Policías intervinieron tras recibir una denuncia por aglomeración de personas que se encontraban en una fiesta clandestina realizada en una residencia en la ciudad de Ñemby, este viernes en horas de la noche. Decenas de personas se retiraron por la puerta trasera de la casa y a las corridas al darse cuenta de la presencia policial.
Agentes de la zona encontraron a al menos 30 personas entre jóvenes y adultos, todos aglomerados, sin utilizar tapabocas, consumiendo bebidas alcohólicas e incumpliendo el decreto presidencial Nº 4525, que establece medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19.
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En tanto, la propietaria de la casa negó las acusaciones y manifestó que se trataba de “un encuentro familiar por un cumpleaños”. Sin embargo, existe una invitación que circuló en grupos de Whatsapp que demuestra el pago de entrada para ingresar a la residencia. Además, se constató una gran cantidad de botellas en el interior de la casa por parte de un equipo periodístico de C9N.
El decreto presidencial Nº 4525 prohíbe las aglomeraciones, bailes en eventos sociales, la venta de bebidas alcohólicas desde las 22:00, la circulación desde las 23:59 hasta las 5:00 y establece el uso obligatorio de tapabocas, teniendo en cuenta el aumento sostenido de casos.
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Los policías se limitaron a persuadir a los presentes a que se retiren del lugar y cumplir con las medidas sanitarias para evitar mayores contagios por coronavirus. Los encuentros en residencias particulares podrán realizarse con un máximo de 12 personas, incluyendo el núcleo que reside en la casa.
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Intervención documenta graves perjuicios a la comuna del Este
Miguel Prieto y la prensa aliada intentan instalar que la intervención se disfrazó de persecución y la filtración de audios lo corrobora. Sin embargo, los audios no comprometen el trabajo de Ramón Ramírez y el intendente no aclara las 12 causales corroboradas.
Un informe conclusivo de 212 páginas remitido días atrás al Congreso confirma de manera documentada cada uno de las causales de la intervención que había solicitado la Contraloría General de la República (CGR), ante los serios indicios de perjuicio patrimonial en la administración del opositor Miguel Prieto (Yo Creo).
Los documentos verificados y cruzados entre varias fuentes públicas revelan irregularidades cometidas con el dinero de los contribuyentes esteños como por fondos transferidos por parte del Estado, en este caso royaltíes y Fonacide.
De entrada, el documento evidencia que del análisis del patrimonio neto de la Municipalidad de Ciudad del Este entre 2019 y 2022 revela un patrón de inestabilidad, falta de fiabilidad y graves deficiencias en el control interno. Este periodo inició con una caída importante del patrimonio neto en 2020, como consecuencia de la cancelación de activos y el castigo de saldos de pagos realizados por más de G. 40 mil millones, resultante de una deficiencia en la contabilidad de años anteriores.
Un verdadero festín en el entorno de la intervenida administración de Prieto con el desvío de fondos mediante transferencias a oenegés (comisiones vecinales) señalan –paso a paso–, como por ejemplo en 2020 se repartieron más de G. 3.000 millones, sin rastros visibles de que la inversión haya favorecido a los vecinos. Burlaron normativas de Contrataciones Públicas usando a los vecinos que ni siquiera administraron los millonarios fondos que fueron al bolsillo de los amigos del exintendente antes de que se adjudicaran los contratos.
Un esquema en el que utilizaron kioskos, tiendas de frazadas, etc., de operadores, amigos y familiares de la expareja de Prieto vulneró controles y requisitos indispensables para el buen uso del dinero público.
El primer caso sonado fue el de Tía Chela, una despensita que se adjudicó G. 2.949 millones para proveer miles de kilos de mercaderías que no tenía stock y el Ministerio Público confirmó un perjuicio que orilla los G. 1.800 millones. Este sistema se aplicó de manera reiterada, según confirmó el interventor Ramón Ramírez.
