“Tenemos que ser realistas, este sistema ya no funciona. Este proyecto de ley marcará un antes y un después”, comentó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, sobre el planteamiento de reforma del transporte público metropolitano impulsado por el gobierno de Santiago Peña.

Las afirmaciones del senador surgen ante las afirmaciones del titular del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Cetrapam), César Ruíz Díaz, quien calificó a la iniciativa como inviable.

“Yo digo esto con mucho respeto, seguro a él le gustaría que continúe el mismo sistema, consistente en que cada periodo se tire USD 50 millones anuales en subsidio al vacío”, indicó el senador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes del inicio de la sesión ordinaria.

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Asimismo, opinó sobre el reclamo realizado por Cetrapam respecto a un supuesto incumplimiento de pago de USD 3,9 millones por parte del Gobierno en concepto de subsidios por pasaje. Desde el sector privado de transportistas sostienen que ante esta situación sigue latente un posible paro de buses.

Sin embargo, la acusación fue desmentida ayer martes por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que el Gobierno está pagando el subsidio como se había acordado y que los empresarios firmaron por un pago por mes.

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“Esto lo digo como un legislador más y no como parte del Gobierno, el cháke de un sector de los transportistas ya no funciona, las tapas de los medios no nos harán retroceder para hacer los grandes cambios”, sentenció Núñez.

El tratamiento del proyecto de reforma del transporte público en código de la iniciativa comenzará el 27 de agosto y será expuesto ante el pleno del Senado el próximo 3 de setiembre. El estudio de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria.

Un video que denuncia los peligros a los que están expuestos los menores en las redes sociales conmocionó a Brasil y movilizó a políticos de todos los sectores en pleno debate sobre la regulación de las plataformas digitales. El video de 50 minutos, publicado el 6 de agosto en YouTube por el influenciador Felipe Bressanim, conocido como Felca, superó las 34 millones de visualizaciones.

En él documenta especialmente el caso de adolescentes que participaron en una especie de reality show difundido en redes, en el que aparecen semidesnudos en danzas sensuales. Algunos afirman haber tenido relaciones sexuales. El influenciador involucrado con ese programa, Hytalo Santos, es investigado por “exposición con connotación sexual” a adolescentes, informó el martes a la AFP la fiscalía del estado de Paraíba (noreste).

En su video, Felca también reporta que contenidos pedófilos son fácilmente accesibles a través de enlaces insertados en los comentarios de algunas publicaciones. El video “impactó y movilizó a millones de brasileños. Es un tema urgente que toca el corazón de nuestra sociedad”, escribió en X el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

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El dirigente se comprometió a incluir en la agenda legislativa a partir de “esta semana” la lucha contra la explotación de menores de edad en internet. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva enviará en “los próximos días” una propuesta de ley al Congreso sobre la regulación de plataformas digitales, dijo su jefe de gabinete, Rui Costa, durante una entrevista el martes en una radio local.

La estrella de las redes sociales y diputado Nikolas Ferreira, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, felicitó a Felca por “sacudir el avispero”. Aunque la protección de los menores genera consenso, la regulación de las redes sociales es un asunto polémico en Brasil. El gobierno de Lula la promete desde hace tiempo sin dar pasos concretos, mientras que el bolsonarismo, apoyado por Estados Unidos, la considera en muchos casos un instrumento de “censura”.

La corte suprema decidió en junio que las plataformas digitales deben retirar todo contenido ilegal sin esperar una orden judicial. Tras la publicación del video de Felca, una treintena de proyectos de ley o enmiendas a textos existentes fueron presentados por parlamentarios. Los diputados también deben analizar un texto aprobado por el Senado a finales de 2024. La propuesta obliga a las plataformas a bloquear el acceso de menores a ciertos contenidos y a prohibir toda publicación que “viole los derechos de los niños y adolescentes”.

Fuente: AFP.

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Tal como lo habían adelantado los medios del grupo Nación Media, el caso de las supuestas cuentas offshore del expresidente Mario Abdo Benítez tuvieron el desen­lace diseñado por la manio­bra artera de sus abogados. En menos de 15 días, una declaración del Gobierno de la nación insular –que no reviste carga legal ni consti­tuye un dictamen jurídico– daba cuenta que el exmanda­tario no era titular de cuentas bancarias.

