Acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral contra médicos residentes serían causales.

El Ministerio de Salud ordenó la interven­ción del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hos­tigamiento y violencia labo­ral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias”, manifestó ayer el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM. Añadió que desde el momento que apareció la pri­mera denuncia puntal de una médica residente, hace apro­ximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acu­sados, el jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes. “Las personas denunciadas fueron separa­das de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue pre­sentada ante la Secretaría Anti­corrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocu­rrido el año pasado en el servi­cio de cirugía. Según expresio­nes del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores. Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

Por otra parte, el Tribunal de Apelación Penal 3.ª Sala, inte­grado por los jueces Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, decidió confirmar la condena aplicada por el Tribunal de Sentencia a Carlos Granada.

Cabe recordar que el perio­dista y exgerente de prensa del SNT había sido senten­ciado a 10 años de cárcel tras ser hallado culpable de coac­ción, coacción sexual y acoso sexual, luego de múltiples denuncias formuladas en su contra. Los magistrados con­sideraron que la pena fue apli­cada correctamente, razón por la que –a su criterio– no existen elementos que pudie­ran motivar su anulación y dejarla sin validez.

Insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del Gobierno de asumir los intereses genera­dos por las deudas con el sec­tor, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pen­dientes.

Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso impor­tante en medio de la situación que atraviesan las construc­toras. “Se valora la impor­tancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remar­caron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanis­mos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los com­promisos asumidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al meca­nismo de cesión de deuda (fac­toring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es uti­lizado por las empresas para adelantar el cobro de certi­ficados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que gene­ran los atrasos en los pagos. Además, el Gobierno tam­bién definió cómo se aborda­rán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto impor­tante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.

La ministra de Obras Públi­cas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitacio­nes presupuestarias actua­les. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones desti­nados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millo­nes. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financie­ros”, señaló.

Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sos­tener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atra­sos en los pagos.

MOPC proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

El puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay registra un avance físico-financiero del 82,58 % al cierre de febrero y se encuentra actualmente a solo 70 metros de lograr la unión física en la frontera chaqueña entre nuestro país y Brasil. El Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

Además de la construcción de un tramo de 3,8 kilóme­tros que conecta la Ruta Bioceánica (PY015) con el puente, la estructura permi­tirá unir a Carmelo Peralta (Paraguay) con Porto Mur­tinho (Brasil), facilitando el intercambio comercial y el desarrollo económico y social de la región, según explicó el ingeniero René Gómez, superintendente de obras del consorcio PYBRA, firma encargada de llevar adelante la construcción.

Estas obras complemen­tarias están a cargo de la empresa nacional Tecnoe­dil, integrante del consorcio PYBRA y actualmente ya se están realizando los trabajos de movimiento de 600.000 metros cúbicos de suelo. La obra también destaca por el gran impacto social que está generando en el Chaco, puesto que muchos pobla­dores de Carmelo Peralta y zonas aledañas están traba­jando, ya sea directa o indi­rectamente en el proyecto, brindando servicios y la logística que se requiere.

Se prevén más obras com­plementarias dentro de la ciudad de Carmelo Peralta, tales como el mejoramiento de la doble avenida y la cons­trucción de un parque lineal, el cual servirá como mira­dor al puente de la Bioceá­nica que es financiado por Itaipú con una inversión de G. 125.952.948.959. Luego de finalizar la unión, se deben llevar a cabo las pruebas de carga, así como el tensiona­miento de los cabos de atirantamiento; además de otros trabajos complementarios, como la losa del vano lateral que está sobre la tierra.

Desde la Asesoría de Comunicación Social de la Itaipú Binacional informaron que este lunes 23 de marzo vence el plazo para que los postulantes a las Becas Gobierno del Paraguay, Convocatoria 2026, soliciten la revisión de los resultados de la evaluación socioeconómica, etapa clave dentro del proceso de selección. Asimismo, informan que este miércoles 25 de marzo, se publicará la nómina definitiva de postulantes seleccionados por el programa.

De acuerdo al comunicado, los resultados fueron puestos a disposición días atrás, tras la culminación de las visitas domiciliarias realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el objetivo de verificar la información declarada por los postulantes y determinar su situación económica real.

Explican que este procedimiento se desarrolló a nivel país, alcanzando a miles de jóvenes que continúan en carrera por una de las becas ofrecidas en el marco del programa gubernamental.

Recuerdan que el organismo alcanzó el 100 % de la cobertura planificada, con un total de 7.898 postulantes visitados en sus hogares en todo el país. Mencionan que el equipo técnico luego entró en la etapa de validación de la base de datos, mediante el cruce de la información recopilada con la documentación respaldatoria.