La administración Prieto normalizó maniobras en la adjudicación de contratos “que se extienden desde los aspectos atinentes a la planificación del llamado, la evaluación, la adjudicación e incluso a la ejecución contractual, en particular a la recepción de bienes. En consecuencia, la intervención ha comprobado la causal determinada por la Contraloría General de la República en el requerimiento de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este”, refiere el documento.
Además del desvío de fondos al bolsillo del entorno del intendente aparecieron cobros de impuestos inmobiliarios que no llegaron a las arcas de la Municipalidad y comprometen la gestión de Meribeb Alfonzo Vallejo, prima de Prieto a quien este ubicó en la institución por su “honestidad y confianza”.
CONSEJO DE SALUD
“Se constató que la Municipalidad de Ciudad del Este transfirió un total de G. 10.515 millones destinados a inversión física, mantenimiento, reparaciones, adquisición de
medicamentos e insumos en el Hospital Regional de Ciudad del Este. De dicho monto, G. 5.984 millones se encuentran únicamente respaldados por facturas en concepto de pagos por obras y refacciones que fueron contratadas y ejecutadas en contravención a lo establecido en la Ley N.º 2051/2003 y la Ley N.º 1533/2000”. Lo más delicado de este tema es que el equipo interventor identificó irregularidades que guardan relación con la inexistencia de documentos que respalden la ejecución y recepción final de las obras a cargo del Consejo de Salud que había sido administrado por el ahora diputado Walter García, del equipo de Miguel Prieto.
Además, otra hecho anómalo es el voraz consumo de combustibles, que se procedía a hacerlo con facturas que consignan suministros de hasta 87 litros para un recorrido de 50 km, suministros a otras instituciones y empleados que no son de la Municipalidad sin convenios que justifiquen estos bonos, entre otros.
Puentes a precios de oro adjudicados por urgencia, pero solo a los efectos de derogación, ya que se encuentran con meses de atraso en la entrega, la repartija discrecional de subsidios destinados a la población más vulnerable a funcionarios de la Municipalidad con millonarios sueldos, y un rosario de irregularidades confirmadas por los auditores dejaron fuera del cargo a Miguel Prieto, el intendente más cuestionado por casos de corrupción del país.
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Convocan a sesión extraordinaria en Diputados para analizar intervención en Ciudad del Este
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que, tras la emisión de los dictámenes por parte de la Comisión Especial, que estudió los documentos remitidos por el interventor Ramón Ramírez, además de la solicitud presentada por varios legisladores, se resolvió convocar a una sesión extraordinaria para este martes 19.
De esta forma, la sesión será a las 10:00 y tendrá como punto central “el análisis del mensaje del Poder Ejecutivo, a través del cual se remite el informe final sobre la intervención realizada en la Municipalidad de Ciudad del Este. La convocatoria se da en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional y la legislación vigente”, escribió Latorre en X, donde dio a conocer sobre la convocatoria.
Cabe mencionar que la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este emitió dos dictámenes, en uno de ellos y por mayoría de sus miembros recomendaron la destitución del actual intendente suspendido, Miguel Prieto. Está en manos del pleno de la Cámara de Diputados definir el futuro de la comuna esteña.
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La intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este fue realizada tras una denuncia realizada por la Contraloría General de la República, que señaló indicios de irregularidades cometidas por Prieto, entre ellas, adjudicaciones y transferencias sospechosas y un posible perjuicio a las arcas del municipio.
El interventor Ramón Ramírez detectó en la Municipalidad de Ciudad del Este un desvío de más de G. 42.000 millones destinados a obras, así como rendiciones duplicadas, facturas clonadas y millonarios anticipos sin avances reales en proyectos, como la remodelación de plazas.
También halló irregularidades en el uso de combustibles, con cargas injustificadas, además de un manejo indebido de fondos rotatorios utilizados casi en su totalidad para gastos gastronómicos. Asimismo, cuestionó adjudicaciones por más de G. 30.000 millones realizadas días antes de la intervención.
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Interventor de CDE incluso habría sido amenazado de muerte
“Primero hay que mirar lo que hay detrás, es una jugada de mafiosos, violentaron una institución pública, una institución municipal, no les importó destrozar la intendencia, evidentemente eran gente comprometida con el oficialismo municipal”, así inició su conferencia de prensa el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, tras las denuncias de atropello, robo de equipos informáticos e incluso la instalación de micrófonos en la sede municipal.
