“Abogados entorpecen funcionamiento del Poder Judicial con chicanas”, afirmó Granada Salaberry
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Los principales vicios que hacen a un sistema judicial lento y sin sentencias es que los abogados se valen de cualquier artimaña como son las chicanas para entorpecer el Poder Judicial. A esto se suma la influencia política en el que hasta hace poco, dos familias, una de ellas los González Daher, que paralizaban el estudio procesal de unos 500 expedientes, así manifestó el abogado Osvaldo Granada Salaverry, en contacto con 1080 AM.
“Es increíble la caradurez que tenemos los abogados del foro porque nos quejamos de la mora judicial pero envilecemos de tal forma la práctica procesal que el tema de las recusaciones. Cuando tenés, por ejemplo, un juicio oral en Filadelfia, luego de toda la etapa investigativa y te recusan e inventan cualquier motivo. Además de las chicanas y las inconstitucionalidades, pero los abogados somos los que en un 75% entorpecemos con chicanas el funcionamiento del poder judicial”, afirmó el doctor Granada Salaverry, al ser consultado sobre las fallas judiciales.
Agregó que hay cuestiones que hay que cambiar y una de ellas es, por ejemplo, la amplia gama de recursos que los abogados pueden presentar con el fin de estirar los procesos y no tener nunca una sentencia, así como la forma en que se designan y se destituyen jueces y fiscales.
Calificó a los cuatro nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el ministro Alberto Martínez, como jinetes de absoluta y probada honestidad que ya están trabajando en el Poder Judicial y lo están poniendo cabeza para arribar con el fin de ordenar la casa.
“Los cuatro jinetes que nos entraron es una especie de bendición porque es un soplo de aire nuevo, son personas de absoluta y probada honestidad que entraron en la misma época de Alberto Martínez. Se tiene expectativas porque estos son transparentes, no son como muchos que estuvieron que sus hijos te ofrecían resoluciones bajo promesas remuneratorias en los pasillos del tribunal”, indicó en relación a la familia que manejaba el sistema de justicia en el país.
Afirmó que actualmente hay una Corte cambiada y que se está trabajando muchísimo para poner en orden los tribunales. “El problema del Poder Judicial mismo, no es problema del Poder Judicial. Primero la canilla de entrada y la canilla de salida siguen teniendo los políticos porque tienen el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, llegó un punto que hasta dos familias manejaban, hasta ahí nomás te digo, porque resulta que los que hablamos somos los únicos que podemos ser enjuiciados en este país”, señaló.
Agregó que anteriormente uno -un abogado o persona con problemas con la justicia- solo debía “transar” o negociar con cualquiera de esas dos familias para tener solucionados los problemas judiciales. Esto, atendiendo a que con una llamada telefónica tenían agobiados a jueces y fiscales a quienes manejaba con amenazas por insólitas denuncias.
“González Daher se sentaba sobre 500 expedientes y el resto decía: ‘Qué rico el pastelito, qué linda la mañana’, y nadie se daba cuenta que 500 expedientes estaban paralizados. Solo cuando salió Óscar González Daher, dijeron: ‘Tenemos que alivianar estos expedientes’. Te imaginas la gravedad y hasta qué punto manejaban los políticos”, lamentó el letrado.
Sostuvo que entre las cuestiones que deben cambiarse en el sistema judicial es sacar la influencia de los políticos, porque Alberto Martínez y sus cuatro ministros solos no podrán con ellos aunque estén trabajando para modificar las cuestiones que refieren al Poder Judicial.
Sacar la influencia de los políticos hasta donde sea posible va ser fundamental y no creo que Alberto Martínez y sus cuatro acompañantes pueda solucionar esto sí están trabajando porque pusieron el Poder Judicial de arriba para abajo
Juicio contra Miguel Prieto continuará el 7 de setiembre
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Tras un breve receso y algunos incidentes, esta tarde se retomó el juicio oral contra Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza, en el caso conocido como “Tía Chela”, asociado con la compra de kit de alimentos en pandemia por valor de casi G. 3.000 millones.
Ahora la Fiscalía tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez que el Ministerio Público conteste los incidentes, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa de los acusados, por lo que el juicio continuará el próximo lunes 7 de septiembre, desde las 08:00.
Inicio con un incidente
La apertura de la audiencia tuvo un primer incidente con uno de los abogados defensores, Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, quien pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación.
Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Específicamente la audiencia inició con la presentación de algunos incidentes probatorios por parte del fiscal Silvio Corbeta, con el testimonio del actual director de contrataciones públicas, Agustín Encina.
