El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, anunció que por el incumplimiento de compensaciones del 2025, los buses operarán solo hasta el 30 de noviembre. Aproximadamente 1.000 buses de Asunción y el Área Metropolitana estarían afectados.

En conferencia de prensa, Ruiz Díaz indicó que la deuda asciende a G. 9.609 millones, que es la compensación del año 2025. Agregó que aún no se analizó lo que es el impacto del año 2026 y, que mañana vence el pago del subsidio de septiembre. Advirtió que si no hay respuestas, solicitarán al Viceministerio de Transporte que disponga de las concesiones.

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“Pero el problema acá no es la deuda, el problema es que no existe una mesa técnica que permita discutir profesionalmente los criterios y se resuelven en una habitación. Por lo que la base imponible sobre la cual se realiza los cálculos es totalmente una Torre de Babel”, cuestionó.

Indicó que la falta de instalación de esa mesa técnica sería por el temor a ser descubiertos en la inoperancia en el manejo para la aplicación de una tarifa meramente técnica sin criterios políticos.

“Ellos se niegan a que el subsidio sea trasladado a la economía de los pasajeros. A nosotros no nos interesa el subsidio, el subsidio fue creado para el beneficio del pasajero que lo transfiera a la tarjeta de los pasajeros, no a nosotros. A nosotros nos retrasan 30 a 60 días, nos desequilibra económica y financieramente, por lo que tiene que ser trasladado a los pasajeros y no lo hacen”, cuestionó.

Ruiz Díaz remarcó que no se trata de una amenaza ni tampoco de un emplazamiento. Hasta el 30 de noviembre estarán en funcionamiento los transportes públicos, sino que “les advertimos, les avisamos, les contamos y otros calificativos, pero no emplazamos. Cualquiera tiene la libertad de pensar y entender como quiera entender, pero no hay ninguna expresión nuestra una animosidad, ni si quiera sinónimo de la palabra chantaje”, remarcó.

Insistió, por el contrario, que a partir de ahora se cuenta con 30 días para constituir esta mesa técnica. “Estamos abiertos al diálogo, pero ya no estamos preparados para las promesas, que hace tres años venimos recibiendo; así como todos recibimos que esta ley iba a cambiar y mejorar el transporte público. Entonces, hasta acá nosotros podemos llegar y ojalá venga alguien que pueda prestar el servicio en las condiciones que ellos pretenden”, expresó.

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Este fin de semana, dos colectivos que fueron incautados en el operativo A Ultranza Py y que estaban bajo custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), fueron consumidos por completo por las llamas en el patio de una comisaría de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Según el reporte policial, el incendio se registró durante la tarde de ayer sábado en el patio de la comisaría quinta de la ciudad de Curuguaty y de inmediato se dio aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la zona. Estos lograron controlar las llamas, pero los buses quedaron inservibles.

• Ómnibus de la marca Mercedes Benz, modelo genérico, tricolor, chasis N.º 34106811089477, con matrícula n.º AFF909.
• Ómnibus de la marca Mercedes Benz, modelo OHL-1316, bicolor, chasis N.º 39000411105211, con matrícula n.º APB420. Ambos vehículos incautados en el operativo A Ultranza.

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“Ambos ómnibus ya fueron entregados bajo acta a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados (Senabico), pero permanecieron en el predio de la dependencia policial por tener problemas mecánicos y encontrarse en condiciones de desuso”, expresaron los intervinientes.

Además de los bomberos, quienes sofocaron el fuego y están analizando el posible origen del incendio, se dio participación a personal técnico de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre el chasis y la zona del siniestro para determinar si el fuego fue por una falla o provocado.

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Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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