Acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral contra médicos residentes serían causales.

El Ministerio de Salud ordenó la interven­ción del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hos­tigamiento y violencia labo­ral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias”, manifestó ayer el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM. Añadió que desde el momento que apareció la pri­mera denuncia puntal de una médica residente, hace apro­ximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acu­sados, el jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes. “Las personas denunciadas fueron separa­das de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue pre­sentada ante la Secretaría Anti­corrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocu­rrido el año pasado en el servi­cio de cirugía. Según expresio­nes del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores. Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

Por otra parte, el Tribunal de Apelación Penal 3.ª Sala, inte­grado por los jueces Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, decidió confirmar la condena aplicada por el Tribunal de Sentencia a Carlos Granada.

Cabe recordar que el perio­dista y exgerente de prensa del SNT había sido senten­ciado a 10 años de cárcel tras ser hallado culpable de coac­ción, coacción sexual y acoso sexual, luego de múltiples denuncias formuladas en su contra. Los magistrados con­sideraron que la pena fue apli­cada correctamente, razón por la que –a su criterio– no existen elementos que pudie­ran motivar su anulación y dejarla sin validez.

El 6 de noviembre de 2019, un año y siete meses después de su primer arribo a nuestro país, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Sebastián Marset que se instalaba en el país y fortalecía su estructura, con la anuencia del gobierno anterior.

Los datos consigna­dos en los informes de inteligencia, incluso los testimonios de quienes estu­vieron a la cabeza de los orga­nismos antinarcóticos y de seguridad en el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejan evidencias de que Paraguay tenía todas las condiciones de caerle a la estructura narco que montó Sebastián Marset, a la que consiguió integrar varias otras organizaciones crimi­nales conformadas, preexis­tentes.

El informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sen­sitiva (SIU) que, luego sufrió varias filtraciones ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Marset, a partir de varios indicios prelimina­res al año y siete meses de que este arribara por primera vez a nuestro país.

El primer ingreso de Marset a Paraguay fue el 8 de abril de 2018, en noviembre de 2019, SIU ya tenía indicios de la con­ducta delictiva del uruguayo en el marco del caso que inicial­mente denominaron ARAI, pesquisa que detonó en el des­mantelamiento de la gigan­tesca estructura narco que conocemos como A Ultranza Py. Más de 100 allanamientos en simultáneo fueron liderados por la Fiscalía paraguaya, el 22 de febrero de 2022.

Pese a los datos ya manejados por los agentes especializa­dos que, incluso comprometía una cooperación internacional mediante la DEA, el gobierno de Abdo a través del Depar­tamento de Identificaciones expedía cédulas paraguayas a la familia de Marset en 2020 y en 2021 al mismo uruguayo. Cabe subrayar que Arnaldo Giuzzio era ministro del Inte­rior en ese tiempo y el mismo estaba en conocimiento de las pesquisas y los indicios mane­jados por SIU sobre el mencio­nado Marset.

Marset se iba afincando, en paralelo, las investigacio­nes iban avanzando, pese a la serie de filtraciones desde la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) con Zully Rolón a la cabeza de esta institu­ción. Giuzzio hizo lo suyo, con el desmantelamiento de los puestos de control en los puer­tos, mediante una resolución en mayo de 2020.

El 4 de mayo de 2021 se inicia otro operativo denominado Smart, en alusión al nombre de Sebastián Marset, trabajo desa­rrollado en instancias policiales de tres países (Paraguay, Brasil y Argentina). Aquí surge otra conexión reveladora para lo que fue la desidia del gobierno Abdo.

La Policía Nacional descubre la vinculación en el operativo Smart entre Marset y Lindo­mar Reges Furtado, este último con nexos vinculado a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, ambos considerados narcos de la pesada en el Brasil.

