El ingeniero Fabián Cáceres, exasesor técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), aconseja al Gobierno paraguayo la instalación de una comisión de emergencia que impulse acciones y estrategias para evitar una crisis de desabastecimiento eléctrico en la próxima década.

“Yo creo que el problema ya está muy bien identificado, creo que hay muchos planes dispersos en las distintas unidades del Gobierno sobre el problema que se nos puede plantear, habida cuenta de que nuestra demanda está creciendo en forma constante, elevada hasta desenfrenada, y que la reserva de energía se va cortando”, comentó el experto, este lunes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cáceres mencionó que la comisión de emergencia debe estar integrada principalmente por los mejores técnicos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Ande.

“Yo creo que en la práctica se impone la conformación de un equipo que pueda diagramar, establecer roles y acciones concretas, que se vayan realizando o caso contrario nos encontraremos con ese problema a la vuelta de la esquina. Lo peor es que es sabido, conocido y si no se hace nada, esto puede ser un problema con consecuencias, perjuicios muy grave para nuestro país”, indicó.

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El ingeniero señaló también que “creo que sencillamente hay que convocarle a todos esos profesionales y debe haber un liderazgo muy fuerte por parte del gobierno porque dichas entidades están trabajando de forma dispersa, cada uno sabe el problema, en algunos casos existen buenas planificaciones, pero se tropieza principalmente por la falta de recursos”.

Cáceres indicó que el desabastecimiento eléctrico podría desatarse a partir del 2030. “Puede ocurrir que en ciertos horarios no dispongamos de la suficiente energía que demande el sistema y yo creo que esto será gravísimo y aún más, porque hace años esto se veía venir. Este es un momento clave, único, una ventana de oportunidades porque si se hacen bien las cosas se puede minimizar e incluso superar, pero si llegamos muy tarde, las soluciones pueden salir muy caras, onerosas y generar perjuicios enormes si no se agarra al toro por las astas”, puntualizó.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com

Los diputados Rodrigo Gamarra y Rocío Abed presentaron un proyecto de ley que busca promover la industria audiovisual paraguaya, atraer inversiones nacionales e internacionales vinculadas a la producción cinematográfica y audiovisual, fomentar la generación de empleo y posicionar al Paraguay como destino competitivo.

La iniciativa legislativa “de promoción de la industria audiovisual, atracción de inversiones cinematográficas y fortalecimiento del contenido audiovisual paraguayo” declara de interés nacional estratégico a la industria audiovisual y cinematográfica, atendiendo su impacto económico, cultural, tecnológico, turístico y de promoción internacional del país.

En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario Rodrigo Gamarra explicó que esta propuesta busca fomentar la inversión en la producción cinematográfica en el Paraguay, especialmente incentivar a plataformas de streaming como Netflix, Disney, Amazon, HBO y otras grandes compañías de producción de audiovisual a que vean a Paraguay como un destino interesante para inversiones.

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Explicó que, si bien ya existe la ley n.° 6.106/2018 de Fomento al Audiovisual Paraguayo, con esta propuesta se busca que el países sea mucho más competitivo otorgándole las herramientas necesarias para que grandes productoras internacionales puedan venir a realizar sus producciones cinematográficas o de series televisivas.

“Estas grandes industrias cinematográficas hoy eligen aquellos países que les ofrecen incentivos económicos, trámites rápidos, seguridad jurídica. Pero, además, nuestro país tiene mucho más que ofrecer con paisajes espectaculares, tenemos nuestros idiomas, tenemos costos competitivos, mano de obra. Contamos con estabilidad macroeconómica que es reconocida por el mundo. Pero tal vez aún nos faltan algunas herramientas que son estándares en materia de la industria del cine”, comentó Gamarra.

El diputado indicó que el proyecto plantea la creación del Régimen Nacional de Incentivos Audiovisuales del Paraguay (RENIAP), que permitirá a producciones nacionales e internacionales acceder a un sistema de devolución parcial de gastos realizados en el país, denominado “Cash Rebate Audiovisual”.

Señaló que estuvo realizando un estudio de legislación comparada y encontró que si una productora cinematográfica invierte unos 10 millones de dólares, usando locaciones de la filmación en el territorio paraguayo, el Estado podría devolver un porcentaje de esa inversión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones establecidas, como ser contratar mano de obra paraguaya, filmar en el interior del país, promocionar la cultura, el idioma, sus tradiciones.

