El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.

En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.

“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.

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Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.

Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.

“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.

El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.

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“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.

Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.

Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.

Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.

“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.

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El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.

Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.

“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.

“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.

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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.

“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.

Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.

La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.

Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.

El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.

En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.

El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.

• Fuente: AFP

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Desde las dos cadenas mediáticas que fueron soportes publicitarios y cómplices por pecado de omisión de los graves hechos de corrup­ción perpetrados en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), hoy quieren crear un clima adverso, de visceral antagonismo a la gestión del presidente Santiago Peña. Y lo hacen desde sesgados puntos de vista que tra­tan de ungirlos a la categoría de relatos univer­salmente válidos. Incontrastables, demole­dores.

Es lo que afanosa e infructuosamente ambicionan. Pero, para ellos, el periodismo ya no es lo que era. Nos referimos al tiempo en que recuperaron la memoria de lo que esta profe­sión representa para la sociedad, la democra­cia y la construcción del pensamiento crítico. Habían recuperado la memoria –insistimos– por razones que nunca quedaron muy claras, porque, durante más de una década, fueron aliados y apologistas de la dictadura del gene­ral Alfredo Stroessner, recibiendo, a cambio, ingentes beneficios que les permitieron amon­tonar la fortuna que actualmente impúdica­mente ostentan.

Y en este conflicto de intereses bien demar­cados, la verdad es la primera víctima. Dentro de ese esquema, para que sus prédicas tengan algún éxito, algunos hechos son magnificados, en tanto que otros son intencionalmente ocul­tos, creando una imagen que carece de con­sistencia, pues las falsedades son tan obvias como torpes, y sus autores –obnubilados por sus deleznables propósitos– ni siquiera se pre­ocupan en armar un cuadro que pueda tener alguna credibilidad, disimulando con inteli­gencia y talento su distorsionada narrativa. Así que, cuando la verdad es la primera víctima en esta campaña inmoral que atenta con los prin­cipios mínimos del periodismo, la segunda es, indefectiblemente, la credibilidad.

No es una crisis ética que estamos enfocando por primera vez, pero lo volvemos a hacer, por­que la situación se torna, también, cada vez más reincidente, poniendo en práctica la vieja estrategia nazifascista del “miente, miente, que algo queda”. Partamos de la base de que nadie está exento de la crítica, pues la perfec­ción humana no existe. No estamos, conse­cuentemente, negando el derecho al cues­tionamiento que, de manera alguna, puede ser restringido o cortado abruptamente. Sin embargo, estamos muy lejos de que vivamos bajo un régimen autoritario, como pretenden proyectar estos medios y algunos desaforados militantes de la oposición política e, incluso, determinados referentes sociales. Basta con recordar que, ante el mínimo señalamiento de ciertos actos reprochables cometidos por auto­ridades de la dictadura depuesta en febrero de 1989, la represión era inmediata: periodis­tas presos o exiliados y medios suspendidos o clausurados.

Stroessner no tuvo contemplación ni siquiera con el diario del que fue su aliado por años, cuando su director decidió cambiar de línea editorial. Varias son las explicaciones de este giro brusco de posición. No obstante, lo con­creto es que se volvió crítico al sistema cuando este empezaba a agonizar. Pero el tiranosaurio, como diría Augusto Roa Bastos, todavía podía dar sus últimos coletazos, aunque, probable­mente, ya de la mano de su círculo más íntimo formado por el llamado “Cuatrinomio de Oro”, siendo uno de sus miembros justamente Mario Abdo Benítez, padre, progenitor del expresi­dente de la República y abonado personaje de estos conglomerados mediáticos. Este perma­nente recordatorio no tiene más intención de que conozcan las nuevas generaciones quiénes fueron sus actuales supuestos “paladines de la justicia y la honestidad”.

Está claro dónde pondrán sus fichas, todas ellas, en las elecciones municipales que se desarrollarán en Ciudad del Este, del inten­dente Miguel Prieto, destituido mediante sólidas pruebas fundadas en una amplia y profunda investigación de la Contraloría General de la República, corroborada, luego, por el interventor designado por el Poder Ejecutivo para verificar las denunciadas irregularidades. Los comicios internos ten­drán lugar el 5 de octubre de este año, y las generales el 9 de noviembre. Serán operado­res, estos medios, del candidato del defenes­trado jefe comunal, quien representará al movimiento político denominado Concien­cia Democrática Esteña Yo Creo. En tanto que la Asociación Nacional Republicana pro­pondrá oficialmente a un postulante de con­senso como el más fuerte. Decimos el más fuerte, porque, como se trata de un partido que ajusta su estatuto al Código Electoral, cualquiera que esté afiliado podrá inscri­bir su candidatura. Tratarán de instalar a toda costa que estamos ante la madre de todas las batallas, pretendiendo transportar los resultados de estas justas electorales al 2028, como presagio de lo que podría ocurrir entonces.

Esto lo harán, claro está, si triunfa el candidato de estos medios periodísti­cos. De lo contrario, habrá sido apenas una elección más. Una situación que solo puede darse en un modelo democrático, modelo al que estos medios –desesperada y paradóji­camente– tratan de desacreditar a cualquier precio, con tal de intentar desprestigiar al presidente Santiago Peña.