El intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, anunció que mañana se estará habilitando el albergue público para los familiares de los pacientes con COVID-19 que se encuentran internados en terapia intensiva de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital distrital.
“Hoy vamos a terminar y mañana a las 7:30 de la mañana habilitamos este albergue municipal frente a la UTI del hospital distrital”, expresó el jefe comunal en su cuenta de Twitter. De esta forma, también se estarían paliando las incomodidades que pasan las familias ante la espera de la recuperación de los afectados.
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También considera que es “bastante difícil la situación por la que pasan los familiares de internados. Con esto les vamos a brindar un lugar donde podrán descansar, cambiarse de ropa, guardar sus cosas y cargar sus celulares por lo menos”, indicó.
El montaje preparado sería como un albergue municipal para resguardar a varias familias que se ubican en las inmediaciones del hospital en días incluso en que las inclemencias del tiempo se incrementan, aumentando más el calvario que deben pasar. La cantidad de personas internadas y de sus familiares instalados va aumentando, lo que también significa una preocupación para la administración municipal.
También la iniciativa municipal es la de comprar vacunas contra el COVID-19. La semana pasada se aprobó la posibilidad de realizar un crédito de G. 3 mil millones para la adquisición de las mismas. Actualmente cuentan con G. 2.500 millones en las cuentas de la municipalidad, pero no pueden ejecutar en su totalidad. Como quieren comprar 30 mil dosis, el préstamo es una opción.
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Hallan irregularidades en juzgados de Paz de Villa Elisa y Lambaré, similares a la mafia de los pagarés
Tras una auditoría realizada en los juzgados de Paz de Villa Elisa y Lambaré, encontraron irregularidades similares al caso conocido como la mafia de los pagarés.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, puso a conocimiento de la ciudadanía el resultado de esta auditoría.
A raíz de ello, la máxima instancia judicial suspendió en sus funciones a los jueces de Paz de Lambaré, magistrado José Segundo Velázquez, y de Villa Elisa, Marta Benítez. Los antecedentes fueron remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Jiménez Rolón mencionó que el resultado de la auditoría reveló prácticas irregulares como las notificaciones conocidas como “voladoras” e intimaciones de pago en direcciones distintas pero a la misma hora.
El ministro explicó en la sesión de la Corte que los juicios que se tramitan en el juzgado de Paz de Villa Elisa, a cargo de la jueza Benítez se iniciaban normalmente luego presentaban una recusación con causa y el juicio iba al juzgado de paz de Lambaré, que llamativamente no impugnaba a inhibición de su colega y este tipo de casos pasó en 2.878 expedientes judiciales, lo que revela un esquema que merece ser investigado.
Asimismo, la Superintendencia General de Justicia investigará a los actuarios judiciales, Ariel Paniagua Alonso y Hugo Molinas Duré. Igualmente será investigada la ujier Ana Osorio de Blanco.
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Cerca de 2.500 nuevos afiliados en Villa Elisa
Los presidentes y miembros de Seccionales Coloradas, concejales municipales, miembros de la Junta de Gobierno y convencionales de Villa Elisa se reunieron con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, para entregar cerca de 2.500 nuevas afiliaciones y pedir el apoyo del partido para recuperar la intendencia local en los próximos comicios municipales, a realizarse en 2026.
Encabezaron el encuentro José Cogliolo, miembro de la Junta de Gobierno, y la concejala Rossana Gómez. Acompañaron al titular partidario el senador Antonio Barrios, Eduardo González, Miguel Olmedo entre otros. Cogliolo agradeció a Cartes por recibirles y dijo que el 80 por ciento de la dirigencia de Villa Elisa están presentes, pero que a través del diálogo van a seguir buscando la unidad total del partido en la localidad. “Queremos recuperar nuestro municipio de Villa Elisa”, destacó Cogliolo.
Por su parte, la concejala Gómez dijo que “acá te traemos el trabajo de más de un año, presidente. Cerca de 2.500 afiliaciones, porque la gente cree que el partido es una herramienta útil. Quiero felicitarte, señor presidente, por tu excelente gestión al frente de la ANR. Nosotros venimos a presentarte esta gran unidad, necesitamos las herramientas del partido para llegar”, resaltó Gómez.
Finalmente, el presidente del Partido Colorado, Cartes, agradeció a la dirigencia de Villa Elisa por llegar hasta la ANR. “Lo mínimo que me queda es ponerme a disposición de ustedes, sueño con una Villa Elisa con una intendenta colorada”, concluyó Cartes.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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