El Ministerio de Justicia avanza en la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que busca dejar atrás el hacinamiento, el desorden y la violencia que históricamente caracterizaron al sistema carcelario. Así lo afirmó el ministro Rodrigo Nicora, quien destacó la transformación estructural y operativa que ya se aplica en los centros penitenciarios de Emboscada y Minga Guazú, considerados los más modernos del país.

“Tenemos un modelo nuevo, el modelo paraguayo, con una gestión mucho más ordenada, planificada y enfocada en la reinserción social”, expresó Nicora, al tiempo de precisar que los nuevos recintos están divididos en ocho módulos independientes, con capacidad para 1.237 personas cada uno. “El que está en el módulo uno no sabe quién está en el otro, porque están completamente separados y clasificados por nivel de peligrosidad”, explicó.

Nicora sostuvo que Paraguay está migrando gradualmente hacia un modelo que toma como referencia experiencias exitosas de países como Brasil y Argentina, adaptadas a las necesidades locales, además de guiarse por los estándares establecidos en los acuerdos de los que nuestro país forma parte. Como parte de este proceso, también destacó la creación de un Instituto Técnico Superior para la formación profesional de agentes penitenciarios, avalado por el Ministerio de Educación.

Lea también: Mignarro afirma que el problema de Fleitas es el destape de la olla en el “José P. Guggiari”

El ministro subrayó que estos centros de alta seguridad albergan únicamente a personas ya condenadas, como medida para evitar el hacinamiento. Además, los internos participan en programas de reinserción social dentro de un entorno controlado y tecnológicamente vigilado. “Las penitenciarías están equipadas con más de 400 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, lo que permite un monitoreo constante y preciso del flujo de personas. Se activan alarmas ante movimientos irregulares”, detalló a la 650 AM.

Otro cambio clave es la implementación obligatoria de uniformes, regida por la resolución n.° 479. Esta medida, lejos de ser simbólica, responde a criterios de seguridad y control interno. “Cada color de uniforme identifica a qué módulo pertenece cada persona privada de libertad, y las cámaras están configuradas para reconocer tanto los colores como los rostros”, indicó.

A esto añadió, “lo que estamos haciendo es subir la vara. Nuestro objetivo es que este modelo quede instalado como legado, con estándares más altos, más orden y más humanidad en el sistema penitenciario”, concluyó el ministro.

Le puede interesar: Recibido como un héroe, concejal vuelve a Saltos tras experiencia en Israel

Este jueves, desde el Ministerio de Justicia informaron que en los nuevos centros penitenciarios las Personas Privadas de su Libertad (PPL), deberán llevar uniformes obligatorios para que pueden ser distinguidas dentro de la población. Los colores de los trajes serán amarillo y rojo.

Según informó el ministro Rodrigo Nicora, se trata de una medida que busca dar mayor seguridad, equidad y orden dentro de estos penales como avanzar a la modernización del sistema penitenciario. Además, aclaró que el uso de estos uniformes será de carácter obligatorio.

“Seguimos construyendo un sistema penitenciario más justo, humano y eficiente con la implementación del uso obligatorio de uniformes en los nuevos centros penitenciarios de Minga Guazú y “Martín Mendoza” de Emboscada“, expresaron desde la institución.

Puede interesarle: Mujer denunció que fue secuestrada, drogada y violentada

Explicaron que mediante la resolución ministerial n.º 479. que dispone que cada PPL recibe un kit completo con uniformes diferenciados según régimen, estos son: amarillo para los de régimen convencional y rojo para los de régimen cerrado especial.

“La entrega de planificación escalonada continuará hasta superar más de 1.200 reclusos en ambos penales. Esta medida fortalece la seguridad, promueve la equidad y dignifica la vida intramuros”, aclararon.

La actividad de entrega de uniformes estuvo acompañada por autoridades de la institución esta tuvo el apoyo de UNOPS Paraguay, en el marco de un plan que busca cubrir a toda la población penitenciaria de los nuevos centros.