Señaló que se suman varias situaciones en este proceso de intervención a la administración de Miguel Prieto, como el atropello, la instalación de micrófonos, incluso amenazas contra su persona.
“Este hecho ahora, el amedrentamiento con el acta notarial, yo tengo amenazas, yo muchas cosas no publiqué tratando de blindar técnicamente y que la discusión no vaya por otro lado, yo recibí amenaza de muerte en mi teléfono, que puse a conocimiento de la Fiscalía”, contó Ramírez.
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Mientras tanto, aseguró que, a sabiendas de la delicadeza y las consecuencias del proceso de fiscalización, se realizó un trabajo detallado y técnico, lo que fue presentado en el informe final, al que calificó como irrefutable.
“El trabajo técnico tuvo presiones de ambos lados, pero garantizo que el resultado fue técnico, en eso, este interventor y este equipo, estamos muy seguros que el dictamen está a toda prueba. Esta situación tiene muchas connotaciones de índole política, en todo momento, siempre la intervención trató de blindarse de ese tema, las presiones venían de ambos lados, nosotros sabíamos y estábamos preparados”, mencionó.
Abandono de funcionarios
Por otra parte, se refirió a la situación de los funcionarios municipales que abandonaron sus funciones, en su gran mayoría son adherentes de Prieto e incluso fueron los protagonistas de la violenta movilización en la sede municipal al término de la intervención, el pasado 14 de agosto.
“Estamos viendo los temas legales porque todos los funcionarios abandonaron el cargo, no hay ningún funcionario en su puesto, eso es un delito porque ellos no declararon ninguna huelga, la mayoría está por presiones de quienes en unos días van a volver a la administración municipal, pero es una situación irregular, hasta ilegal”, apuntó.
Refirió que, en el caso de una huelga, el mecanismo es de comunicar al Ministerio de Trabajo, lo que tampoco se realizó. “Hoy la ciudadanía está sufriendo, los contribuyentes están sufriendo, los servicios no se están dando, ellos mismos no están pudiendo cobrar sus salarios porque el personal administrativo no está en su lugar de trabajo. No puedo declarar una huelga ilegal porque no existe ninguna huelga, aquí la figura es el abandono de cargo”, dijo el interventor.
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Prieto debe ser separado del cargo, señala senador
El senador Natalicio Chase fue consultado sobre su postura con relación a la situación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), y afirmó que, de acuerdo con los resultados de la intervención realizada a su administración, el mismo desde ser destituido. Aclaró que esa es una postura particular y no emite esta opinión en representación de sus demás colegas senadores de la bancada de Honor Colorado en el Senado.
“Mi opinión particular es que debe ser sustituido el intendente (de CDE), pero la Cámara de Diputados es la autoridad que juzga eso y vamos a esperar que ellos tomen la decisión. Lo que desprende el informe de Ciudad del Este, según mi criterio personal, que no tiene nada que ver con la decisión que va tomar la Cámara de Diputados, es que debe ser separado del cargo”, dijo en conversación con los medios en la Cámara Alta.
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Por otra parte, sostuvo que el movimiento Honor Colorado, como estructura política, no bajó ninguna línea hasta el momento a los diputados, en el sentido del voto de los mismos. Afirmó que los legisladores votarán de acuerdo a su criterio para la destitución o no del intendente Prieto.
“No creo que el movimiento (Honor Colorado) haya bajado una línea, es un proceso que se está llevando en otra Cámara. Nosotros no participamos ni siquiera de las reuniones de análisis, no podemos afirmar nada al respecto”, dijo el senador.
Este lunes, la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, ya emitió los dictámenes a favor de la destitución, en mayoría, y en contra, en minoría. Este dictamen ya habilita el tratamiento de la destitución, y probablemente ya sería tratado mañana y puesto a consideración al pleno de la Cámara de Diputados.
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