Durante la sesión plenaria, el secretario de la Sala Constitucional y designado como interventor coadyuvante del Departamento de Consolidación de Datos Estadísticos de la Dirección de Estadísticas Judiciales, Julio Pavón, presentó un informe parcial de resultados sobre las medidas adoptadas en la Sección de Estadística Civil, a través del “Informe de Gestión de la Dirección de Estadísticas Judiciales - Sección de Estadística Civil - Circunscripción Judicial de Capital”.

En el documento, se registra un avance aproximado del 70 % en los trabajos de implementación de las mejoras propuestas, en atención a las observaciones formuladas por la Dirección General de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, el interventor explicó que “vengo a presentar un informe parcial referente a la intervención solicitada por la Corte Suprema de Justicia desde el 11 de marzo, sobre los puntos que en su momento detectara la Dirección General de Auditoría Interna, en la que hemos adoptado diversas medidas durante estos dos primeros meses”.

Entre las acciones implementadas mencionó la incorporación de un nuevo formulario de autorización para la entrega y retiro de actuaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 del Código de Organización Judicial, que dispone que los secretarios deberán presentar personalmente las resoluciones ante esta unidad de estadística.

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Indicó que esta nueva proforma permite identificar correctamente a los funcionarios autorizados por los actuarios de los juzgados que remiten las resoluciones a la Sección de Estadística Civil y exige, además, el detalle concreto de las actuaciones remitidas, a fin de preservar la custodia de las actuaciones procesales durante esa etapa de traslado y brindar mayor seguridad en su recepción, procesamiento y devolución.

Informó sobre la puesta en marcha de un nuevo formulario de constancia provisoria de entrada de las actuaciones recibidas y de salida definitiva. Explicó que este instrumento permite contar con mayor precisión respecto a los detalles de la recepción y dejar asentadas las observaciones que pudieran detectarse al momento del procesamiento, con la consiguiente devolución.

Destacó que el proceso simplificado al que se encuentra sometida la sección intervenida comprende etapas bien definidas: recepción, verificación, registro y archivo. En ese sentido, una vez recibida la actuación, esta pasa a la etapa de verificación, que implica el control de sus formalidades externas, tales como número, sellos, firmas y fechas. Solo una vez superada dicha instancia sin observaciones se procede al registro y archivo definitivo.

Igualmente, informó sobre la liberación de la función relativa al registro inicial de las nuevas acciones planteadas en el sistema Judisoft. Al respecto, explicó que se dispuso la exoneración de la carga y registro inicial de las nuevas acciones promovidas ante los distintos juzgados de Paz en la plataforma Judisoft, trasladándose dicha responsabilidad a los actuarios encargados de las secretarías afectadas por la resolución mencionada.

Precisó que esta tarea incidía significativamente en el cumplimiento de las demás funciones asignadas a la Sección de Estadística Civil, sin una justificación actual suficiente, considerando que anualmente ingresaban aproximadamente 35.000 expedientes con ese único fin. Añadió que esta medida permitirá descongestionar el flujo de trabajo y concentrar mayores esfuerzos en las labores propias de la sección.

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Este martes, familiares de un paciente oncohematológico con diagnóstico de linfoma, solicitaron al Ministerio de Salud que se cumpla con el amparo para la compra de un costoso medicamento que requiere para su tratamiento. Desde hace dos meses, el juzgado penal de Garantías dictó sentencia definitiva para que este sea cumplido.

Se trata del señor Luis Carlos Ortiz Godoy, paciente que cuenta con diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células B grandes difuso, quien ya pasó por un trasplante autólogo de médula osea. Hace dos meses sufrió una recaída y fue un golpe muy duro para la familia, que necesita ayuda para costear el tratamiento.

La doctora Laura Morel, del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), ante la gravedad de su situación indicó un tratamiento urgente que requiere de Glofitamab, cuyo valor sería G. 85 millones por vial, pero necesita 36 viales de 2,5 mg para todo el tratamiento que suman unos G. 800 millones.

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La familia no tiene los recursos para comprar y solicitó un amparo para que el Ministerio de Salud pueda adquirir el fármaco, al tratarse de un paciente de un ente estatal. Actualmente don Luis está recibiendo quimioterapia paliativa, pero es urgente que acceda al tratamiento para evitar que la enfermedad avance.

