Los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, y el de Salud, Ricardo Isaías Fretes, conversaron con medios y dieron a conocer las directivas recibidas por parte del presidente de la República, Pedro Alliana. Tener un trato directo con la gente, el cuidado de los recursos y la provisión de medicamentos, fueron algunos puntos mencionados por los secretarios de Estado.

El primer en hablar fue el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quien afirmó que “la indicación clara del presidente es que todos los ministros estemos en territorio, en contacto directo con la gente”. Amplió señalando que la principal directa es “cero tolerancia a la corrupción, austeridad en el manejo de los recursos públicos del Estado paraguayo”.

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Por otro lado, aseguró que conversó con los principales gremios de la construcción, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), a quienes les manifestó que “las obras públicas no van a parar”. En ese sentido, agregó que mantendrán reuniones quincenales para conocer el avance de los diferentes proyectos en marcha.

Por su parte, el ministro de Salud expresó que el presidente Alliana le manifestó que “no falten los medicamentos en los hospitales”; en ese sentido explicó que se está trabajando con los proveedores “para que el ciudadano pueda tener el medicamento que necesita”.

Se mostró entusiasmado además al ser apoyado en sus viajes a centros asistenciales y anunció que el viernes estará por la zona de Pilar para evaluar la situación de las zonas afectadas por las inundaciones.

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Dos hombres perdieron la vida de manera trágica en un accidente de tránsito ocurrido el fin de semana en la zona de Paso Itã, en el kilómetro 53 de la ruta D030, que conecta las ciudades de Horqueta y Tacuatí.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Reinaldo González Dávalos (65) y Miguel de los Santos Coronel Prieto (30), ambos domiciliados en la compañía Peguajho Loma, distrito de Horqueta.

El informe de la Subcomisaría 13.ª de Capitán Sosa señala que los hombres se desplazaban a bordo de un motocarro de la marca Kenton sin chapa, con dirección a Horqueta. Transportaban dos cerdos y por motivos que se investigan, el conductor perdió el control, volcó y cayó al cauce de un arroyo.

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Los ocupantes quedaron atrapados debajo del rodado. La médica forense Fanny Melgarejo diagnosticó como causa de muerte asfixia mecánica por inmersión.

“Tuvimos conocimiento del hecho mediante una llamada telefónica a la oficina de guardia y de inmediato nos constituimos donde se produjo el hecho. Visualizamos un motocarro volcado al costado de la capa asfáltica. También se pudo ver los cuerpos sin signos de vida”, informó el interviniente en declaraciones a Canal 11 Damoa.

Por disposición del Ministerio Público, los cuerpos y el vehículo fueron retirados del lugar con ayuda de una grúa. Posteriormente, los restos fueron entregados a un familiar de las víctimas.

“Según familiares, ellos fueron a comprar chanchos a la localidad de Kurusu de Hierro para la comercialización y en el trayecto tuvieron el percance. No se sabe el motivo porque es un lugar despoblado”, comentó el agente policial.

Posteriormente, intervinieron agentes de Criminalística y del Ministerio Público.

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El sistema de información digitalizada del Ministerio de Salud suma 15,2 millones en lo que va del año.

Desde el Ministerio de Salud brindaron ayer miércoles importan­tes detalles sobre las cifras del Sistema de Información en Salud (HIS), cuya plata­forma ya registra más de 64,6 millones de atenciones médi­cas desde su puesta en funcio­namiento en 2017.

Solo entre enero y octubre de este año se contabiliza­ron más de 15,2 millones de consultas y otros servicios asistenciales, mientras que el último mes cerró con más de 1,6 millones de registros.

El informe también refleja la expansión de esta herra­mienta digital en el territo­rio nacional. Durante octubre se sumaron nueve estableci­mientos sanitarios, con lo que la red alcanzó un total de 1.382 servicios conectados para el registro de atenciones ambu­latorias. En cuanto al movi­miento asistencial, octubre cerró con 1.638.934 atencio­nes, superando las 1.620.541 registradas durante septiem­bre. Con estos resultados, el acumulado de los primeros diez meses de 2026 llegó a 15.225.624 prestaciones.

Desde que comenzó a imple­mentarse en 2017, el HIS contabiliza exactamente 64.656.061 atenciones, una cifra que dimensiona el volu­men de información sanita­ria que actualmente se genera mediante esta plataforma.

Las nuevas conexiones corresponden a servicios de cinco regiones sanita­rias: capital, Central, Para­guarí, Cordillera y Pre­sidente Hayes. Entre los establecimientos incorpora­dos figuran: las USF Barrio Republicano II y San Isidro, los puestos de salud Sagrado Corazón de Jesús, Perpetuo Socorro y Escobar, la Clí­nica Móvil del área ambula­toria, la USP Granja Itá Porã, de Emboscada, el Complejo Mujeres Privadas de Liber­tad y la USF Memón.

El Ministerio de Salud informó ayer que el servicio de Urgen­cias Pediátricas del Hospital General de Itapúa brindó asis­tencia a más de 26.000 niños y adolescente que llegaron a la urgencia desde su inaugu­ración, en el 2025. En lo que va de este año superaron las 18.000 atenciones.

Según el reporte dado por la cartera sanitaria, el servi­cio de Urgencias Pediátricas del centro asistencial regis­tró 18.064 consultas entre enero y octubre de este año y sumadas a las 8.392 atencio­nes realizadas durante 2025, alcanzando un total de 26.456 consultas en ambos períodos.

Resaltaron que las atencio­nes fueron para niños y ado­lescentes de 0 a 15 años, áreas diferenciadas desde cuadros respiratorios, gastroenteritis y afecciones dermatológica.

El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.