“No se trata de un regalo, sino de una inversión, que lo que se busca justamente es atraer mayores inversiones, más dinero de lo que se puede llegar a devolver. Estas inversiones tiene a su vez un efecto derrame, porque no se trata solo de traer grandes equipos, sino que mueve toda la economía local, al contratar mano de obra local, actores, hoteles, consume en restaurantes, contrata transporte, vehículos, compra materiales, utiliza servicio de seguridad, construcciones, logística. Es decir, genera un número importante de trabajo para cientos y miles de personas”, destacó.

El legislador resaltó que se estima que entre un 60 a 70 % de toda la inversión termina beneficiando a diferentes sectores de la economía local. Indicó que este proyecto, que presentó junto con la diputada Rocío Abed, plantea crear una ventanilla única audiovisual.

“Hoy, una productora puede perder semanas, gestionando permisos en diferentes instituciones, sean éstos municipios, Hacienda, y todo estamento que corresponda. Entonces, lo que planteamos es que en un solo punto de contacto esa productora pueda contar con todos los permisos y todos los procesos de una sola vez”, explicó.

Resaltó que con esta propuesta se busca fortalecer al Instituto Nacional de Audiovisual con una “film commission especializada”, que será la encargada de promocionar al Paraguay en los principales mercados internacionales y con ello atraer las inversiones y acompañar a las distintas productoras en los diferentes procesos.

Gamarra comentó que apuntan a la formalización profesional con la contratación de mano de obra local, capacitación de técnicos, actores, camarógrafos, sonidista y todo trabajador que involucre la producción audiovisual. Señaló los trabajadores paraguayos podrán adquirir experiencias, que a su vez servirán el día de mañana para trabajar con otras inversiones. De esa forma se desarrollará el talento local y se fortalecerá la propia industria audiovisual nacional.

“No se trata de una ley pensada simplemente en el cine, sino que promueve el desarrollo económico a nivel local, y que el Paraguay no sea simplemente un consumidor de contenido extranjero, sino que pase a ser productor y exportar nuestras historias, nuestras costumbres. Historias como ‘7 cajas’ o ‘Los buscadores’, que fueron producciones nacionales impresionantes, y que historias similares puedan llegar a las plataformas sería espectacular”, concluyó Gamarra para La Nación.

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Se trata de un nuevo capítulo en la cooperación económica y comercial de la isla con sus aliados diplomáticos en América Latina y el Caribe.

Paraguay pasó a inte­grar oficialmente la Latin Ameri­can and Caribbean Trade Office (Lacto), la Oficina para el Comercio con Amé­rica Latina y el Caribe. Fue durante una ceremonia rea­lizada en el World Trade Cen­ter de Taipéi y presidida por el canciller de Taiwán, Lin Chía-lung.

El acto contó con la presen­cia de integrantes del cuerpo diplomático y sirvió para for­malizar la incorporación de los nuevos países miembros, entre ellos Paraguay. En la ocasión, fueron habilitadas las remodelaciones de los salones de Lacto, espacio des­tinado a promover las relacio­nes entre Taiwán y los países de América Latina y el Caribe.

En representación de la dele­gación paraguaya asistieron el embajador Darío Filártiga Ruiz Díaz y su esposa, la doctora Gisele Mousqués, quien coor­dinó la presentación de las vitri­nas y stands del país junto con Lacto; el ministro de la Secreta­ría Nacional del Turismo (Sena­tur), Jacinto Santa María, así como Daisy Varela, directora de prestación turística. Partici­paron autoridades militares de Taiwán, así como el agregado de Defensa, coronel Derlys Pica­guá, entre otros.

“Este organismo tiene como misión impulsar el inter­cambio comercial, indus­trial y cultural entre Tai­wán y los países socios y aliados de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación y las oportu­nidades de desarrollo con­junto”, destacaron desde la Embajada de Taiwán.

La oficina abrió oficial­mente sus puertas en Taipéi el pasado viernes a seis de los aliados diplomáticos del país asiático. Anteriormente conocida como la Oficina Comercial de Centroamé­rica (Cato), la organización prestaba servicios principal­mente a Belice y Guatemala. Ahora, con la nueva denomi­nación y la ampliación de sus operaciones también abar­can Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Según informó el medio Focus Taiwán, el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, mencionó que se trata de un nuevo capítulo en la cooperación económica y comercial de Taiwán con sus aliados diplomáticos en Amé­rica Latina y el Caribe.

Además, resaltó que la oficina ampliada aunará recursos de los seis países participan­tes para fortalecer sus lazos comerciales con Taiwán. A su vez, recordó que la Cato, fundada en 1997, promovió el comercio, la inversión y el turismo a través de exposi­ciones, misiones comerciales, encuentros empresariales y actividades promocionales.

El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.

La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.

En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.

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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.

No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.

El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.

En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.

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