“Mi papá está a la espera de un medicamento súper caro que no está a nuestro a alcance y por eso hicimos el pedido de amparo, con mucha esperanza papá pidió esperar solo 2 meses por el medicamento, pero ya pasó ese tiempo, desde Salud no nos hacen caso es por eso que les pido ayuda”, expresó Adela Ortiz, hija del paciente, en entrevista con La Nación/Nación Media.

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El 10 de marzo de este año, el juzgado penal de Garantías N° 9 de Asunción dictó la Sentencia Definitiva N° 15, en la causa Amparo Constitucional promovido por Luis Carlos Ortiz Godoy contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Ahora está con quimio paliativa porque estaba muy mal y se le ordenó este tratamiento mientras esperan la llegada del medicamento (Glofitamab), pero ya no puede esperar. Hasta la fecha la cartera sanitaria no ha dado cumplimiento a dicha orden judicial por eso estamos pidiendo ayuda para llegar a las autoridades”, apuntó.

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Del total de consultas realizadas 4.904 correspondieron al área de urgencias, mientras que 3.217 fueron atenciones en consultorios externos y especialidades.

El Ministerio de Salud confirmó que el Hos­pital de Trauma rea­lizó más de 8.000 consultas y cerca de 700 intervencio­nes quirúrgicas en el mes de abril, de los cuales unas 5.000 fueron de urgencias. El área de diagnóstico realizó 20.810 estudios para la evaluación y tratamiento oportuno de los pacientes.

Según el reporte dado por la dirección del centro asisten­cial del 1 al 30 de abril de este año, un total de 8.121 consul­tas, especialmente por lesio­nes traumáticas y patologías relacionadas.

“Del total de consultas reali­zadas 4.904 correspondieron al área de urgencias, mien­tras que 3.217 fueron atencio­nes en consultorios externos y especialidades, lo que evi­dencia el permanente trabajo entre los servicios de atención inmediata y la atención pro­gramada”, expresaron.

Además, el hospital realizó 689 procedimientos qui­rúrgicos de las cuales ciru­gía traumatología y ortope­dia un total de 443. Además, neurocirugía fueron realiza­das en 54 personas, cirugía de trauma con 27 casos en abril y cirugía general pediátrica para 11 pacientes.

Así también, se realiza­ron cirugía plástica en seis pacientes, endoscopia para 15 personas, cirugía maxi­lofacial fueron intervenidos un total de 26, para cirugía vascular fueron siete pacien­tes, cirugía general adulto un total de 56, cirugía de mano fueron para 43 casos y ven­tana pericárdica para un paciente.

En cuanto al servicio de diag­nóstico se realizaron 20.810 estudios para la evaluación y tratamiento oportuno de los pacientes. Los principa­les estudios fueron: 3.556 tomografías, 476 resonan­cias magnéticas, 2.950 eco­grafías, 423 electrocardiogra­mas, 314 ecocardiogramas, 54 electroencefalogramas y radiología 13.037.

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, contó a La Nación/Nación Media que se encuentran en proceso de definición del mecanismo financiero que permitirá completar el pago de deudas pendientes del sistema de salud, estimadas en alrededor de USD 80 millones, a través de un esquema de factoraje.

Esto se da luego de que el Ministerio de Salud confirmara que a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se concretó el desembolso de USD 100 millones a proveedores, como parte del proceso de regularización de compromisos acumulados. La deuda total con las farmacéuticas es de USD 180 millones.

Sin embargo, aún queda un tramo pendiente de financiamiento que será canalizado mediante un mecanismo de descuento de facturas en el sistema bancario, lo que en la práctica se conoce como factoraje.

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En ese sentido, García explicó que el proceso se encuentra en etapa de ajuste técnico y contractual con las entidades financieras. “Estamos viendo lo que queda pendiente para preparar los documentos y hacer los descuentos en los bancos, a través del factoraje. Se está por definir el modelo de contrato para que acepten los bancos”, señaló.

El titular de Cifarma indicó además que uno de los puntos centrales de la negociación es el costo financiero de la operación, buscando que el esquema no implique cargas adicionales para los proveedores.

El mecanismo de factoraje permitiría a los proveedores del sistema de salud acceder de forma anticipada a los recursos pendientes de pago mediante la cesión de sus facturas a entidades bancarias, que luego cobrarían al Estado en los plazos establecidos.

Este instrumento financiero es utilizado habitualmente para mejorar la liquidez de las empresas, especialmente en sectores con alta dependencia de contratos públicos, como el sanitario. En este caso, el esquema se plantea como una herramienta para cerrar la brecha restante de obligaciones del Estado con los proveedores, tras el desembolso ya realizado por el MEF.

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