El Ministerio de Salud ordenó la intervención del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias. Estamos contentos con esta decisión porque se va a demostrar la veracidad de lo sucedido. Desde un principio nos pusimos a disposición”, manifestó este martes el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM.

Añadió que desde el momento que apareció la primera denuncia puntal de una médica residente, hace aproximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acusados.

“Nosotros somos los primeros interesados en investigar. Entonces, separamos de sus cargos al jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes para hacer la investigación correspondiente”, manifestó.

Pero, aclaró que los denunciados siguen trabajando en la institución. “Las personas denunciadas fueron separadas de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocurrido el año pasado en el servicio de cirugía. Según expresiones del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores.

Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

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“Nosotros no tuvimos acceso a la denuncia, porque es secreta, pero nos dijeron que ella se molestó por la devolución que le dieron sus jefes durante la evaluación de pacientes diciéndole lo que estaba mal”, expresó el entrevistado.

Por otro lado, mencionó que las residencias médicas son muy pesadas y más en cirugía, e insistió en que están abiertos a una exhaustiva investigación para que se aclaren los hechos. “Nosotros estamos con las puertas abiertas en el hospital para que se investigue de punta a punta. Queremos que se aclaren las cosas para limpiar nuestra imagen”, subrayó el galeno.

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Un proyecto de investigación presenta aprendizajes sobre cómo las comunidades educativas respondieron a la crisis sanitaria y qué estrategias pueden fortalecer la resiliencia del sistema educativo frente a futuros riesgos.

El estudio, denominado “Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la covid-19”, analizó el funcionamiento de estos comités en 25 instituciones educativas, con el objetivo de comprender cómo se tomaron decisiones y qué mecanismos permitieron sostener la continuidad educativa en un contexto de emergencia.

Entre los principales hallazgos se destaca el papel de la coordinación interinstitucional durante la pandemia. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) brindó acompañamiento a las instituciones a través de guías prácticas y capacitaciones orientadas a la gestión del riesgo en las escuelas.

En este proceso, los supervisores educativos cumplieron un rol fundamental como vínculo entre las autoridades educativas y las comunidades escolares.

Los resultados muestran que las decisiones tomadas durante la pandemia fueron mayoritariamente colectivas y participativas, lo que contribuyó a fortalecer la autonomía de las comunidades educativas. El proyecto propone recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el sistema educativo

La memoria de la que fuera líder estudiantil Yolanda González sigue viva en el barrio de Aluche, en el distrito de Latina, 46 años después de ser asesinada por un comando fascista en un oscuro episodio vivido por el país durante los primeros años tras la Transición, con huida incluida a Paraguay por parte de uno de sus asesinos que, en un auténtico giro de guion, llegó a trabajar para el Ministerio del Interior instruyendo a policías hasta que su verdadera identidad salió a la luz.

Hoy, casi cinco décadas después, hay unos Jardines Yolanda González en su barrio, Aluche, en la confluencia de las calles Escalona y Seseña, porque las balas no han conseguido acallar la memoria de quien fuera su vecina. También se puede encontrar una Plazuela Yolanda González en la ciudad de Bilbao, de donde era originaria. Tenía tan solo 19 años cuando Yolanda González, estudiante de electrónica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, fue secuestrada en su vivienda del número 101 de la calle Tembleque, en Aluche. Era el 1 de febrero de 1980.

El secuestro lo reivindicó el denominado Grupo 41 del Batallón Vasco Español, integrado por miembros ultraderechistas de Fuerza Nueva como Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez. La joven, que estaba sola en casa, les abrió la puerta del piso que compartía con otros estudiantes después de que le mostraran unas supuestas placas policiales, falsas. Fue secuestrada, interrogada, la dispararon y dejaron su cuerpo abandonado en un camino cerca de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias.

Los asesinos fueron capturados y procesados dos años después por la Audiencia Nacional. A Emilio Hellín Moro le cayeron algo más de 43 años de condena por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto. Para Ignacio Abad Velázquez fueron algo más de 28 por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.

En 1987, aprovechándose de un permiso penitenciario de seis días, Hellín Moro consiguió escapar de su país y refugiarse en Paraguay, donde se ocultó tres años hasta que la revista Interviú descubrió su paradero. “Allí recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner, para el que trabajó en la adecuación de su sistema policial a las nuevas tecnologías de entonces. La Interpol le arrestó y fue deportado a España en 1990”, recuerda elPeriódico.com. Salió de prisión en 1996, tras cumplir la condena que le quedaba.

El nombre de Emilio Hellín Moro volvió a saltar a los titulares de prensa cuando se conoció que estaba, bajo otro nombre, dando cursos en materia de seguridad como profesor externo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse), dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Desde el equipo de Gobierno encabezado por Ana Botella alegaron que los antecedentes del ultraderechista condenado pasaron “inadvertidos”, a lo que el entonces portavoz de IU de Seguridad Ángel Lara replicó que es un “apellido inolvidable” para cualquier persona que sufriera los momentos más duros de la Transición.

