Un jurado de Nuevo México declaró el martes al gigante de las redes sociales Meta como responsable de poner en peligro a menores de edad al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, informó la compañía. El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, un monto muy inferior al que había solicitado el estado. El caso, juzgado en un tribunal de Santa Fe, es uno de los primeros relacionados con plataformas de redes sociales y la seguridad infantil que llega al veredicto de jurado. Meta dijo que recurrirá la decisión.

“Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y apelaremos”, declaró un portavoz de la empresa. “Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre lo complejo que es identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido dañino”, añadió. En el juicio se presentaron 40 testigos, incluidos empleados, así como cientos de documentos, informes y correos electrónicos.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda en 2023 contra Meta y contra su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, alegando que la compañía no protegió a los menores de los peligros en línea. “El veredicto del jurado es una victoria histórica para cada niño y cada familia que han pagado el precio por la decisión de Meta de anteponer las ganancias a la seguridad de los menores”, dijo Torrez.

“Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos perjudicaban a los niños, ignoraron las advertencias de sus propios empleados y le mintieron al público sobre lo que sabían”, añadió. En los alegatos finales, la abogada de la fiscalía Linda Singer dijo a los miembros del jurado que los algoritmos de Meta habían dirigido a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes, mientras la empresa ocultaba hallazgos internos sobre los riesgos para los jóvenes.

Está previsto que una segunda fase del proceso comience el 4 de mayo, cuando un juez escuchará el argumento del estado de que se debe ordenar a Meta pagar sanciones adicionales y realizar cambios específicos en sus plataformas y en las operaciones de la empresa.

Un jurado distinto en California deliberaba sobre si Meta y YouTube deben ser considerados responsables por daños causados a menores en sus plataformas, incluso por hacerlas adictivas. Se considera que ese caso es un referente que podría influir en el resultado de miles de demandas similares contra empresas de redes sociales en Estados Unidos.

Fuente: AFP.

La fiscalía de Colombia anunció la apertura de una investigación por acoso sexual en la popular cadena televisiva Caracol, un caso que hizo eco en otros medios y destapó un “Me Too” en el periodismo colombiano. Caracol anunció el mismo día la salida de dos periodistas y presentadores de su noticiero denunciados por presunto acoso sexual. Se trata del principal conductor de la edición nocturna del noticiero con más rating del país, Jorge Alfredo Vargas, y el subdirector y reconocido reportero de deportes, Ricardo Orrego.

Con el escándalo, decenas de mujeres que trabajaron en ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria. Más de cien mujeres periodistas señalaron en una carta al director del sistema de medios públicos, Hollman Morris, de intimidar a la activista por los derechos humanos Lina Castillo, que lo denunció en redes sociales por abuso sexual en 2019, cuando el político era concejal de Bogotá.

Morris, que conforma el círculo de confianza del presidente izquierdista Gustavo Petro, acusó a la mujer ante la justicia por supuesta injuria y calumnia, en un proceso que la fiscalía comenzó a investigar en 2023. El ente acusador informó que asignará a una nueva fiscal especializada en género para tratar este caso en el que Morris aparece como víctima.

Las denuncias generaron una ola de comentarios en las redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que se volvieron virales. Colombia tiene un poderoso movimiento feminista que ha conseguido logros como la despenalización del aborto por cualquier causal en 2022.

Decenas de periodistas colombianas han denunciado en los últimos días casos de abuso sexual por parte de compañeros y jefes de trabajo, un movimiento que se hizo viral en redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega. El viernes pasado, la famosa cadena Caracol anunció la activación de “protocolos legales” contra dos de sus periodistas y presentadores de su noticiero por presunto acoso sexual. Tras el anuncio, decenas de mujeres de ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria.

Una carta, firmada por más de 40 mujeres periodistas, también señala al director del canal público RTVC, Hollman Morris, por intimidar a una periodista que lo denunció por abuso sexual en 2019. Miles de mujeres se solidarizaron con las víctimas con mensajes de apoyo en redes sociales.

“Quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal”, denunció en X Juanita Gómez, periodista de la revista Semana que trabajó para Noticias Caracol, sobre una agresión de la que fue víctima en 2015.

Se ha creado un correo electrónico para recibir denuncias de forma confidencial y segura para las víctimas. “Estamos del lado de las víctimas (...) se tomaron las medidas de rigor”, dijo el domingo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a la emisora Blu Radio en medio del escándalo.

El grueso de las acusaciones también incluye omisión y encubrimiento a los agresores por parte de otros trabajadores. “Muchos conocen quiénes son. En el mismo canal, desde abajo hasta arriba, saben lo que esos y otros personajes han hecho a varias mujeres”, dijo en X Mónica Rodríguez, expresentadora de un programa de variedades emitido por Caracol.

El canal no ha hecho públicos los nombres de los denunciados, aunque circulan versiones en redes sociales. Colombia cuenta con un fuerte movimiento feminista por los derechos de las mujeres, que luchó y logró la despenalización del aborto en 2022.

Fuente: AFP.

Brasil implementó nuevas medidas que restringen el acceso a redes sociales a menores y amplían su protección para impedirles visualizar contenidos violentos o ilegales. La ley que entró en vigor fue aprobada el año pasado luego de un escándalo por presunta explotación sexual de menores en Instagram, en este país hiperconectado de 212 millones de habitantes.

Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos de las redes sociales, varios países, con Australia a la cabeza, ya han prohibido su acceso a los más jóvenes y otros intentan hacerlo. En Brasil, los adolescentes de hasta 16 años deberán a partir de ahora tener sus cuentas vinculadas a un responsable.

Además, las plataformas deberán exigir una verificación “confiable” de la edad para impedir que los menores de 18 años accedan a contenidos prohibidos o inadecuados, como sitios pornográficos o violentos. “Lo que hizo nuestra legislación fue prohibir la autodeclaración” como mecanismo de verificación de edad ya que “ese método no sirve”, dijo a la AFP Iage Miola, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), la autoridad estatal encargada de aplicar la nueva legislación. Aún no hay detalles sobre cómo funcionará ese mecanismo.

Ahora comienza un periodo de adaptación en el que la ANPD detallará los aspectos técnicos de la ley. Miola sostuvo reuniones con representantes de las empresas de tecnología para conocer sus propuestas. Los mecanismos que combinan la presentación de un documento de identidad con una verificación biométrica con una foto son, por ahora, los preferidos entre las compañías.

La ley aprobada obliga además a las plataformas a retirar los contenidos de aparente explotación y abuso sexual, y notificar a las autoridades brasileñas.

Las empresas que incumplan las nuevas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, prohibición.

Por ejemplo, la publicidad “direccionada” a niños y adolescentes queda prohibida en internet, al igual que las “cajas de recompensa”, objetos en videojuegos en los que el usuario paga por recibir un premio aleatorio.

Las plataformas también deberán limitar la reproducción automática, por ejemplo, de videos. “A diferencia de otros países, Brasil optó por una ley que no se limita a regular las redes sociales para los niños, sino todo el internet”, explicó a la AFP Renata Tomaz, profesora de la universidad Fundación Getulio Vargas.

La AFP entró en contacto con la Asociación Latinoamericana de Internet, que defiende los intereses de las principales empresas tecnológicas en la región. La organización se abstuvo de pronunciarse sobre la nueva ley.

Paola Valentina, una estudiante de 15 años en Brasilia, dijo a la AFP que se “pondría triste” si se le impidiera acceder a TikTok o Instagram, plataformas que usa “todo el día”. Pero cree que algún tipo de restricción es necesaria porque “hay muchos pedófilos” en las redes sociales y en juegos online como Roblox, aunque considera que las medidas deben aplicarse solo a niños menores que ella.

Fuente: AFP.

La gobernadora de departamento de Paraguarí, Norma Zárate, respondió a las acusaciones del diputado Héctor Figueredo sobre supuestas desvinculaciones de cocineras que hacen parte del programa Hambre Cero en las escuelas en este departamento, supuestamente, por cuestiones políticas. Zárate lamentó que se utilice el programa de alimentación escolar para realizar ataques políticos en el marco de las elecciones municipales de este año.

“Hoy es una realidad (Hambre Cero) gracias a la gran apuesta política del presidente Santiago Peña, gracias a su gran visión, su patriotismo y por una cuestión política lo están utilizando como un garrote político, haciendo acusaciones infundadas, de la naturaleza que está haciendo el diputado Figueredo”, expresó Zárate en “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cuestionó que las internas se estén levando fuera del respeto entre los sectores políticos. “Lamento muchísimo que este programa emblemático sea un mitin de guerra entre nosotros, que en estas internas, que deberíamos haberlas con todo el respeto y toda la altura, se esté llevado a ciertas divisiones y ataques infundados, a un programa que para mí es el más importante”, criticó.

La gobernadora detalló que en el departamento de Paraguarí Hambre Cero da más de 1.200 puestos de trabajo a amas de casa, madres de familia e instituciones y fustigó que en este momento se busque “ensuciarlo”. Así también, resaltó que en este departamento no se registraron denuncias o cuestionamientos sobre su implementación.

Leé también: Tribunal confirma validez de imputación contra titular del banco Atlas

Aclaró que tanto las contrataciones como las desvinculaciones están a cargo de las empresas adjudicadas para proveer el servicio. “La empresa es la responsable de hacer los contratos y los pagos correspondientes a todas las cocineras, nutricionistas, coordinadores de todo el Paraguay. Por ejemplo, ha sido adjudicada una empresa en el departamento de Paraguarí y estará proveyendo al programa hasta este año, el contrato anterior culminó en noviembre del año pasado y este año se hace un nuevo contrato, aclaró.

Zárate señaló que el año pasado se realizaron cambios por varios motivos, como por ejemplo, pedido de los propios directores de las instituciones, ya sea “por malos manejos de los alimentos, algunos no tenían paciencia con los chicos”. Los directores informaron, ellos son los verdaderos custodios, junto con los profesores. También la ACE, los padres de familia pedían cambio por a o b motivo.

“El 90 % de las cocineras continúan en sus puestos de trabajo porque no tuvieron ningún solo cuestionamiento, es más, fueron brillantes. Hay un control permanente de parte de la empresa y desde el gobierno departamental, hay un control bastante importante porque es un programa muy sensible. La gran mayoría de las cocineras continúa porque fue preparada por el SNPP”, sentenció.

Te puede interesar: Ovelar destaca mediación clave de Alliana para consensuar reforma de la Caja Fiscal