Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Un proyecto de investigación presenta aprendizajes sobre cómo las comunidades educativas respondieron a la crisis sanitaria y qué estrategias pueden fortalecer la resiliencia del sistema educativo frente a futuros riesgos.

El estudio, denominado “Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la covid-19”, analizó el funcionamiento de estos comités en 25 instituciones educativas, con el objetivo de comprender cómo se tomaron decisiones y qué mecanismos permitieron sostener la continuidad educativa en un contexto de emergencia.

Entre los principales hallazgos se destaca el papel de la coordinación interinstitucional durante la pandemia. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) brindó acompañamiento a las instituciones a través de guías prácticas y capacitaciones orientadas a la gestión del riesgo en las escuelas.

En este proceso, los supervisores educativos cumplieron un rol fundamental como vínculo entre las autoridades educativas y las comunidades escolares.

Los resultados muestran que las decisiones tomadas durante la pandemia fueron mayoritariamente colectivas y participativas, lo que contribuyó a fortalecer la autonomía de las comunidades educativas. El proyecto propone recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el sistema educativo

El consejero de Instituto de Previsión Social (IPS), Víctor Insfrán, opinó que en el caso Braulio Vázquez puede hablarse incluso de negligencia médica y operativa. Anunció que el martes que viene analizarán en el Consejo la auditoría de la Superintendencia de Salud que será comparada con una auditoría interna de la previsional.

“Estoy enterado que llegó el informe a la institución y se va a alzar ahora a Gobernanza, que para nosotros significa recibir todos los consejeros para su tratamiento el día martes que tenemos sesión”, expresó en declaraciones a la 1080 AM.

Dijo, asimismo, que de confirmarse irregularidades, se ordenará un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

Si el Consejo tiene responsabilidad, los consejeros deberían renunciar, afirmó. “Me enteré de algunos puntos por la prensa, y nuestra posición es revisar puntualmente todos los informes y una vez que tengamos, tanto la auditoría interna y de la Superintendencia de Salud, nosotros vamos a tomar la decisión de disponer un sumario administrativo a fin de deslindar todas las responsabilidades”, acotó.

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Añadió que luego, el caso será derivado a la instancia correspondiente de acuerdo a los alcances de la medida. “Si el Consejo tiene responsabilidad, no tiene otro camino que renunciar. En caso de que un paciente tenga código verde significa que no hay ningún apuro, que puede esperar. Pero una persona infartada, definitivamente, no puede”, subrayó el directivo.

En esos casos, debe entrar inmediatamente a un código rojo de atención prioritaria, manifestó. “El personal médico o de enfermería de urgencia que le recibió a este paciente, determinado con código verde, teniendo un infarto, definitivamente hay un error profesional garrafal”, apuntó.

La Superintendencia de Salud investigó durante un mes las causas que rodearon a la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero en el Hospital Central del IPS. Los familiares denunciaron que gastaron casi G. 11 millones y que hubo retrasos en la cirugía para el cateterismo.

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Este viernes, en redes sociales se hizo viral la información de que una niña de 12 años se tuvo que orinar en el uniforme porque no tenía para pagar por el uso del baño en una escuela de Ñemby. La directora de la institución aclaró que la medida fue aprobada por los propios padres y que se implementó solo un día.

El hecho se registró esta semana en la escuela básica n.º 3222 “Cerrito” de la citada ciudad, luego de que la niña de 12 años quiso entrar al baño, pero no tenía G. 500 para pagar por el uso. La medida se implementó por la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) para recaudar fondos para la limpieza.

“Un día se implementó y fue una decisión tomada por los padres durante la reunión general en la que ellos propusieron ese proyecto, como todos apoyaron se aceptó eso y quedó labrado bajo acta. Se debía pagar G. 500 y era una sola vez por día, luego podría acceder las veces que quisieran”, detalló la directora Tomasa Brítez, en la u780 AM.

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Afirmó que la encargada de cobrar tenía la orden de que en caso de emergencia o urgencia debía dejar entrar a los estudiantes al baño y que nadie podía prohibirles esa necesidad. “Se les habló en clases se le aclaró que en el caso de que no tengan la monedita y tengan una urgencia igual podían entrar. Solo debían avisar a la profe”, aseguró.

Resaltó que el día que ocurrió el evento nadie dijo nada y se enteraron de la situación por la que pasó la niña a través de las redes sociales. “Los padres no se acercaron a hablar con la profe o a la Dirección, fueron directamente a la prensa”, puntualizó.

Aseguró que la propuesta de cobrar los 500 guaraníes era para que se pudiera comprar insumos de limpieza y lo que sobraba sería como ayuda para la persona que se encargaba de cobrar. “Eran solo G. 500 para compra de productos de aseo del baño y fue una decisión de los padres”, concluyó.

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