Los postulantes que ingresaron al Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) se manifestaron este jueves ante la eliminación del requisito de la evaluación psicológica como primer filtro para el ingreso. Advierten que de esta manera podrían salir a las calles agentes con armas de fuego sin reunir el perfil requerido.
“Una ley que establece la evaluación psicológica como requisito de admisión a la institución policial y tiene vigencia hace ocho años, y no puede ser que una reglamentación esté sobre una ley”, cuestionó Verónica Miranda, postulante al Isepol, en entrevista con Universo 970 AM.
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Sostuvo que no se puede dejar de lado la parte psicotécnica para el ingreso a la institución policial, ya que se está dejando en segundo plano la salud mental de los postulantes. Explicó que con la decisión tomada, todos los que no reúnen las condiciones están habilitados para la segunda prueba.
Otro de los postulantes, identificado como Joel González, también lamentó las modificaciones realizadas porque afecta a los interesados en ingresar a la institución. A su criterio, en plena carrera se hicieron los cambios y están beneficiando a los que no pasaron las pruebas psicotécnicas, pero ahora están habilitados nuevamente.
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“En plena carrera hicieron los cambios y benefician a los que no están aptos y ni siquiera llegan al perfil requerido para la carrera policial. Cuatro años es en la academia y el colegio solo de nueve meses, donde las personas que no están aptas ya van egresar y salir a la calle con arma de fuego en mano”, señaló González.
Esta situación se da a causa de que la Policía Nacional modificó el artículo 31 del reglamento de admisión al Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) y se dejan de lado las evaluaciones psicológicas para los aspirantes a policías.
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Chase plantea fortalecer presupuesto de organismos de seguridad ante el crimen organizado
El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.
Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.
En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.
En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.
Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.
“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.
Reactivación del EPP
El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.
“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.
Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.
“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.
Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.
“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.
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Tras masacre en Naranjito, la ARP exige mayor seguridad para proteger la actividad productiva
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.
Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.
Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.
El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.
En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.
La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.
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Paciente con cáncer de cerebro lleva tres meses sin medicación
La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) denuncia que una paciente con melanoma avanzado (cáncer de cerebro) se encuentra sumamente deteriorada debido a la falta de sus medicamentos, por lo que pide se haga cumplir una resolución judicial que ordena la provisión de la medicación.
“Transcurrieron más de dos meses y la sentencia sigue sin cumplirse, mientras la enfermedad avanza sin piedad”, expresan a través de un comunicado.
El 29 de abril de 2026, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo y dispuso que el Ministerio de Salud arbitrara los mecanismos necesarios para asegurar su tratamiento.
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“Prometen dar curso a su caso y analizar la disponibilidad de fondos para realizar la compra. Pero esa promesa no le va a salvar la vida cuando su cuerpo se deteriora. Vamos a morir esperando”, lamentan.
Ante esta situación, solicitan el cumplimiento inmediato de la sentencia y la provisión completa y continua del tratamiento indicado para la paciente.
“No aceptamos nuevas promesas, trámites ni dilaciones. La paciente necesita su tratamiento ahora. El Estado debe cumplir la sentencia antes de que sea demasiado tarde”, advierten.
En caso contrario, la FEPPER llevará el caso ante organismos internacionales. “La falta de fondos no puede seguir utilizándose como excusa cuando hay vidas en riesgo y una orden judicial vigente”, argumentan.
Se trata de una madre, aportante del IPS, pero la previsional no hizo caso al amparo; entonces, tuvo que recurrir a Salud Pública. Desde abril hasta ahora está sin medicación y su enfermedad ha avanzado de acuerdo al último diagnóstico médico.
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Audiencias para la Contraloría dejan propuestas de modernización y mayor control
Continuando con el proceso de selección de los postulantes a los cargos de contralor y subcontralor general de la República, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, prosiguió este lunes las audiencias públicas, en las que recibieron a nueve candidatos para exponer sus propuestas y respondieron las consultas de los legisladores.
En la ocasión, se presentaron los postulantes Julián Fernando Domínguez, Luis Enrique Franco Bobadilla, Darío Araujo Prieto, Fernando Jhoni Báez Santacruz, Julio Mendoza Aquino, Liz Torres Laconich, Ariel Edmundo Gallardo Espínola, Angélica Ortiz y Jorge Miguel Ayala López. En tanto, Jacqueline Manuela Ramírez de Méndez no asistió a la audiencia.
En sus exposiciones, los postulantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol de la Contraloría General de la República mediante una gestión más eficiente, transparente y orientada a la prevención. Entre los principales ejes planteados se destacaron el fortalecimiento del control preventivo, la modernización de los procesos de fiscalización, la optimización de los mecanismos de auditoría y un mayor acompañamiento a las instituciones públicas para prevenir irregularidades en la administración de los recursos del Estado.
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Asimismo, varios candidatos hicieron énfasis en la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar los procesos de control, la transparencia en la gestión pública, el fortalecimiento de la credibilidad institucional y el diseño de mecanismos que contribuyan a una mayor eficiencia en la formulación y seguimiento de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.
Nivel técnico de postulantes
Al término de las exposiciones, el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, valoró el nivel técnico de los postulantes y destacó que las propuestas presentadas constituirán un importante insumo para fortalecer el marco normativo de la Contraloría General de la República.
El legislador señaló que los aportes recogidos durante las audiencias permitirán impulsar, desde el Congreso Nacional, las modificaciones legales necesarias para dotar al órgano contralor de mayores herramientas que fortalezcan el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, resaltó el compromiso demostrado por los candidatos durante el proceso de evaluación. “Estamos escuchando atentamente cada exposición y tomando nota de los principales aportes. Más allá del desafío que representará seleccionar las ternas, todos los postulantes han demostrado una sólida preparación técnica y han realizado valiosos planteamientos que pueden contribuir al fortalecimiento de la Contraloría General de la República”, expresó el senador.
Próximas acciones
Por su parte, el director de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abogado Humberto Fernández, informó que aún resta un grupo de postulantes por comparecer y que la convocatoria para la siguiente audiencia será definida entre este jueves o el próximo lunes.
Explicó que la comisión se encuentra recopilando la documentación y los antecedentes requeridos a los postulantes, entre ellos la actualización de sus legajos y las certificaciones de no haber sido objeto de sanciones o sumarios administrativos, en el caso de quienes se desempeñan o se hayan desempeñado en la función pública.
Una vez concluidas las audiencias públicas, la Comisión de Asuntos Constitucionales realizará una reunión ampliada para evaluar los antecedentes y las exposiciones de los postulantes, con el propósito de conformar las ternas que serán elevadas al Pleno de la Cámara de Senadores.
Cabe recordar que el mandato del actual contralor general, Camilo Benítez, y del subcontralor general, Augusto Paiva, culmina el 1 de noviembre de 2026. En ese marco, la comisión desarrolla el proceso de selección de candidatos que integrarán las ternas para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República.
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