El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), encabezado por Teresa Martínez, bajo el lema “Todos somos responsables” instó a denunciar el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, al conmemorarse hoy el “Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil”.
Desde el ministerio sostienen que el trabajo conjunto entre la sociedad y las instituciones del Estado encargadas de velar por la niñez y la adolescencia, es fundamental en la lucha contra el abuso sexual y todo tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
La institución detalla también que el 80% de los casos de abuso sexual se da en el entorno familiar. En octubre de este año hubo un incremento en casi 100 denuncias más por este hecho, llegando a 301, en comparación a agosto que tuvo 233 y setiembre que llegó a 216 denuncias; lo que equivale a 10 denuncias por día. Cabe señalar que todas estas denuncias ya están siendo investigadas por el ente jurisdiccional.
Mientras que el servicio 147 Fono Ayuda comunica que las denuncias provienen en mayor número de vecinas y vecinos, amigos cercanos, abuela y agentes comunitarios, que se hacen eco de denuncias de familiares más cercanas que por temor no se animan a hablar sobre el abuso al que son sometidos los niños y las niñas.
El comunicado emitido por el ministerio argumenta que “creemos que el aumento en la cantidad de denuncias se trata, principalmente, al éxito de las campañas Todos Somos Responsables Hacé Tu Parte, sobre la concienciación, desnaturalización y denuncia de estos hechos, ya que el involucramiento de la comunidad para frenar estos hechos marca un notorio protagonismo a la hora de recibir estas denuncias”.
Refieren también que las campañas se vienen realizando y reforzando cada año, gracias al apoyo de organizaciones aliadas; desde el terrible hecho ocurrido en la ciudad de Paraguarí, hace 16 años; donde fue encontrada muerta a Felicita, una niña de apenas 11 años, víctima de abuso sexual.
Números habilitados para realizar las denuncias
También instan a la ciudadanía a tomar acciones urgentes y eficaces que contribuyan a la erradicación de este flagelo, ya que los abusos y la explotación son un problema alarmante que no distingue raza, cultura o condición social. En caso de conocer algún caso de abuso sexual o violencia hacia niñas, niños o adolescentes, recomiendan denunciar llamando al 147 Fono Ayuda o al 911 Policía Nacional.
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Cambian a jefes de Investigaciones tras denuncias por secuestro y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Las dos denuncias últimas sobre el actuar del personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, derivaron en el cambio de los jefes de la citada unidad. El comisario principal José Delgado y el comisario Hugo Sosa, asumieron hoy como jefe y subjefe, respectivamente de la repartición policial, siendo apartados del cargo los comisarios Javier Maldonado y Francisco Talavera.
El comisario general inspector Marcelino Espinoza, director del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue el que realizo el traspaso de los cargos y reconoció que los cambios obedecen a los hechos punibles denunciados.
“Para que no se pueda truncar una investigación, el jefe y el subjefe fueron apartados quedando en reemplazo dos profesionales capaces de llevar adelante en forma conjunta la investigación con la Fiscalía”, refirió.
Asimismo, sostuvo que “el comando institucional ha creído conveniente apartarlos al jefe y al subjefe, a raíz de las denuncias ya divulgadas, de las cuales una de ellas ya tomó cuerpo, ya que en estos momentos hay cinco agentes declarando en el Ministerio para deslindar responsabilidades”.
Se refería a los cinco policías con detención preventiva e imputados por la fiscal Zunilda Ocampos, por privación de libertad y extorsión agravada. Fueron denunciados por haber retenido por cuatro horas a dos adultos y una menor para ser extorsionados con el pago de dinero a cambio de la libertad. Se habría pagado 30 mil dólares para que dejen libre a los raptados.
El comisario Espinoza informó que Asuntos Internos de la Policía Nacional envió personal a Alto Paraná para trabajar en forma coordinada con el Ministerio Público para que, de comprobarse los hechos investigados, sean apartados de la fila policial.
La otra causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y tiene que ver también con secuestro y extorsión. En este caso, el agente fiscal refirió que aún no tiene identificado a los supuestos responsables y una vez avanzadas las diligencias podrá llegar a los supuestos responsables.
El nuevo jefe de Investigación, estuvo en Canindeyú y ya pasó por otras dependencias como Homicidios y Crimen Organizado.