“Según la información de que disponen actualmente las autoridades competentes de la República de Seychelles, no existe constancia ni indi­cio de que las personas nom­bradas, ni ninguna entidad identificada en los citados informes como asociada con ellas, posean fondos, cuen­tas bancarias o intereses corporativos, inmobiliarios o financieros de otro tipo en Seychelles”, indica el docu­mento exhibido ayer por el exmandatario.

Inmediatamente, luego se montó otro show: primero el propio Abdo Benítez en sus redes sociales, luego sus aliados en los medios ami­gos y siguiendo sus adláteres políticos en cuantas emisoras eran convocados. El empre­sario del asfalto se declaró inocente de un cargo que nadie le acusó ni le endilgó: se sabía que la estrategia era buscar una respuesta “oficial” (más bien un pro­nunciamiento político) de Seychelles para desligarse del embarazoso escándalo de cuentas offshore en un paraíso fiscal. El mecanismo era “solicitar” información que señale si la expareja pre­sidencial poseía una cuenta a su nombre. Lógicamente, la respuesta fue negativa. La publicación del perio­dista argentino Luis Gasulla nunca atribuyó que las cuen­tas estuvieran a nombre de Abdo y su esposa, sino que eran directos beneficiarios finales de las mismas. Pre­cisamente, el documento enviado por el Gobierno afri­cano, firmado por la secretaria principal de la Presiden­cia de Seychelles, Thereza Dogley, no hace alusión a lo que la filtración publicada por el periodista argentino seña­laba sobre los beneficiarios. En este sentido, la comunica­ción del Gobierno africano no hace ninguna referencia. Sí hace una alusión muy impor­tante que tiene que ver con la fuerza que tiene ese docu­mento.

Según el Gobierno de Seyche­lles “esta declaración” se basa en “la información disponible en el momento de su emisión y no constituye un dictamen legal, certificación o garan­tía”, lo cual abre un resqui­cio para que eventualmente si surge nueva data se pueda indagar sobre la misma. En otro apartado, señala que el documento “no debe inter­pretarse como una conclu­sión legal definitiva”.

El 20 de julio pasado, el portal de investigación argentino Perio­dismo y Punto, de Gasulla, divulgada en el vecino país y al mundo el escándalo sobre las supuestas cuentas offshore, vinculadas al expresidente y su esposa de manera indirecta. Él y su esposa serían beneficiarios finales de dos cuentas en las islas Seychelles: una abierta en 2022 por Star Capital Financial Services (cuando aún era presidente de la República) y otra en 2023 por Exchange Contracts International Finance. Los depósitos, que sumarían alrededor de USD 21 millones, provendrían de transferencias internacionales canalizadas a través de estas sociedades, no a título personal, desde empresas instaladas en zonas como Hong Kong y Dubái. El Ministerio Público paraguayo abrió una investi­gación innominada y ya realizó diligencias en este sentido, rela­cionado a un exhorto vía Seprelad.

Para el abogado Ricardo Preda es inusual que el Gobierno de Seychelles revelara datos sobre cuentas bancarias, pese al secreto reforzado que rige en el Al Salam Bank.

Para el abogado Ricardo Preda es llamativo que una información tan sensi­ble sobre datos bancarios pudiera haber sido revelado por entidades financieras de Seychelles al Gobierno de ese país. Máxime cuando el Al Salam Bank, que sería una de las entidades que abrió una cuenta que tiene a Mario Abdo Benítez como beneficia­rio final, posee secreto ban­cario reforzado, despierta aún más dudas. El secreto reforzado quiere decir que los datos de titulares y bene­ficiarios reales son confiden­ciales y no están disponibles en registros públicos.

“Ni siquiera en Paraguay sería admisible que incluso el presidente del Banco Central emita un certificado diciendo que Ricardo Preda tiene cuenta en el sistema finan­ciero paraguayo”, recalcó el abogado. Según explicó, en nuestro país difícilmente un órgano daría información pública sobre si una persona tiene o no tiene cuentas.

“En ningún caso una autori­dad financiera daría informa­ción ni positiva ni negativa de una persona (sobre cuentas), así como una certificación al público”, señaló Preda, quien agregó que sería siempre en el marco de algún proceso judicial.

