Sigue la regulada de los empresarios del transporte público, dejando a la deriva a los usuarios, quienes deben hacer hasta lo imposible para llegar a sus lugares de trabajo. Algunos pasajeros esperan hasta dos horas o más para abordar una unidad.
En la ciudad de Fernando de la Mora, inmediaciones del viaducto de la ruta Mariscal Estigarribia, más conocida como Calle Última, una gran cantidad de pasajeros se encuentra esperando abordar una unidad para llegar al trabajo.
“Hace una hora estoy esperando, tengo que ir a Remanso. Uno pasó y no me alzó. Tengo que llegar al trabajo y ahora voy a tener problemas porque a las 8:00 tengo que estar”, lamentó este viernes una usuaria en una entrevista con el canal GEN.
Otro usuario, identificado como Arnaldo González, se despierta todos los días a las 3:30 para llegar a su trabajo en la zona del Mercado 4, donde acude desde la ciudad de Yaguarón, pero a causa de la regulada de los empresarios del transporte, hace semanas que no llega a tiempo.
“Hace dos horas estoy esperando la línea 26 para ir al trabajo y tenía que entrar temprano. A las 3:30 me levanto y vengo de Yaguarón para ir hacia el Mercado 4. La ventaja es que trabajo con mi hermano, pero no estoy pudiendo llegar temprano”, señaló el usuario.
La Cámara de Senadores aprobó el jueves el proyecto de ley que plantea cancelar los itinerarios de las empresas de transporte público que recurren a las “reguladas”, dejando a la deriva a los pasajeros. El documento pasó a Diputados para su consideración.
El Viceministerio de Transporte habilitó la inscripción de vehículos especiales o particulares para ofrecer el servicio y cubrir la regulada de los buses. Los interesados deben solicitar la habilitación en la institución estatal.
Podés leer: COVID-19: “El aumento del número de casos es alarmante”
Dejanos tu comentario
GPS y controles en las calles destapan irregularidades en 38 empresas de transporte
El monitoreo satelital y las inspecciones presenciales permitieron al Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), detectar múltiples incumplimientos en el servicio de transporte público, lo que derivó en sanciones para 38 empresas permisionarias durante el primer semestre del año.
Las medidas forman parte del plan de fortalecimiento del control del sistema de transporte impulsado por el Gobierno, que desde el pasado 18 de mayo aplica la Resolución N.º 120/2025 para verificar, mediante tecnología GPS, que las empresas mantengan la cantidad mínima de buses exigida en circulación, especialmente durante los horarios de mayor demanda.
Control digital
El sistema de geolocalización permitió comprobar la frecuencia de los recorridos y la disponibilidad real de las unidades. Gracias a esta herramienta fueron detectadas 92 infracciones, que derivaron en multas por un total de 1.660 jornales, equivalentes a G. 185.093.320. La mayor parte de las faltas estuvo relacionada con la insuficiente cantidad de colectivos operando en las franjas horarias pico y pospico, precisamente cuando los usuarios requieren mayor cobertura del servicio.
A este resultado se suman las fiscalizaciones desarrolladas entre enero y junio en distintos puntos del país. Durante estos operativos, los inspectores constataron nuevas irregularidades que motivaron 46 sanciones aplicadas a 18 empresas, acumulando multas por 643 jornales, equivalentes a G. 71.695.786.
Deficiencias detectadas
Las verificaciones en las unidades también revelaron diversas deficiencias que afectan la calidad y la seguridad del servicio. Entre ellas figuran el deterioro del ploteado identificatorio de los buses, fallas en el funcionamiento del aire acondicionado y otras condiciones de confort para los pasajeros.
Asimismo, se detectaron conductores utilizando teléfonos celulares mientras manejaban, vehículos con problemas en el sistema de iluminación, ausencia de la póliza obligatoria de seguro y unidades circulando con las puertas abiertas.
Desde el MOPC señalaron que estos controles continuarán de manera permanente como parte de la estrategia para elevar los estándares del transporte público.
Leé también: Mezcla obligatoria de biodiésel se mantendrá en 7 % hasta diciembre
Dejanos tu comentario
Guerra y petróleo: la volatilidad global amenaza los precios de la nafta y el diésel en Paraguay
Los conflictos internacionales ya no solo representan un desafío geopolítico, sino también un factor que puede incidir directamente en el precio de los combustibles que pagan los paraguayos.
Aunque nuestro país no produce petróleo y compra derivados en mercados externos, la cotización internacional del crudo y de sus productos refinados convierte a Paraguay en un receptor inmediato de la volatilidad global.
El consultor y especialista en el mercado petrolero Miguel Velázquez explicó que esta realidad responde a una transformación histórica que comenzó hace poco más de un siglo.
Antes de la Primera Guerra Mundial, sostuvo, el negocio del petróleo estaba principalmente en manos de empresarios, comerciantes e inversionistas privados.
Sin embargo, tras el conflicto bélico, el recurso pasó a convertirse en un asunto estratégico para los Estados.