Hellín Moro cambió su nombre --de Emilio pasó a Luis Enrique-- y empezó a dar clases sobre seguridad en distintas administraciones. Llegó como profesor externo al Cifse municipal en 2011, cuando fue contratado para dar un total de 25 horas de clases en dos años. Tenía como aval su formación como ingeniero superior de Telecomunicaciones y su experiencia demostrada al haber impartido cursos a la Guardia Civil sobre delitos telemáticos.

El que fuera delegado de Seguridad Enrique Núñez (PP) alegó que cuando se le contrató “se desconocía su anterior identidad y su pasado”, para recordar que resulta inconstitucional preguntar por la ideología de nadie. Tras conocerse el pasado de Hellín Moro el Ayuntamiento nunca volvió a contar con él.

También dio explicaciones a la familia el Ministerio del Interior, entonces con Jorge Fernández Díaz (PP) al frente, después de la investigación interna realizada en la Guardia Civil y Policía. Para Asier González, hermano de Yolanda, la contratación era “una anomalía inaceptable en democracia”.

“Nos resulta totalmente inaceptable en un Estado democrático y de Derecho que Emilio Hellín, que secuestró y asesinó a Yolanda por motivos políticos y convicciones fascistas, mantenga una relación privilegiada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque nunca haya pedido perdón ni se haya arrepentido”, declaraba a la prensa poco antes de la reunión. Fernández Díaz admitió en su momento que Hellín había firmado contratos con la Administración, pero matizó que todos ellos se realizaron antes de que el PP ganase las elecciones.

Ya desde 2013 se venía gestando que el distrito en el que residió recordase a Yolanda González. La primera petición vino del Pleno de Latina. Hubo que esperar dos años más para que el callejero madrileño incluyese los Jardines Yolanda González, a la altura del 90 de la calle Escalona.

Desde entonces ha pasado una década en la que la huella de Yolanda González sigue imborrable a pesar de algunos intentos de acallar su memoria en forma de vandalismo. En estos diez años han sido constantes las pintadas de corte extremista e incluso que se hayan arrancado las placas con la denominación, siempre repuestas por el Ayuntamiento de Madrid.

También se instaló en 2018 una placa en la que se recordaba quién fue Yolanda González Martín: ‘una líder estudiantil, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Luchó por la democracia real, la justicia y los derechos sociales y laborales. En febrero de 1980 fue secuestrada en su casa, en Aluche, y asesinada por un comando fascista. Tenía 19 años. Estos jardines están dedicados a su recuerdo, que sigue vivo. 1961-1980’.

Fuente: Europa Press.

La economía de México registró el año pasado su peor desempeño desde el desplome que provocó en 2020 la pandemia de covid, lastrada por las persistentes tensiones comerciales con Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones.

Las cifras oficiales publicadas este viernes muestran que la expansión anual del Producto Interno Bruto (PIB) de México, la segunda economía de América Latina después de la de Brasil, fue de apenas 0,7 % en 2025.

Este constituye el peor resultado desde la contracción de 8,5 % que anotó en 2020, según datos del instituto nacional de estadística, INEGI. En 2024, la economía mexicana creció 1,2 %.

El débil desempeño del año pasado coincidió con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien encabezó una ofensiva proteccionista mundial al imponer aranceles a las exportaciones de numerosos países.

México, que envía a Estados Unidos más del 80 % de sus exportaciones, resulta particularmente vulnerable a las políticas comerciales de Trump, lo que ha generado incertidumbre en sectores empresariales y en el clima de negocios en general.

“La administración de Trump sigue representando un riesgo para las exportaciones mexicanas y el crecimiento económico”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis del grupo financiero BASE en un reporte tras la publicación del indicador.

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La cifra de crecimiento resultó, no obstante, levemente superior al consenso de las estimaciones de analistas del sector privado, que esperaban una expansión de 0,4 %, según la más reciente encuesta del banco central mexicano.

El crecimiento anual estuvo encabezado por las actividades primarias, que abarcan sectores como la pesca, la agricultura y la ganadería, que crecieron 3,7 %, según el reporte del INEGI.

El vasto sector de servicios (actividades terciarias) creció 1,4 % con respecto a 2024, mientras la industria y el sector manufacturero (actividades secundarias), fuertemente orientadas a la exportación a Estados Unidos, cayeron 1,1 %.

En el cuarto trimestre de 2025 el PIB mexicano creció 1,6 % con respecto al mismo trimestre del año previo.

La expansión estuvo encabezada por las actividades primarias, que aumentaron 6 % con respecto al mismo trimestre de 2024. Las actividades secundarias, en tanto, avanzaron solo 0,3 %, mientras las terciarias crecieron 2 %.

Para Siller, el crecimiento del cuarto trimestre y la cifra débil pero positiva de todo 2025 “evitó la recesión” en México, pero no conjura la amenaza de un “estancamiento” económico, debido a factores como un aumento de la informalidad laboral y una caída de la inversión productiva.

• Fuente: AFP

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