Puede interesarle: Jóvenes trabajadores logran recuperar sus motocicletas que fueron robadas

Por Sara Valenzuela

Todo hacía suponer que esa tarde del 16 de junio de 2019, hace seis años, sería tan apacible como las anteriores, pero el destino tenía reservada una espantosa sorpresa. El sol rojo del ocaso se hizo eco de la sangrienta noticia: un violento enfrentamiento se había desatado entre clanes rivales en el interior de la penitanciaria de San Pedro. La sorpresa paralizó a los paraguayos, que en muchos casos accedieron a través de redes sociales y WhatsApp a imágenes que eran difundidas por los mismos reos de lo que era una terrible matanza a puertas cerradas.

Un enfrentamiento entre internos pertenecientes al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela era la primera información que surgía al mediodía de aquel domingo, pero minutos después fotografías y videos confirmaban que el motín había escalado de manera mortal.

El infierno se instaló en el penal de San Pedro; las primeras imágenes mostraban peleas cuerpo a cuerpo con armas blancas de fabricación casera, hombres ensangrentados, cuerpos apilados y un macabro juego con cabezas, esto seguido de incendios: fuego provocado en el interior de las celdas para quemar a otros reos.

Podés leer: A 90 años del cese de hostilidades entre Paraguay y Bolivia

El contenido de aquellas imágenes se logró confirmar más de tres horas después de que el enfrentamiento hubiera iniciado y convirtiera el penal de San Pedro en tierra de nadie, ya que los custodios se vieron sobrepasados y solo podían aguardar a la respuesta conjunta de los equipos tácticos policiales y militares que buscaban la manera de ingresar con la menor cantidad de bajas posible.

Aquel día, 10 personas privadas de su libertad fallecieron, y 11 resultaron gravemente heridas. De aquellas 10 personas, 5 fueron decapitadas con armas blancas tipo machetes, 3 fueron quemadas vivas en sus celdas, una recibió un disparo y la última falleció camino al hospital debido a las múltiples heridas que tenía.

Estos homicidios fueron parte del terrible acto de venganza del grupo criminal bra­sileño Primeiro Comando da Capital (PCC), afincado en las cárceles paraguayas en aquel momento con fuerte poderío económico y apoyo logístico, contra el clan enemigo, buscando así dejar un mensaje claro de poderío.

El comunicador Mario Luiz Ledezma, quien en aquel momento se desempeñaba como camarógrafo de un medio local, recordó en conversación con La Nación/Nación Media que aquel 16 se preparaba para compartir con su familia la celebración del Día del Padre cuando recibió la llamada, debiendo abandonar a sus seres queridos para acudir a informar.

“Cuando llegamos ya había efectivos policiales que custodiaban el lugar, y también ya estaban familiares de las personas privadas de libertad que llegaron hasta el lugar para solicitar información sobre sus familiares porque muchos se enteraron de lo que estaba pasando adentro y la magnitud de los hechos. Estaban desesperados por saber si sus familiares estaban bien”, comentó Ledezma.

El mismo reconoció que cuanto más pasaban los minutos y luego horas, la preocupación de los familiares crecía, pero también la de los pobladores de todo San Pedro, ya que los mismos temían que los reos lograsen escapar o que la situación saliera de control y que aumente el número de víctimas.

“Muchas personas estaban con miedo y no solo por los reos, sino porque aquel día había muchas personas que fueron hasta el penal en día de visita por el Día del Padre y se temía que no pudieran salir. Entre esas personas estaban personas que nosotros conocíamos, que eran de la zona, porque es una penitenciaria en la que hay muchos sanpedranos también y, lógicamente, toda la comunidad estaba pendiente”, relató Mario Luis.

De esta forma, una ciudad considerada como tranquila y sin mayores episodios de violencia se vio completamente consternada ante las diversas posibilidades críticas que se podían dar, en medio de una ola de información macabra y lamentable que solo tardó minutos en llegar prácticamente a todos.

“Hubo una conmoción total cuando empezaron a llegar las primeras informaciones, porque si bien la penitenciaria se había construido alejada del casco urbano, ya para aquel entonces había nuevos asentamientos que rodeaban la zona”, recalcó Mario Ledezma.