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Mitic: cuenta de Peña en X fue hackeada para un intento de fraude
El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, informó este martes que se encuentran trabajando para determinar el origen del ciberataque que sufrió la cuenta oficial del presidente de la República, Santiago Peña, en la plataforma social X.
“Es difícil de identificar el origen, no fue un ataque sencillo, realmente se utilizaron técnicas relativamente avanzadas para poder realizar esta infiltración, pero tenemos indicios desde dónde se hicieron”, comentó Villate en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, acompañado por el director general de Ciberseguridad de la cartera estatal, Pedro Martínez.
“Este tipo de ataques tiene diferentes intenciones, pero los indicios hacen indicar que esto fue un intento de fraude para recaudar fondos por el propio anuncio”, puntualizó.
Agregó que el Gobierno se encuentra trabajando con organismos internacionales para realizar la trazabilidad del ataque. Señaló que el caso también ya fue comunicado al Ministerio Público a la espera de que se realice la apertura de una investigación de oficio.
Detalló que la filtración se dio mediante una cuenta del equipo de comunicación del Poder Ejecutivo que administraba el perfil del mandatario. “Estaba relacionado a una cuenta de email que era utilizada por unos de los miembros del equipo de comunicación, la cual ya fue identificada y subsanada por completo”, comentó Villate.
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Medidas de seguridad
Como medidas de seguridad se tomó la decisión de reducir la cantidad de funcionarios encargados de gestionar las redes sociales de Peña. Además, como medidas preventivas se concretaron revisiones y auditorías de las cuentas que tienen administración de los perfiles de entes del Estado y el monitoreo de las sesiones abiertas.
“Si solo decimos que el control es una cuestión de inversión en recursos estamos fracasando. En la mayoría de los escenarios, el 90 % de los accesos o vulneraciones se dan por debilidad en el uso humano de las herramientas y no por la infraestructura que se tiene. Entonces, esto es una cuestión de capacitación", puntualizó Villate.
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Trabajo conjunto con Defensa
Por otra parte, el funcionario de Estado afirmó que existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa Nacional en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. “En la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se contempla esta fuerza conjunta entre Mitic y el Comando de Ejército y las Fuerzas Armadas para poder realizando fortalecimientos”, refirió el secretario de Estado.
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Siguen los reclamos por atención en el Hospital de Santa Rita
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Hospital Distrital de Santa Rita está en la mira. El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un sumario a cuatro funcionarios del citado hospital, ante denuncia de supuestamente haberse negado atención a una mujer gestante, Yésica Aguilera, cuyo hijo nació en otro hospital y falleció en cuidados intensivos.
En ese contexto, surgió otro reclamo: mucha tardanza para que una mujer de 40 años, de 37 semanas de gestación, con muerte fetal, sea sometida a cesárea. La misma ya estaba con 24 horas de muerte de su hijo y su familia no entendía por qué tardaba tanto la cirugía para sacar al feto, poniendo en riesgo a la madre.
El esposo de la mujer declaró su preocupación al sitio Santa Rita News. La mujer se presentó ayer al hospital después de haberse dado cuenta de que no sentía movimiento en su vientre.
A las 19:00 se procedió a la intervención quirúrgica de la mujer y el feto le fue entregado a la familia. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por el doctor Federico Schrodel, director de la región sanitaria.
Manifestó que se debieron hacer estudios a la mujer para confirmar la muerte fetal y una vez constatada, “se procedió a preparar a la paciente para el procedimiento a seguir, no se trata de llegar y ya se le practica la cesárea, está en riesgo la madre”.
Mencionó que acudió ayer hasta el hospital y el personal de salud a cargo explicó a los familiares lo sucedido y sobre los pasos seguidos, quedando conformes los mismos.
La mujer reside en el barrio Santa Inés de Santa Rita y se realizó siete controles prenatales, antes de llegar al día de ayer en que le confirmaron que el niño había fallecido, cuando estaba a punto de nacer.
El Hospital de Santa Rita está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública que inició sumario a cuatro funcionarios, entre médicos y enfermería. La causa es la no atención a una mujer gestante, también de 37 semanas, porque la misma es asegurada del IPS. Ocurrió el jueves 29 de mayo. Fue al hospital de María Auxiliadora, Itapúa, el niño nació y pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.