Leé también: El BCP mantiene la tasa de referencia en 5,50 %
“Después de la Primera Guerra Mundial hubo un mayor ordenamiento de los países y el principal centro de interés pasó a ser Medio Oriente. Desde entonces, cualquier conflicto relacionado con el petróleo tiene repercusiones internacionales”, dijo a la 1000 AM.
Según Velázquez, el mercado actual reacciona casi de inmediato ante cualquier crisis geopolítica, ya sea en Medio Oriente, Europa del Este o Asia.
La razón es que las bolsas internacionales, donde se negocian las materias primas, funcionan como un termómetro de la incertidumbre. Cuando aumenta el riesgo, también lo hacen las cotizaciones del petróleo y de los combustibles refinados.
En el caso de Paraguay, los importadores toman como referencia esas cotizaciones internacionales, especialmente las del mercado de Nueva York (NYMEX), para negociar la compra de diésel y naftas con las refinerías proveedoras.
Al precio internacional del producto se le agregan otros componentes, como el denominado “premio”, que incluye el margen del proveedor, los costos logísticos, el transporte, los seguros y otros gastos asociados a la importación.
El especialista señaló que la volatilidad reciente refleja con claridad este mecanismo. Explicó que, tomando como referencia los precios observados desde fines de febrero, el valor internacional de algunos combustibles experimentó incrementos cercanos al 70 % en apenas dos semanas, un movimiento que inevitablemente termina trasladándose a toda la cadena de comercialización.
Te puede interesar: La Expo 2026 premia a Itaipú por stand que integra energía, innovación y cultura
Dejanos tu comentario
La Sedeco recuperó más de G. 1.000 millones para consumidores en el primer semestre
Durante el primer semestre del 2026, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recibió casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos, cifras que reflejan un importante incremento en la demanda de sus servicios. En el mismo periodo, la gestión conciliatoria permitió recuperar más de G. 1.000 millones a favor de consumidores afectados por distintos incumplimientos, de acuerdo con el reporte de la institución.
Según el informe institucional, las consultas crecieron un 136 % respecto al mismo periodo del 2025, impulsadas por el uso de canales digitales como WhatsApp, el chatbot, el formulario disponible en la página web y la atención telefónica. En tanto, los reclamos aumentaron un 57 %, ingresados exclusivamente a través del formulario digital.
La ministra de la Sedeco, Sara Irún, atribuyó este crecimiento a una mayor confianza de la ciudadanía en la institución. “El aumento de consultas y reclamos demuestra que cada vez más personas conocen sus derechos y confían en la Sedeco para buscar una solución. Nuestro desafío es responder con eficiencia, cercanía y resultados concretos para los consumidores”, expresó.
Recuperaciones y conciliaciones
La institución destacó que, mediante los procesos de conciliación, logró recuperar más de G. 1.000 millones para los consumidores, lo que representa un incremento del 39 % frente al primer semestre del año pasado. Los montos corresponden tanto a devoluciones por cobros indebidos como a reposición de bienes, reparaciones, cambios de productos y reembolsos.
Asimismo, la Sedeco señaló que más del 94 % de los casos concluyeron con acuerdos conciliatorios entre consumidores y proveedores. Para Irún, este resultado evidencia que el diálogo constituye una herramienta efectiva para resolver conflictos y contribuir a un mercado con mayor equilibrio entre las partes.
Servicios financieros concentran más reclamos
El sector de servicios financieros y seguros lideró el ranking de reclamos con el 19 % del total, seguido por telecomunicaciones (12 %), electrodomésticos y productos electrónicos (11 %), sector automotor (6 %) y transporte (5 %). En conjunto, estos cinco rubros concentran cerca del 54 % de las denuncias recibidas durante el semestre.
En servicios financieros predominaron las denuncias por gestiones de cobranza abusivas, hostigamiento y cobros indebidos. En telecomunicaciones se reportaron inconvenientes relacionados con cambios de tarifas, errores de facturación, promociones engañosas y dificultades para cancelar servicios. En tanto, en el rubro de productos electrónicos y electrodomésticos, los principales conflictos estuvieron vinculados a garantías, reparaciones y servicios de posventa.
Fiscalizaciones y educación al consumidor
Durante el primer semestre, la Sedeco realizó 226 fiscalizaciones en todo el país, principalmente en minimercados y supermercados, turismo, gastronomía, librerías, comercios de electrodomésticos y farmacias. Como resultado de estos controles, dispuso cinco cierres temporales preventivos de establecimientos que presentaban riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, medidas que posteriormente fueron levantadas tras verificarse el cumplimiento de las mejoras exigidas.
En paralelo, la institución fortaleció su programa de educación al consumidor mediante capacitaciones virtuales y presenciales sobre fraudes digitales, servicios financieros, derechos del consumidor, ciberseguridad, consumo sostenible y formalización de mipymes, entre otros temas.
Le puede interesar: La Expo premia a Itaipú por stand que integra energía, innovación y cultura
Dejanos tu comentario
Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
Lea también: Nicanor apuesta por la figura de Baruja para dupla de Alliana rumbo al 2028
La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.