La Cámara de Senadores deberá estudiar la propuesta de modificación del artículo 294 del Código Penal vigente, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La aprobación por unanimidad en la Cámara Baja de esta normativa fue valorada por los diputados.

El proyecto tiene por finalidad agravar la sanción impuesta al funcionario público o personal que preste servicio en un establecimiento penitenciario, cuando participe en calidad de “autor” en un hecho que implique la liberación, fuga o evasión de un establecimiento de reclusión.

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El diputado Yamil Esgaib explicó a La Nación/Nación Media, que actualmente la ley vigente contempla sanciones que van de 6 meses a 5 años. Ahora, la propuesta aprobada por unanimidad por Diputados eleva de 5 a 15 años las penas en caso de complicidad de fuga. El proyecto legislativo pasa ahora al Senado para su consideración.

El diputado lamentó que, en los últimos casos de fuga de reos, hasta ahora no hubo un solo guardiacárcel castigado. “El proyecto que aprobamos pasa ahora al Senado, y espera que una vez que sea sancionado y promulgado la ley desaliente definitivamente la complicidad de los guardiacárceles con los reclusos”, expresó.

Explicó que este proyecto fue ampliamente analizado en la cámara incluso con expertos, ante la preocupación que surgió a raíz de los últimos hechos de fugas de recluso, donde se constató la fácil evasión de los presidiarios con la ayuda y complicidad de los empleados penitenciarios, que son los primeros encargados de la seguridad y se constató que las sanciones eran muy bajas.

El proyecto con media sanción, busca elevar esa sanción a 15 años de pena privativa de libertad y establece también un mínimo de 5 años. El texto propuesto dice en la parte pertinente “…se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años.”

Por una parte, señaló que no hay ningún inconveniente que la pena para la modalidad agravada sea elevada. “Esto se justificaría por elevado grado de reproche de los funcionarios o servidores penitenciarios que provoque, propicien o no eviten una fuga o, peor aún, que deliberadamente liberten a persona que deben cumplir una condena o una medida de privación de libertad. En ese sentido, está justificada la elevación de la pena”, acotó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Nueve niños de entre 12 y 14 años debieron ser internados a raíz de que habrían consumido trocitos de vidrio en un cocido con leche que un compañero les compartió. El hecho se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Según el informe oficial, uno de los afectados habría llevado a su institución educativa cocido con leche en un termo de vidrio. Por el camino, se le habría caído y, como su interior es de vidrio, los fragmentos de este material se habrían mezclado con la bebida.

Cuatro de los preadolescentes fueron trasladados de urgencias al Hospital Regional de Pedro Juan, tras presentar fuertes molestias; otros tres fueron atendidos en el Centro Ambulatorio Juan Pablo II y dos en el Instituto de Previsión Social. Hasta el momento, seis ya fueron dados de alta y los restantes permanecen en observación.

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“En total son diez los adolescentes que consumieron esta bebida, uno de ellos se percató de que había algo raro en el cocido y un segundo presentó heridas en la boca, lo que alertó a todos los demás y se dio un ataque de pánico. Eran todos del mismo grado, y tres son los que tuvieron sangrado en la boca posteriormente”, comentó el doctor Pablo Rubén Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, en conferencia de prensa.

Remarcó que el incidente se habría tratado de un accidente, ya que los jóvenes desconocían que el interior del termo era de vidrio y podría astillarse tras la caída. Confirmó, además, que los preadolescentes que se encuentran en observación están fuera de peligro y son monitoreados por una cuestión preventiva, puesto que sufrieron algunos cortes en la boca.

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El interventor designado por el Ministerio de Justicia para la investigación de las circunstancias que facilitaron la fuga de 8 presos de la penitenciaría de Minga Guazú, Alto Paraná, presentó renuncia a sus funciones. En su nota de dimisión, Blas Martínez alega que se trata de una decisión personal, por lo que se conformó un nuevo equipo que estará al frente de la intervención.

“Agradeciendo la confianza depositada en mi persona para desempeñar tan delicado cargo, tengo a bien manifestar y dejar constancia de mi no aceptación de dicha designación, argumentando motivos estrictamente personales que a la fecha me impiden aceptar el desafío propuesto”, señala la carta entregada este viernes al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

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El licenciado Blas Martínez actualmente se desempeña como jefe del departamento de ejecución de capacitaciones del Centro de Estudios Penitenciarios, dependiente del Viceministerio de Política Criminal de la citada institución. El funcionario se mostró predispuesto a seguir colaborando desde su cargo, aunque no aceptó la designación de interventor que le asignó la institución.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Justicia se comunicó que la salida de Martínez obligó a reformular la decisión de Nicora, quien se encuentra conformando un equipo interventor estratega, a fin de continuar con las pericias que lleven a determinar los responsables de la fuga de los 8 internos.

Se menciona que Nicora dispuso una intensa investigación y “se tomarán las medidas correctivas”, como descontrataciones de los funcionarios implicados, entre otros. Uno de los motivos que habría precipitado la renuncia del interventor es su aparición en fotografías con internos en el marco de un almuerzo, en el año 2019 que fueron publicadas por la prensa.

Paralelamente siguen los operativos de rastrillaje en el Este del país, en un intento por recapturar a los siete presos fugados que siguen sueltos. Solo se logró devolver al penal de Minga Guazú al interno Fredy González Delvalle, en tanto continúan sin ser localizados Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopalé, Wilson Dario Rotela Coronel, Marcio Quadra Caetano, Derlis Ramón Giménez, Fernando Aquino, Anderson Quero y Juan Insfrán.

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