Se trata de un problema que surgió en diciembre del año pasado, cuando el intendente de la Municipalidad de Itauguá, Miguel Meza, decidió aprobar a una nueva comisión vecinal en la compañía Aldama Cañada. Ante esta problemática, los pobladores de la finca decidieron manifestarse frente a la casa de Meza, pero fueron imputados.
Según Liz Fabiola Ruiz Díaz, cuyos familiares fueron imputados, todo empezó el martes 29 de diciembre del 2020, cuando miembros de la comisión vecinal del asentamiento Vecinos Unidos realizaron una movilización en contra de la Municipalidad de Itauguá, ya que la carta orgánica no admite dos comisiones en una sola finca.
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“El intendente aprobó una nueva comisión sin haber fenecido el mandato de la actual comisión que, según los documentos, está vigente hasta abril del 2021”, explicó la joven. Por lo que los pobladores que están desde hace más de 17 años en el lugar denuncian que personas cercanas al intendente intentan dividir a los ocupantes reconociendo dos comisiones, y que esta situación perjudica los trámites iniciados ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para la formalización de la propiedad. El 22 de mayo del 2002 se ubicaron en el lugar 107 familias beneficiadas con viviendas del Estado y una escuela pública, a 4 kilómetros de la Ruta PY02.
Ante este panorama, los miembros de la primera comisión decidieron realizar una manifestación en repudio a las acciones tomadas por el intendente, por lo que se autoconvocaron a inmediaciones de la vivienda del jefe comunal, ya que no le recibe a la gente dentro de la municipalidad.
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“Nos manifestamos; sin embargo, ni siquiera llegamos al frente de la casa, quedamos aproximadamente a 50 metros en una esquina. Decidimos quedarnos ahí hasta que el intendente nos escuche. Fue ahí que el jefe de policía nos informó que el intendente no se encontraba en su casa”, comentó.
Agregó que entonces decidieron acampar en el lugar hasta lograr ser escuchados. “Pero la Fiscalía al servicio del intendente imputó a mi hermana Patricia Ruiz Díaz, a mi padre José Ruiz Díaz y a mi madre Marlene Jara. Así también al señor Alfredo García por privación ilegítima de libertad, perturbación a la paz pública y por no respetar el decreto de Marito”, expresó.
Apuntó que estas medidas tomadas por el intendente son consideradas por la comisión como muy injustas. “Quiere decir que no podemos manifestarnos por nuestros derechos o por el cumplimiento de las propias reglas institucionales locales”, denunció Liz.