Lindomar poseía 68 causas abiertas en Brasil y junto con Marcus Vinicius eran dos sindi­cados narcos de mucho interés para el vecino país. En nuestro país ya con pedidos de informes e intercambio de datos, los bra­sileños eran perfectos fantas­mas en los reportes de Senad y hasta lograron escapar por “negligencia” en un operativo del ente antinarcótico, bajo la administración de Rolón.

El 9 de agosto de 2022, en una audiencia convocada por la Comisión Bicameral de Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero, Giuzzio había declarado que el Chaco era una ruta aérea cautiva del narcotráfico, con pistas de ate­rrizaje al servicio del ilícito e incluyó a Concepción y la zona Sur del país. Giuzzio incluso habló de lo sensible que son los puertos para la narco expor­tación. Sin embargo, él mismo había levantado los controles de esos sitios. Habló de la nece­sidad de mayor inversión y que se tenía intención de pedir la aprobación de una inversión de entre unos USD 150 millo­nes para compra de radares, reparaciones de aviones, pero ahí quedó.

“Dentro de ese paquete estaba la posibilidad de hacer una especie de “overhauling” a los Tucano actuales en una primera etapa, reformarlos a nuevos, son avio­nes Tucano de fabricación bra­sileña, tecnología conocida por nuestros pilotos, y que pueden ser rápidamente entregadas a nuestro país. Y en una segunda etapa ver ya la adquisición de Super Tucano”, había mencio­nado Giuzzio ante la bicameral dejando evidencia que, mien­tras se paseaban con sindica­dos narco, también posterga­ron inversiones que eran clave en el combate al crimen orga­nizado.

Los servicios de salud pública presenta un aumento en cantidad de pacientes en el inicio de 2026.

Desde el Ministerio de Salud resaltaron este sábado que en el mes de febrero se regis­traron 1.316.222 consultas en los establecimientos de salud pública, distribuidos en las 18 regiones sanitarias del país.

La cartera informó que del total de atenciones, 916.064 consultas se realizaron en hospitales, centros de salud, centros ambulatorios y pues­tos de salud, mientras que 400.158 consultas corres­pondieron a las Unidades de Salud de la Familia (USF), fortaleciendo la estrategia de atención primaria en todo el territorio nacional.

“La Región Sanitaria Central registró el mayor volumen de consultas, con 228.396 aten­ciones, seguida por Itapúa con 166.649 y Alto Paraná con 146.189 consultas, lo que refleja la alta demanda de ser­vicios en zonas de mayor den­sidad poblacional”, indicaron las autoridades.

Según las estadísticas, en enero de este año las atencio­nes fueron de 1.189.185, mien­tras que en febrero alcanza­ron 1.316.222 atenciones, totalizando en lo que va del año 2.505.407 atenciones en las 18 Regiones Sanitarias.

Analizando estos registros, opinaron que se evidencia un crecimiento sostenido de que la ciudadanía opta por recurrir a un sistema público de salud.

Los servicios de diagnós­tico por imágenes alcanza­ron en ese periodo un total de 104.881 estudios realiza­dos en los establecimientos de salud pública.

Las regiones con mayor can­tidad de estudios fueron Caaguazú con 23.977, Itapúa 18.572 y Central 9.387, evi­denciando el fortalecimiento de la capacidad resolutiva en el interior del país con los dos nuevos hospitales de Coronel Oviedo e Itapúa.

“En cuanto a las intervencio­nes quirúrgicas, se llevaron a cabo 7.176 cirugías en las 18 regiones sanitarias del país”, mencionaron.

Después de años de búsqueda finalmente cayó el uruguayo Sebastián Marset, jerarquizado como el tercer narcotra­ficante más importante del mundo. Paraguay es uno de los países en el que desarrolló su enorme logística para el ilícito que movió cifras de negocios multimillonarias, todo con la compla­cencia del gobierno corrupto de Mario Abdo Bení­tez que permitió al hoy preso en los Estados Unidos se moviera a sus anchas en todo el territorio, con todos los privilegios para pasar inadvertido.

