El presidente Alberto Fernández se radicaliza. Sintoniza con su vicepresidenta, Cristina Fernández. La idea –construida con un relato– de que entre ambos existen diferencias irreconciliables, cayó. La percepción de que la segunda al mando es la dueña del poder, cobra fuerza y torna real. Cristina y Alberto van contra el Poder Judicial, los medios y las oposiciones que se expresan en las calles. Una buena parte de la sociedad eleva voces de protesta. Cada día que pasa desagradan más esas acciones que tienden a destruir el Estado democrático de derecho. La ciudadanía tiene claro que es el momento para ejercer en plenitud el derecho a la libertad de expresión que es un derecho de todos y todas. Carteles y pancartas, de todo tipo, proponen claras y unificadas consignas: “No a la corrupción”; “Basta, no roben más”. Justamente, la corrupción, según coincidentes encuestas encargadas por propios y extraños al gobierno, ocupa desde varias semanas, el primer lugar entre las muchas preocupaciones sociales.

La gestión sanitaria de la pandemia de SARS-COV-2 añade presión e indignación desde cuando se supo, un puñado de días atrás, que los allegados y allegadas del poder fueron vacunadas antes que el resto de la población. Un novedoso, inimaginado e impensado acto corrupto. Despreciable. Mucho más cuando la estadística oficial da cuenta de casi 53 mil decesos –tragedias– y, 2,15 millones de contagios que angustian, que entristecen, que deterioran y que hacen crecer la idea de que con la democracia no se asegura que se coma, que se eduque o que se cure. El presidente Alberto F, se queja porque “por cualquier cosa se hace un banderazo”, como se llama aquí a las marchas callejeras de protesta. Entristece. Y mucho más cuando las dos posiciones máximas de poder local son ocupadas por un abogado y una abogada. Estudiosos del derecho que repudian las protestas y estigmatizan a medios y periodistas que, con miradas críticas, ejercen el derecho a la libertad de prensa, quizás la más genuina gestora de muchas otras libertades. Nada nuevo finalmente.

Desde el cuarto trimestre del 2019, las calles de Latinoamérica se colman de protestas que, en casi todos los casos, son duramente reprimidas. Gases, garrotes, balas de goma y de las otras. Heridos, heridas, muertes por reclamar al poder que, siempre, es vicario, aunque estos poderosos y poderosas lo olviden o ignoren. Sin embargo, las protestas que transita la Argentina no son únicas. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y, en las últimas horas, Paraguay, son los espacios por donde transhuma la protesta social que solo tiene la ideología coincidente de los que se expresan: ¡Dejen de robar! ¡Queremos la vacuna! ¡Queremos comer! ¡Queremos trabajar! En las calles de Francia, del Líbano, de Hong Kong, de Irán, las multitudes también reclaman con energía. Protestan porque se sienten ignorados.

Las y los gobernantes no pueden ni deben, en nombre de la dignidad, desde la perspectiva de los derechos humanos, permanecer en la inacción o –como conspiranoides patológicos– denunciar imprecisamente a quienes “financian el odio” o aquellas y aquellos que “quieren mantener sus privilegios”, en perjuicio de las y los que menos tienen. Nada de lo que sucede a ningún gobernante bien nacido debería sorprenderlo. Los organismos multilaterales advirtieron. El colega periodista Marcelo Cantelmi, director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo (UP), de Buenos Aires y editor jefe de Internacionales de Clarín, cuando comenzaba 2020, hizo público que “la Cepal (Conferencia Económica para la América Latina y el Caribe) destaca un aumento empinado de la pobreza sobre casi un tercio de la población de América Latina y el Caribe de 620 millones” y precisa que ese organismo “alerta sobre un crecimiento geométrico del segmento con menos capacidad para afrontar sus gastos básicos”.

En ese contexto, advirtió que “es esa contradicción, la que le da sentido a la furia callejera”. Muchos y muchas de los que mandan –gobernar es otra cosa- lo leyeron, seguramente, pero poco y/o nada hicieron. No fue la única señal de alarma. El director regional para América Latina y el Caribe del PNUD (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas) y secretario general adjunto de la ONU, Luis Felipe López-Calva, el 6 de junio pasado le dijo a éste corresponsal –ocho meses atrás- que como consecuencia de la pandemia SARS-COV-2 “cerca de 30 millones de personas, en la región, volverán a caer en la pobreza después de un período de reducción durante 15 años”.