El juicio comienza más de un año después de la acusación formal presentada en junio de 2024, y define la responsabilidad penal de Prieto y los otros diez acusados por el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Una chicana tras otra: Wiens presentó cinco recursos en menos de 64 horas para frenar el caso Metrobús
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La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.
La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.
En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.
Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.
El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.
La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.
Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.
La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.
Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.
También buscan anular la acusación fiscal
Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.
El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.
Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.
Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.
Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.
La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.
La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.
La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.
La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.
En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.
Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.
El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.
En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.
La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.
El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.
La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.
Cinco escritos en poco más de 63 horas
Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.
Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.
Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.
La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.
Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.
Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.
Pedrozo: diputado apunta a la ineficiencia del Poder Judicial
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El diputado Hugo Meza indicó que el Poder Judicial también es gran responsable de la tragedia en la zona de Pedrozo, Ypacaraí; esto, tras el último accidente registrado el pasado fin de semana y que dejó seis víctimas fatales. Las declaraciones del legislador se refieren específicamente a la lenta actuación judicial en el litigio de los terrenos, que impidió el avance de las obras del cruce de desnivel en esa zona.
“La interpelación no es sinónimo de agravio para una autoridad, acá evidentemente hubo una ineficiencia, una demora, pero no solamente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en este caso de su ministra, sino una desidia de un poder, el más aplazado, el más corrupto, el más ineficiente que es el Poder Judicial”, refirió el diputado a los medios de prensa.
Meza cuestionó que “después de esta tragedia, que ni siquiera quiero catalogar como una tragedia porque es un patrón que se viene dando a más de 20 años y casi 80 muertos, salieron en tiempo récord esas medidas judiciales que estaban pendientes”. Señaló además que existe una desidia, y aunque no pretende restar responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas, “pero hay acá una enorme complicidad también de un Poder Judicial incapaz de ser resolutivo en tiempo para que esto no haya ocurrido”.
En cuanto a la interpelación a la ministra Claudia Centurión, que se plantea tanto en Diputados como en el Senado, señaló que es una herramienta válida y una oportunidad para que la propia ministra otorgue los informes correspondientes.
“Quiero defender la figura de la interpelación, siempre digo que para la ministra o el ministro, el director o presidente de ente que maneja su institución, es una herramienta diseñada para venir a contarle a la autoridad, en este caso a los diputados o senadores, cuál es el funcionamiento y qué es lo que no funcionó para que en casi dos años que se diseñó una obra para combatir los cientos de accidentes que hay en esa zona, tuviera un retraso enorme”, sentenció.
La primera iniciativa será un programa de formación dirigido a jueces y fiscales de la zona de influencia de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en Canindeyú. Foto: Archivo
Justicia y conservación unen fuerzas para proteger el Bosque Mbaracayú
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El Poder Judicial y la Fundación Moisés Bertoni formalizaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional, una alianza que busca fortalecer las acciones destinadas a la conservación ambiental y promover una mayor articulación entre la Justicia y las organizaciones vinculadas a la protección de los recursos naturales.
El acuerdo establece una hoja de ruta para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de preservación ambiental, con especial atención a la zona donde se encuentra la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en el departamento de Canindeyú. La cooperación apunta a generar herramientas que permitan a los operadores de justicia contar con mayores conocimientos para abordar los casos relacionados con la protección del ambiente.
Capacitación
Como primera medida, se prevé organizar jornadas de capacitación y formación destinadas a jueces y fiscales de la región. El objetivo será brindar información y generar espacios de análisis sobre la realidad ambiental del área, de manera que el sistema de justicia pueda responder con mayor eficacia ante situaciones que afecten los ecosistemas y los recursos naturales.
El Poder Judicial y la Fundación Moisés Bertoni acordaron trabajar de manera coordinada para fortalecer la protección del patrimonio natural y mejorar la respuesta institucional frente a los desafíos ambientales. Foto: Gentileza
La iniciativa también pretende instalar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar este patrimonio y favorecer la adopción de medidas concretas a través del trabajo coordinado entre las instituciones. En ese sentido, la capacitación de quienes intervienen en los procesos judiciales constituye uno de los primeros pasos para fortalecer la protección efectiva del ambiente.
La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú abarca unas 64.000 hectáreas de propiedad privada y se encuentra bajo administración de la Fundación Moisés Bertoni. Su creación fue establecida mediante una ley nacional y contempla la conservación del territorio a perpetuidad, convirtiéndola en una de las áreas de especial relevancia para la protección de la biodiversidad del país.
Protagonistas
El convenio fue suscrito con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, y el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Por parte de la Fundación Moisés Bertoni participaron su director ejecutivo, Yan Speranza; el miembro de su Consejo de Administración, Eduardo Bernal, y el asesor jurídico Daniel Jacquet.