Recordó que el pronuncia­miento del Gobierno de Sey­chelles no es en el marco de una respuesta a una coo­peración internacional en materia penal. Insistió que la declaración firmada por Thereza Dogley, del citado Gobierno africano, pudo ser “a pedido de alguien que pidió que se certifique. Acá parece que responde a un pedido de alguien que le hace una con­sulta. Habría que ver el con­tenido de esa consulta”, dijo. Sobre el trabajo investigativo de este caso, Preda aseguró que el trabajo del Ministerio Público debe enfocarse en “investigar las cuentas, las personas jurídicas, no sola­mente las que tienen las cuen­tas en Seychelles, sino las que a su vez hicieron supuesta­mente transferencias a esas cuentas que otras veces eran otras personas jurídi­cas”, señaló en relación a las empresas establecidas en Hong Kong y Dubái, desde donde se hicieron las millo­narias transferencias.

El exmandatario Mario Abdo Benítez develó este martes una estrategia que ya había sido anticipada que utilizaría, que consiste en desentenderse de ser el presunto propietario de cuentas bancarias en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África), cuando la investigación publicada por la prensa argentina nunca le atribuyó tal titularidad nominal, siendo más bien señalado como el aparente beneficiario final de un monto millonario, por valor de USD 21 millones, cuyo origen se desconoce.

Bajo investigación del Ministerio Público desde setiembre de 2024 por inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y las ganancias generadas por empresas de asfalto, Abdo busca ahora escudarse en un simple informe preliminar en inglés que compartió en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, firmada supuestamente por Thereza Dogley, quien sería secretaria principal de la Oficina del Presidente de la República de Seychelles.

“La mentira se acabó”, escribió el expresidente paraguayo. Por lo contrario, la filtración de una fuente confidencial a la que accedió el periodista argentino Luis Gasulla, que publicó con pruebas documentales en el portal PeriodismoyPunto el pasado 20 de julio, apunta a empresas creadas en Hong Kong y Dubái, remarcando que los organismos jurisdiccionales deben investigar sobre los apoderados y la “ruta del dinero”, que sindican a Abdo y su esposa como “únicos autorizados”, según las filtraciones. Gasulla nunca le atribuyó cuentas a su nombre, como el expresidente salió ahora a instalar como desmentido.

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“Según el documento al que pudo acceder PyP, existirían dos cuentas con un monto total que sobrepasarían los 20 millones de dólares. Con el número 3128614805, la primera cuenta está radicada en el banco MCB International y presenta un monto total de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre de 2022. Abdo Benítez todavía era presidente. La cuenta figura a nombre de la empresa Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”, refiere la investigación periodística lanzada desde Argentina.

“La segunda cuenta descubierta tiene el n.° 29478391, y fue abierta en septiembre de 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited. Justo un mes después del fin de su mandato como presidente. Según el informe confidencial, en junio del 2025 esta cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, también a nombres de Silvana López Moreira y Mario Abdo Benítez”, agrega el informe firmado por Gasulla, un periodista reconocido por otros trabajos en torno a la “Ruta del dinero K”, caso que desembocó en procesos del testaferro Lázaro Báez y la propia expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, un pasaje de la imagen lanzada por Abdo se reduce a una declaración general, sin mayores referencias conclusivas para la causa penal abierta: “Con base en la información actualmente disponible para las autoridades competentes de la República de Seychelles, no hay registro ni indicación de que las personas nombradas, ni ninguna entidad identificada en los informes de referencia como asociada con ellas, tengan fondos, mantengan cuentas bancarias o posean intereses corporativos, de propiedad u otros intereses financieros dentro de Seychelles”.

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El 24 de julio, la Fiscalía paraguaya abrió de oficio una causa penal acerca de estos supuestos fondos ocultos en Seychelles, ante un posible delito “a determinar”. Abdo Benítez también enfrenta un proceso judicial por presunta revelación de secretos de servicio y denuncia falsa, junto a siete exfuncionarios de su gobierno (2013-2018), articulando instituciones estatales para perseguir a adversarios electorales, de acuerdo a la denuncia.

El exmandatario prometió públicamente en un video publicado en marzo pasado que se sometería a la justicia, pero seguidamente se constató que solo fue una farsa, debido al constante blindaje de sus aliados de la oposición, que hasta la fecha se niegan a despojarlo de fueros legislativos, mientras que sus exfuncionarios continúan presentando chicanas al proceso judicial.