Destacan que la evaluación socioeconómica constituye la fase final del proceso de selección y permite priorizar a los estudiantes con mejor desempeño académico y mayores necesidades económicas, garantizando una asignación equitativa de los recursos.

“El programa Becas del Gobierno del Paraguay es impulsado por el Ejecutivo, con el apoyo de Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría Nacional de la Juventud, como parte de su política de acceso a la educación superior”, menciona el informe.

Finalmente, señalaron que en esta convocatoria miles de jóvenes de todo el país han participado del proceso, que incluyó la Prueba de Competencias Básicas en áreas como Matemática y Lengua Castellana, además de la posterior evaluación socioeconómica.

Siga informado con: El TSJE y el Ministerio de Defensa coordinan acciones con miras a los comicios

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó que el grupo de adultos mayores que llegó este lunes hasta la institución para realizar una serie de reclamos, lo que plantearon en la reunión han sido cuestiones que son imposibles de aplicar.

En conversación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el ministro Rojas ratificó que todos los programas sociales son prioridad del Gobierno Nacional encabezado por el presidente Santiago Peña.

Explicó que, indudablemente la interpretación de la “universalidad de la pensión para los adultos mayores” cuando se planteó la ley fue con el objetivo de eliminar aquel concepto de anteriores legislaciones, respecto la franja de pobreza y el estado de vulnerabilidad, que por algunos aspectos contemplados en el censo, hacía que quedaran excluidos del programa social.

Le puede interesar: Radares subterráneos serán utilizados para búsqueda de secuestrados

“La universalidad abrió la posibilidad para que ingresen adultos mayores que cumplen con los requisitos que contempla la ley. Desde noviembre del 2024 y a estas alturas ya hemos incluido a 58.000 nuevos adultos. Esta gente que representa a la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores, nos plantea que las personas de 65 años que son casi 85 mil, sean incluidas en el programa, yo explique que la ley no nos habilita para hacerlo”, comentó.

Insistió que la propia ley habla de un critrio de inclusión de mayor a menor, que en este mes de marzo está alcanzando a la edad de 69 años, con lo que están alcanzando a unos 360 mil adultos mayores beneficiados. Además, informó que desde este lunes, el Estado está pagando 261 mil millones de guaraníes, lo que representaría mas o menos 40 millones de dólares.

“Si ahora se pretende incluir a los 81 mil adultos mayores pendientes, necesitaríamos aproximadamente 130 millones de dólares más; y nuestro presupeusto se estaría yendo a los 625 millones de dólares por año. Porque hoy el presupuesto anual que tenemos es de 495 millones de dólares. Es imposible prometer lo que uno no tiene y fue lo que les expliqué”, mencionó.

Señaló que inmediatamente la siguiente propuesta que le hicieron fue elevar al 50 % del salario mínimo la pensión que reciben los adultos mayores. Indicó que esta propuesta fue totalmente incoherente, porque si por un lado piden incluir a los que faltan, y a la vez les exigen elevar el porcentaje de la pensión resulta imposible de sostener en el tiempo.

“Parecería que vinieron a propósito a plantear cuestiones que son de imposible cumplimiento. Porque además plantearon que el sistema de inscripción vuelva a pasar por las municipalidades, lo que sería un retroceso enorme, porque ahí se les humilló a los adultos mayores, se les maltrató, coaccionó, chantajeó y se le metió quien quiso. Por eso, había abuelos de 80 y 90 años que no tenían pensiones, pero con esta nueva ley fueron incluidos”, precisó.

Mencionó que el otro cuestionamiento fue el bloqueo de cuenta, que hace el Banco Nacional de Fomento cada 2 meses, si no cobran sucesivamente las personas, lo cual es una garantía para proteger los recursos del Estado.

Finalmente, mencionó que con mucha paciencia les escuchó a cada uno, y les fue explicando los motivos por los que hacía de imposible cumplimiento sus exigencias; que luego finalmente se levantaron en su contra, recibió insultos y exigieron incluso su renuncia, lo cual señaló que está a dispoción de jefe de Estado desde el primer día que fue nombrado como ministro.

“Yo les pedí disculpas y me retiré de la reunión, lastimosamente no se podía continuar con la reunión con ese ambiente. Yo tengo la mejor predisposición de cooperar, trabajar y buscar solución. Hay cosas que se pueden, y hay otras cosas que no se pueden”, acotó.

Siga informado con: Recortar bonificaciones ya se viene analizando desde la semana pasada, asegura legislador