El comunicador destacó además que tras este impactante suceso, la propia comunidad sanpedrana se manifestó en varias ocasiones exigiendo que la seguridad del lugar sea reforzada y que los controles se vuelvan más estrictos para garantizar no solo la seguridad de los reos, sino la de todos los ciudadanos.

Tras la tragedia, las investigaciones iniciaron inmediatamente, de manera que las destituciones, sumarios administrativos y juicios llegaron por añadidura. Desde el Ministerio de Justicia también se trabajó en un protocolo de respuesta para esta situación, lo que originó planes de seguridad más estrictos y un modelo de descongestión carcelaria.

En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Del total de acusados, 14 participaron presencial­mente del juicio, mientras que otros 10 lo hicieron vía telemática desde el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación y desde la Peni­tenciaría Regional de Con­cepción.

Lea también: Cuando el tren se rompió: 40 años de la tragedia que marcó al ferrocarril paraguayo

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) oficializó la declaratoria del ovecha rague como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, junto con el reconocimiento como Tesoros Nacionales Vivos a las artesanas Fermina Fernández viuda de Correa y Eustaquia Palma de Garay, en mérito a su valiosa trayectoria y a la transmisión generacional de saberes textiles tradicionales. Ambos reconocimientos fueron entregados durante un acto realizado el sábado 7 de junio en la Iglesia San Miguel, en la ciudad de San Miguel, en el departamento de Misiones.

La declaración de “Ovecha rague” como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional reconoce el conocimiento transmitido de generación en generación en el municipio de San Miguel, donde se mantienen técnicas tradicionales asociadas al hilado, teñido y tejido de la lana ovina, prácticas que han sido preservadas en el seno de las familias y comunidades locales.

En tanto, el reconocimiento a las señoras Fernández y Palma de Garay como “Tesoros Nacionales Vivos” obedece a su destacada trayectoria en el ámbito de las técnicas artesanales tradicionales, el compromiso con la enseñanza de sus saberes y el arraigo con la cultura lanar sanmiguelina. Este título se confiere a personas que poseen en sumo grado los conocimientos y habilidades que representan el patrimonio cultural inmaterial del Paraguay.

Lea más: Gustavo Benítez reflexiona sobre el arte paraguayo en un libro

Durante el acto, la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, destacó el valor del arte textil sanmiguelino y reafirmó el compromiso del Estado con la preservación de la identidad cultural. “En nombre del Gobierno del Paraguay, entregamos una declaratoria nacional muy significativa. El arte textil que nace de las manos de las maestras artesanas de San Miguel, Arazape y Jhugua es patrimonio cultural de la República”, afirmó.

Señaló que la creatividad expresada en este territorio es un símbolo de todo un país y que la Secretaría Nacional de Cultura continuará trabajando con autoridades locales y comunidades para proteger estas manifestaciones. “Queremos que nunca muera el Festival del Ovecha rague”, expresó, y celebró la participación intergeneracional en el evento: “Qué lindo ver niños, padres, abuelos y jóvenes. De todos nosotros depende que la identidad del Paraguay siga viva. Solo necesitamos compromiso y creer en lo que somos”.

Lea también: Alejandra Meza protagonizará famosa ópera bufa en Italia

Estas declaratorias forman parte de las acciones de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del Paraguay. Reconocer a una manifestación como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional implica su protección, valoración y transmisión a las futuras generaciones. Asimismo, el título de Tesoro Nacional Vivo se otorga a personas portadoras de saberes tradicionales, cuya trayectoria y compromiso son fundamentales para la preservación de la identidad cultural del país.

La Secretaría Nacional de Cultura continuará promoviendo acciones de protección, documentación, difusión y valoración de estas manifestaciones culturales, en articulación con la Municipalidad de San Miguel, la Gobernación de Misiones, el Instituto Paraguayo de Artesanía y las comunidades portadoras del conocimiento, para asegurar su vigencia y transmisión a las futuras generaciones.