La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.

El director del Departamento de Planes y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Pedro Martínez afirmó que negarle la educación a los niños y adolescentes adictos no es la solución al problema.

Destacó que en el barrio San Francisco de Asunción se retomó el trabajo articulado con varias instituciones en el marco del plan Sumar.

“Hay mecanismos, hay protocolos que indican otras salidas, pero siempre dentro del plan del diálogo, se tienen que ir agotando las instancias. Quiero resaltar algo: el hecho de negarle la educación a los niños y adolescentes no significa que se va a terminar el problema”, señaló a la 1020 AM.

Dijo que tal vez se evite la presencia de estas personas en las instituciones, pero el impacto de la inseguridad asociada a la drogadicción es a nivel comunitario.

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“Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: mi hijo puede estar seguro en la institución educativa, pero al salir a la puerta de la institución se va a encontrar con esa realidad”, expresó.

El funcionario del MEC consideró importante aunar esfuerzos para un trabajo conjunto dentro de la comunidad.

“No es solamente una institución educativa. El resguardo es de cuatro horas, que van a estar de forma segura en un colegio, pero al salir, la inseguridad es a nivel de la comunidad”, significó.

Por ello remarcó que es vital que los padres no solamente se manifiesten para evitar que los consumidores de drogas vayan al colegio, sino cooperar en acciones concretas en la comunidad que contribuyan a revertir el flagelo.

“No es justificable desde el punto de vista primario, sino que se manifieste un poco a trabajar alrededor de la comunidad para cambiar esta situación”, enfatizó.

Según reportes, vecinos del barrio San Francisco denunciaron que hay discriminación a jóvenes adictos en instituciones públicas.

“San Francisco es uno de los pocos barrios de trabajo de aplicación del plan Sumar, el modelo educativo paraguayo. Ahí justamente se está trabajando en el mapeo y de hecho se está retomando el proyecto inicial de que todas las instituciones deben trabajar articuladamente”, refirió.

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El Ministerio de Salud con­firmó que existe un leve des­censo en las consultas por cuadros respiratorios en la última semana y se tuvo un total de 478 internaciones de las cuales el 92 % de los pacientes no cuenta con vacu­nas anuales. En lo que va del año, se han confirmado 193 fallecidos por virus respira­torios.

Según el reporte dado por Vigilancia de la Salud, en la última semana se registraron 478 internaciones por cuadro respiratorios y la mayoría de las hospitalizaciones están asociadas a:

“El 92 % de los pacientes hospitalizados no contaba con vacunación anual con­tra influenza para esta tem­porada”, expresaron en su informe. La franja etaria que reporta mayor internación son los mayores de 60 años que corresponden al 30 % y el grupo de 5 a 19 años con 18 %, seguido del grupo de menores de 2 años equivalente al 17 %.

Aclararon que en la última semana se notificaron 47.043 consultas por cuadros res­piratorios y que se observa una leve disminución en el número de consultas con rela­ción a la semana anterior; sin embargo, se posiciona como la mayor cantidad de consultas de los últimos tres años.

“El reporte semanal señala que en lo que va del año se han confirmado 193 falleci­dos por virus respiratorios, principalmente por influenza A H1N1, rhinovirus y SARS-CoV-2”, puntualizaron.

El Ministerio de Trabajo estableció ayer la suspensión temporal de los contratos laborales para las empresas proveedoras adjudicadas del programa Hambre Cero en las Escuelas, con el objetivo de evitar las desvinculacio­nes innecesarias de los tra­bajadores durante las vaca­ciones escolares de invierno, del 14 al 27 de julio, y prever la posterior continuación del plan de Gobierno.

“Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de alimentación escolar desde el primer día del retorno a clases y proteger el vínculo laboral de quienes lo hacen posible, el Ministerio del Trabajo dispuso una medida excepcional de suspensión temporal de contratos labo­rales para todas las empre­sas proveedoras adjudicadas en el marco del programa Hambre Cero”, refiere la resolución 670/2025.

La medida permite resguar­dar los derechos laborales durante el periodo de inac­tividad escolar y garanti­zar que los trabajadores del programa puedan reincor­porarse automáticamente a sus funciones, una vez fina­lizado el receso, sin inte­rrupciones ni demoras en la prestación del servicio de alimentación. “Además, durante el periodo de sus­pensión, dichos trabajado­res conservarán el acceso a los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS)”, pun­tualiza la resolución.

Asimismo, sostiene que la decisión busca otorgar segu­ridad jurídica a las empre­sas proveedoras y fortalecer el proceso de formalización laboral en este sector estra­tégico, evitando conflictos y promoviendo relaciones laborales estables.

Señala que la suspensión temporal de los contratos de trabajo estará vigente entre el lunes 14 y viernes 25 de julio, de acuerdo con el calen­dario escolar definido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).