El agente fiscal de Asuntos Internacio­nales, Manuel Dol­dán, indicó que el Ministe­rio Público realizó nuevas acciones dentro de la inves­tigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficia­rios finales al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y su esposa Sil­vana López Moreira, y que no se limita solo al reque­rimiento de informaciones al Gobierno de la islas Sey­chelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colo­rado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informa­ciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determi­nar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuen­tas bancarias del país locali­zado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 y 5 países, pero por cues­tiones de investigación no quiero hablar sobre los paí­ses”, indicó Doldán, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fis­cal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles pedidos de coo­peración en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad cen­tral que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomá­tica, entonces yo inmediata­mente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad cen­tral que es la legal y vía Can­cillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

La apertura de una investi­gación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra locali­zada en el banco MCB Inter­national y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviem­bre de 2022, año en que Abdo Benítez aún se desempeñaba como presidente de la Repú­blica.

Señala que la cuenta figura a nobre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Sil­vana López Moreira.

Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nom­bre de Exchange Contracts International Finance Limi­ted, un mes después de fina­lizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe con­fidencial, la cuenta presen­taba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran tam­bién como beneficiarios fina­les Abdo Benítez y López Moreira.

Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias –desde Capi­tal Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC– por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Con­tracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran den­tro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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El Ministerio de Salud Pública informó que en la última semana atendieron a casi 30.000 pacientes con cuadros respiratorios a nivel país, los más afectados son menores de 2 años y mayores de 60. También, reportaron 11 fallecidos asociados a virus respiratorios.

Según el reporte de Vigilancia de la Salud, en la última semana se reportó 29.213 consultas por infecciones respiratorias, esto representa una disminución del 7 % en relación a semanas previas. Con estos números la curva de tendencia se ubica por debajo del umbral de alerta.

Los más afectados son los menores de 2 años que representan el 25 % y la franja de 60 años y más con un 24 %; además, del grupo de 5 a 19 años en un 21 % de afectados. Se observa circulación de rinovirus, virus sincitial respiratorio, metapneumovirus, adenovirus e influenza A no subtipificado.

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En la última semana se identificaron 11 pacientes fallecidos a consecuencia de cuadros respiratorios, las estadísticas indican que tres fueron por VSR, tres por influenza A H1N1, tres por rhinovirus, uno por covid y un paciente por metapneumovirus. Se contabilizan 273 en lo que va del año.

Durante este periodo, unas 360 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y se reporta un descenso del 1 % con respecto a la semana anterior. Los datos indican que el 21 % de los internados tuvieron que ser ingresados a terapia.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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