Agregó que la mayor afectación se verificará “en niveles sociales muy, muy bajos” a los que el Banco Mundial llama “de pobreza extrema”. Pobres y nuevos pobres son los segmentos que dicen basta. Con aquellas proyecciones, muchos de los reclamos que por estos días los que mandan procuran acallar con gases, garrotazos, detenciones y balas, podrían haberse evitado. ¿Hipoacusia política? ¿Idiocia política? No está claro. Es posible pensar que millones de Arthur Fleck –el atormentado personaje que compone Joaquin Phoenix en “The Jocker” [El Guasón]– son los que transhuman frustrados las calles tensionadas de la Aldea Global. Quizás, la rebelión de los guasones haya comenzado. Gases, garrotazos, detenciones y balas, más de lo mismo, siempre, no pueden ni deben ser política de Estado.

La confirmación del primer caso del nuevo coronavirus en Paraguay se dio hace un año, desde el 7 de marzo del 2020 la situación sanitaria ha tenido sus idas y vueltas. Con el liderazgo del ministro de Salud en ese entonces, Julio Mazzoleni, acompañado por los viceministros Juan Carlos Portillo y Julio Rolón, se daba el inicio de lo que sería su gestión dentro de esta crisis sanitaria.

La llegada del virus al país dejó en evidencia todas las falencias en administración pública y la desidia en la que se vivía por las deudas históricas con relación a la salud en Paraguay. El temor y la angustia de la ciudadanía se daba a conocer ante la política que se iba a llevar adelante.

El ministro de Salud daba a conocer en conferencia de prensa que el primer paciente infectado era un joven de 32 años que provenía de Ecuador, donde todavía no se había anunciado la circulación comunitaria del virus. La desconfianza en la gestión y en la capacidad de acción ante el COVID-19 marcaba las pautas políticas a partir de ese entonces.

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Ese hecho alertó al director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, quien fue el que había recomendando tanto al jefe de cartera como al presidente de la República tomar las medidas sanitarias adecuadas mucho antes que cualquier otro país.

Con el segundo caso confirmado en el país, el 11 de marzo se tomó la decisión de entrar a una cuarentena preventiva. Postura que fue reconocida mundialmente por los resultados positivos y por ser el país con menos contagios y fallecidos en la región al principio de la pandemia.

Un plan de emergencia se preparó basado en un préstamo de US$ 1.600 millones que estarían enfocados en la inversión en la salud pública con la compra de insumos y construcción de hospitales. Hasta la fecha solo se ejecutaron unos US$ 180 millones de los US$ 466 millones que fueron destinados para los fondos de salud.

Las acciones encaminadas por las autoridades sanitarias tuvieron como primera mancha el caso de corrupción con las empresas Imedic y Eurotec, de los hermanos Patricia y Marcelo Ferreira. La famosa compra de los insumos médicos provenientes de China por G. 85.220 millones destapó la red de influencias y del mal manejo administrativo en las contrataciones públicas de la cartera.

Hasta la fecha, la gestión administrativa de Salud no condice con los recursos destinados para su uso, lo que también sumó para la renuncia de Mazzoleni que desde los insumos chinos y todos los hechos de corrupción se encontraba en el foco de la tormenta.

La desconfianza a partir del fracaso de las compras de insumos y la inversión planificada para salud con respiradores, equipamientos y medicamentos fue la sombra que no se despegó del ministro de Salud ni del presidente de la República.

El fortalecimiento del sistema sanitario como misión principal pese a cuestionamientos logró un aumento del 100% en la instalación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Al inicio de la gestión de Mazzoleni se contaba con 270 camas de UTI, lo que se amplió a 305 antes de la pandemia. Con el ingreso del virus al país se logró llegar a 609 camas en total, limitándose a la cantidad de profesionales terapistas.