Este despliegue durante el gobierno anterior se materializó a través de las instituciones de segu­ridad que prácticamente actuaron de cómplices y que facilitaron el movimiento del crimen orga­nizado, no solo manejado por Marset sino por varios otros capos.

La indisimulada liberación de los puestos de con­trol es un hecho que además de no tener prece­dentes colaboró con el florecimiento del negocio ilícito, una situación que debiera ser investigada para castigar a quienes contribuyeron con este auge.

No puede quedar como simple anécdota para la especulación aquel decreto con fecha 15 de agosto del año 2018 que firmó Abdo Benítez apenas reci­bió el mando presidencial.

El documento firmado por el exmandatario otorgó un poder discrecional a su elegido minis­tro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio de disponer lo que llamaron “reorganización” de la entidad antidrogas. Esto no significó otra cosa que el desmantelamiento de los puestos de control en sitios clave de entrada y salida de cargas, lo que permitió el incremento de la narcoexportación como nunca antes se había visto.

No hay que olvidar que Giuzzio, irónicamente fue ministro de seguridad de Abdo Benítez y fue des­tituido por “favores” recibidos, precisamente de uno de los sindicados como mayores narcotrafi­cantes en el Brasil: Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

Los tiempos apuntan a un esquema perfecta­mente sincronizado con los brazos caídos del gobierno de Abdo Benítez, por un lado; y, por el otro, una estructura delictiva que operaba a su antojo.

El 15 de agosto de 2018, decreto mediante le con­cede esa autoridad total a Giuzzio para disponer de la Senad. Con esta licencia, el exfiscal desman­tela los puestos de control en 2020.

Coincidentemente, al momento que Giuzzio libe­raba los puestos de control, principalmente por­tuarios, la estructura de Sebastián Marset ya había fortalecido una logística y una red opera­tiva formal de fachada y empezaba sus envíos de cocaína a Europa.

Dos años después de que el uruguayo se afincara en Paraguay, el gobierno de Abdo “descuidó” las fronteras.

Si recordamos las fechas subrayadas en las inves­tigaciones de la Fiscalía, institución que, por cierto, se lució con un minucioso trabajo, pode­mos notar que nada fue casualidad con relación a las operaciones de Marset en Paraguay.

El 8 de abril de 2018, Marset llega por primera vez a Paraguay. Diez días después, el 27 de abril de 2018, tras la victoria electoral de Abdo Benítez, Marset se instala en nuestro país y a partir de allí despliega la logística corporativa para mover el ilícito.

Aparecen empresas productoras de conciertos, de servicio y venta de vehículos y otras pertene­cientes a demás socios implicados en el esquema. En mayo de 2020, Giuzzio firma la resolución de retiro de agentes de investigación, canes, etc. de los puertos, quedando así arco libre para la nar­coexportación.

En agosto de 2020, el Departamento de Identi­ficaciones de la Policía de Abdo expidió cedulas paraguayas para Gianina García Troche (pareja de Marset), Diego Nicolás Marset (hermano), Mauro García Troche (cuñado) y dos de los hijos menores de edad de Sebastián Marset. Cabe recordar que el 2020 fue el inicio del próspero negocio del envío de drogas desde Paraguay y la Senad prácticamente era informante de los líde­res de la estructura, según puede entenderse de los análisis de inteligencia como la investigación fiscal. Se llega al punto de que la propia exminis­tra de la Senad Zully Rolón firmaba convenios contra el lavado de dinero con uno de los implica­dos en el esquema de Marset.

Todos estos hechos que ofenden la inteligencia son una muestra palpable de cómo guiñaron a los líderes del crimen organizado y merecen ser investigados para que el peso de la ley caiga sobra cada uno de los responsables.

La facilidad que tuvo la estructura Marset para moverse libremente tuvo sus cómplices en el gobierno anterior y deben ser identificados, es la única forma de avanzar en la verdadera lucha contra el negocio de las drogas.