Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.

Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.

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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.

De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.

Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.

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• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo/Gentileza

Como una manera de seguir su legado, las hijas del recordado maestro de las artes plásticas planean generar un espacio de arte colectivo en La Barraca, San Ignacio Guasu, Misiones, donde tradicionalmente culmina la procesión de Tañarandy cada Viernes Santo desde hace más de 30 años. Están dando sus primeros pasos, concibiendo las primeras obras y planean habilitar una fundación para luego perseguir el sueño de habilitar un museo permanente de la obra de su padre.

“Abriremos las puertas de la Casa Taller Koki Ruiz, en La Barraca”, cuenta Macarena Ruiz, hija del querido artista plástico, explicando que lo hacen buscando mantener su legado en “el lugar donde él vivió, creó y soñó”

Según comenta, “vamos a empezar vendiendo piezas de arte inspiradas en la obra de mi papá, para continuar con el sueño de tener un taller de artesanos, una comunidad de artistas”, apunta.

Una tarea que el propio Koki inició con el taller Felipe Santiago Apocatú, nombrado así en homenaje a un artesano indígena de la época de las reducciones, donde, acompañado de amigos artistas de San Ignacio, buscaban recuperar el espíritu creador de aquellos aprendices que se hicieron verdaderos maestros.

“Hacían reproducciones de piezas decorativas y algunas tallas de la época jesuítica como ángeles querubines, músicos, con volutas, con flores, una experiencia muy rica”, dice Macarena desde Tañarandy, “la tierra de los irreductibles”, colonia vecina a San Ignacio, Misiones, a 230 kilómetros de Asunción.

Esa tarea fue un antecedente importante para lo que desarrollaría luego en el intenso trabajo comunitario que alumbró los afamados retablos que prepararon para la visita del papa Francisco y se emplazaron en el parque Ñu Guasu en 2015 y en los actos por la beatificación de Chiquitunga realizados en la Nueva Olla del Club Cerro Porteño en junio de 2018.

“Queremos que eso continúe, honrar el sueño que tenía”, apunta señalando que los primeros trabajos irán enfocados a la creación de “piezas inspiradas en sus cuadros, con las temáticas de canoeros y lavanderas que caracterizaron a Koki”.

Tal es así que en la casa taller ya se encuentran trabajando Macarena, su hermana Almudena; el tallador Ramiro Corbalán, Joel Maidana y Muñeca Rodríguez con las primeras obras que próximamente saldrán a la venta.

“No está todavía abierta al público, pero esta semana publicaremos en nuestras redes fotos de las piezas y a partir de cuándo la gente puede acercarse a adquirirlas”, explica.

La idea es, a partir de los recursos que se generen, abrir una fundación que les permita reactivar talleres y residencias en la casa taller “para que todo sea tal cual como en el inicio, donde más cantidad de artesanos puedan aprender, formarse y hacer piezas que tengan que ver con el estilo barroco de las reducciones jesuíticas, por ejemplo”, dice.

“Si bien Koki vivía de los cuadros que hacía, lo que le gustaba era tener a su equipo y trabajar en conjunto. Su sueño fue poder tener ese estilo de vida y creó sus trabajos más importantes junto al equipo y queremos recrear eso”, apunta.

“Las primeras tallas de madera reproducen a varias lavanderas que fueron pintadas en el estilo con el que él lo hacía, cuadros muy coloridos de las mujeres lavando la ropa”, adelanta.

“Estaremos atentas a la repercusión que podamos tener, entender si estamos en el camino correcto, es como una prueba y estamos avanzando de a poquito”, señala.

En este momento “estamos trabajando con gente que conocemos, se comunicó un grupo de artistas que quería venir a conocer, pero les dijimos que todavía no será en esta etapa. Ahora damos este paso para ver si se venden las obras y poder ir al siguiente paso, que sería habilitar la fundación”, concluye.

“Este es un primer paso para poder abrir la fundación y hacer posible más adelante un museo de Koki Ruiz”, describe Macarena Ruiz sobre el inicio de actividades en la casa taller en La Barraca, donde el gran artista nacional concebía sus obras.

Con miras al museo, se están buscando obras para incorporar al acervo. “Tenemos tres cuadros que pudimos conseguir y queremos que el museo tenga un lugar fijo para exponer siempre sus obras, pero sería el último paso de este proyecto”, señala.

Macarena cuenta que hay galeristas que tienen una importante cantidad de obras de Koki y que algunos esbozan la posibilidad de una muestra de sus obras, difíciles de conseguir y de buen precio en el mercado de arte local.

“Casa Taller le llamamos porque es en La Barraca donde hoy él descansa y donde creó todas las obras que más conocemos”, destaca del espacio.

“Sus inicios fueron en Asunción, donde le iba bien pintando y vendiendo individualmente. De hecho, lo podía seguir haciendo, pero al venir aquí a San Ignacio dio otro paso más en su creación, al estar en comunidad, en su casa taller, todo partía de aquí, así que para nosotros es un espacio/refugio de su memoria y hogar del pulso de su arte”, expone.

“Aquí seguimos trabajando con nuestras manos, transformando la materia humilde –la misma que siempre estuvo presente en este lugar– en obra viva. Cada pieza que nace en este taller busca mantener vivo su espíritu, su mirada y su forma de entender el mundo. Porque hoy, la casa taller no es solo un lugar: es una proyección de sus obras y un homenaje de quienes lo recordamos a través de su arte”.

La iniciativa legislativa que establece la implementación de test de drogas en los con­troles ruteros como medida preventiva frente al aumento de accidentes ocasionados por conductores bajo efectos de sustancias psicoactivas, cuenta con el dictamen favo­rable de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico, Ilíci­tos Conexos, Graves y de Pre­vención de las Adicciones, de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “que amplía y modifica el Artículo 113 de la Ley n.º 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, modificado por la Ley n.º 6842/2021”. El tema fue abordado por la comisión ase­sora, presidida por el diputado Carlos Godoy, y además del dic­tamen favorable fueron suge­ridas algunas modificaciones.

“En esa línea, las modifica­ciones introducidas contem­plan la utilización de pruebas de saliva como método prin­cipal de detección; la elabo­ración de protocolos oficiales para su aplicación; la verifica­ción técnica de los equipos por parte del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) y el fortalecimiento de la capacitación de agentes junto con programas de edu­cación preventiva”, refiere el informe de la comisión.

Para el debate y análisis de esta propuesta, se convocó a mesas de trabajo con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Patrulla Caminera, ade­más de solicitar informes a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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