Mazzoleni, que al principio fue nombrado como el capitán, pese a una gestión que iba bien encaminada con bajos contagios y cifras de fallecidos, fue desfigurándose a medida que la presión social, las denuncias y la ineficiencia de la administración aumentaban.

La evolución en las vacunas contra el COVID y el plan de vacunación mundial que iba marcando el estado de la pandemia también se apuntaban como un factor clave para la administración del gobierno con el Ministerio de Salud y la Cancillería. Cuando los países de la región iban anunciado de a poco la adquisición de las vacunas, Paraguay iba quedando relegado y sumido en su capacidad de gestión, sumando así a sus demás debilidades.

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El hartazgo y la ansiedad de la ciudadanía se acrecentaban cuando solamente llegaron unas 4.000 dosis de las vacunas Sputnik V, de las 1 millón comprometidas. Mientras que por el mecanismo Covax se recibirán 300 mil dosis, que estaban planificadas para la segunda mitad de febrero. Pasado el tiempo y el retraso de su llegada, acrecentaba la indignación social.

Dentro de todo el caos, también se dio a conocer la ausencia de los medicamentos para los pacientes internados en las unidades de terapia intensiva, desnudando el sufrimiento y el padecimiento de familiares de enfermos. Las decenas de historias y la impotencia del personal de blanco finalmente fueron la gota que colmó el vaso para que la renuncia de Mazzoleni se concrete.

A un año de aquel espejismo de ser ejemplo mundial en el manejo de la crisis, el Paraguay vive su peor momento en la pandemia, con 166.969 casos confirmados de coronavirus, 3.294 muertos a causa del virus. Mientras que se tienen 1.178 pacientes internados por COVID-19 en todo el sistema.

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El cultivo de orquídeas ocupa actualmente a 51 productores y a sus respectivas familias, mediante un proyecto conjunto impul­sado por la Misión Técnica de Taiwán y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que arrancó en el año 2015. En medio de la pande­mia, el año pasado esta activi­dad permitió generar ingresos por valor de US$ 3,5 millones, una cifra considerada impor­tante teniendo en cuenta que actualmente la producción se centra solo en dos departa­mentos (Central y Cordillera).

En entrevista con La Nación, la ingeniera agrónoma María Angélica Centurión, coordi­nadora de Floricultura de la Dirección de Extensión Agra­ria del MAG, comentó que el proyecto madre es la produc­ción de dos géneros de orquí­deas: la phalaenopsis y la onci­dium. “Aparte de estas dos, también tenemos en produc­ción otros géneros de orquí­deas. Pero el punto fuerte de nuestro proyecto es la produc­ción de la orquídea phalaenop­sis, también se le conoce con el nombre de orquídea mariposa por las flores que parecen como mariposas volando. Y también tenemos la oncidium”, refirió. Explicó que existen cien varie­dades de la phalaenopsis, que se determinan por los colores y el diseño de las flores, mientras de la oncidium se producen 26 variedades. Mencionó que el proyecto tiene doble propósito, puesto que por un lado se busca vender las plantas ya florecidas, en macetas, y por el otro tam­bién comercializar como flor de corte. Destacó que en la actua­lidad hay una preferencia de las novias que apelan a las orquí­deas como arreglos de boda.

Con respecto a la comerciali­zación de estas flores, la inge­niera Centurión señaló que un reciente estudio de mer­cado reveló que se venden entre 250.000 a 300.000 plantas por año. Los mismos productores organizados en dos comités se ocupan de la venta en el Centro de Comercialización de Orquí­deas ubicado en San Lorenzo, mediante una atención per­manente de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 16:00.

En cuanto a la cifra global que mueve al año este rubro, la entrevistada dijo que “mueve bastante”. “Y lo bueno es que le da trabajo a las familias rura­les, donde trabaja papá, mamá e hijos. Y la producción tene­mos concentrada en los depar­tamentos Central y Cordi­llera. Y ahora estamos viendo en Caaguazú y próximamente en Encarnación”, significó. El consumo a nivel nacional al año de flores en general está entre los 12 a 16 millones de dólares, de las florerías que operan en forma legal. De este monto, aproximadamente US$ 3,5 millones corresponden a ven­tas de orquídeas.