Más de 40 organizaciones de la sociedad civil elevaron este martes su preocupación por el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia de Paraguay 2020-2024. Aseveran que este plan acarrea peligro para los niños y adolescentes, así como para sus correspondientes familias.

“Las organizaciones hemos analizado las 156 páginas de dicho plan y hemos expuesto nuestro absoluto rechazo en contra del mismo. Sin embargo, se impone esta conferencia de prensa en pos de sentar una postura clara y contundente ante las autoridades y ante la ciudadanía en general”, expusieron esta mañana.

Entre los primeros ítems que cuestionan se observa que el punto uno del programa dice que el Estado es el principal garante del bienestar del niño y adolescente. Aseveran que el principal garante son los padres y no así el Gobierno. “El referido plan, además, transgrede el derecho inviolable de los padres en la educación de sus hijos y en especial en materia de educación sexual y reproductiva”, añadieron en un manifiesto.

En otra parte de los cuestionamientos, las organizaciones critican la enseñanza de la sexualidad con enfoque de género, bajo la premisa de “construcción social de la sexualidad”. A su criterio, esto transgrede el derecho constitucional al desarrollo armónico del niño y adolescente. “Es decir, atenta contra su indemnidad, que es el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, al ser expuestos ante información que altera la percepción natural del ejercicio de la sexualidad humana, alterando su identidad”, mencionan.

En ese sentido, consideran que impartir educación en entes públicos a niños y adolescentes bajo la citada perspectiva se estaría cometiendo “un abuso infantil institucionalizado”.

Adolescentes embarazadas

En otra parte, sobre el embarazo adolescente, en el plan se señala que conlleva una carga monetizada para toda la sociedad calculada en alrededor de US$ 136 millones anuales, además de pérdidas por desempleo a raíz de embarazos y otras cargas fiscales. Estas organizaciones reclaman severamente que el plan trate a la adolescente embarazada y a su hijo en gestación como una carga social y pérdida en cuanto a ingresos en concepto de impuestos para el Estado, redujendo a los afectados a un objeto de producción y carga social.

Violencia infantil

El plan también sostiene que la violencia hacia las niñas y adolescentes es el resultado de la propia configuración violenta de la sociedad. En el texto se omite a los niños. “Estas afirmaciones son propias del feminismo de género que atribuye al “patriarcado” todo el mal social. Para alcanzar los resultados pretendidos, las políticas públicas deben partir de premisas verídicas”, mencionan.

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Matrimonio

Uno de los últimos puntos cuestionados por las organizaciones es el que tilda de uniones dañinas a la unión en matrimonio. “En el Paraguay una de las prácticas dañinas son los matrimonios infantiles y uniones tempranas”, señala el plan, al momento de traer a colación la Ley 6000/17 que sanciona el abuso a niños. “Sin embargo, esta ley no es invocada en los demás casos de relaciones precoces, donde contrariamente se incentiva el uso de anticonceptivos. Es decir, la preocupación se enfoca en si los niños han o no utilizado algún método preservativo”, señalan los padres de familia.

Por último, manifiestan su rotundo rechazo al plan nacional en cuestión y exigen al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la confección de un nuevo plan en consonancia con la Constitución y con la participación amplia de los padres de familia.

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