ítems que conforman el vademécum se redujo a 32 y eso nos permite un ahorro prácticamente de G. 120 mil millones".

Con relación a las alternativas manejadas por parte del equipo técnico integrado por destacados economistas, Arias mencionó que figuran la reestructuración total de la deuda del IPS con un plazo prolongado y la posibilidad de adquirir a través del Ejecutivo bonos que permitan tener una liquidez necesaria.

“Todavía no se cerraron todos los números. Se barajan estas alternativas para salir de la difícil situación que atraviesa el IPS, esto se tiene que definir la próxima semana de alguna manera”, comentó.

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De acuerdo a las informaciones proveídas, el punto crítico está en el Fondo de Enfermedad-Maternidad, el brazo financiero que sostiene la atención médica de los asegurados. Allí se concentra la presión por la falta de medicamentos, insumos, equipamientos, personal y mantenimiento edilicio.

La previsional recauda poco más de G. 1 billón por mes, pero la compra de medicamentos e insumos demanda una suma equivalente a G. 150.000 millones mensuales. Actualmente para el efecto solo se destina un monto de G. 44.000 millones.

La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado liberal Arnaldo Valdez resolvió solicitar el parecer de varias instituciones antes de dictaminar acerca del proyecto de ley “Que regula la propaganda electoral en redes sociales y plataformas digitales”.

Esto, con el objetivo de adecuar el Código Electoral paraguayo a las nuevas formas de comunicación política que predominan en la era digital.

La iniciativa pretende modernizar el marco normativo vigente que actualmente está enfocado principalmente en medios tradicionales y soportes físicos, incorporando los espacios virtuales al ámbito de control y fiscalización de la Justicia Electoral.

Según los fundamentos de la propuesta, la necesidad de esta regulación responde al creciente protagonismo de las plataformas digitales en los procesos electorales, especialmente entre los jóvenes. Datos citados en el proyecto señalan que el 47,4 % de este sector de la población obtiene información sobre asuntos electorales principalmente a través de redes sociales.

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El diputado Valdez explicó que con el propósito de dotar a la iniciativa de un sólido respaldo técnico y jurídico, la Comisión de Asuntos Electorales resolvió solicitar informes y opiniones institucionales al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al Ministerio Público y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). “La intención es evaluar la viabilidad operativa de los mecanismos propuestos y fortalecer las capacidades de control y fiscalización de las instituciones involucradas”, refirió

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la protección de los datos personales en el ámbito político. En ese sentido, la propuesta prohíbe expresamente el uso de técnicas de segmentación o micro-targeting basadas en perfiles ideológicos o afiliaciones políticas obtenidas sin consentimiento de los ciudadanos, buscando evitar prácticas de manipulación electoral mediante el uso indebido de grandes volúmenes de datos.

Asimismo, el documento contempla la creación de un Registro Obligatorio de Cuentas para la publicidad política digital, herramienta que permitiría al TSJE y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos destinados a campañas en internet y reforzar la transparencia del financiamiento electoral.

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías. Entre ellas, establece restricciones para la utilización de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes) con fines de desinformación, además de exigir la identificación de materiales generados por IA.

Igualmente, extiende el período de silencio electoral a la publicidad paga en plataformas digitales durante las 48 horas previas a los comicios.

Por otro lado, se prevé la implementación de mecanismos de cooperación con grandes empresas tecnológicas para facilitar el acceso a bibliotecas de anuncios y fortalecer los procesos de control y auditoría electoral.

Finalmente, el proyecto plantea una aplicación gradual de las nuevas disposiciones, fijando una vacatio legis hasta el ciclo electoral de 2032, con el fin de permitir que el TSJE desarrolle las capacidades tecnológicas necesarias y se consoliden los mecanismos de transparencia en el ámbito digital.

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