El Ministerio Público, a través de sus distintos canales que están a disposición de la sociedad, recepcionó de enero a setiembre de este año denuncias de casos de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes, y 1 caso de utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía, dando un total de 667 casos.
Con relación a casos de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes, en el mes de enero, la Fiscalía recibió 277 casos; en febrero, 185 casos; en marzo, 171 casos, y en abril, 4. Seguidamente, en mayo se dieron 8 casos; en junio, 9; en julio, 4; en agosto, 4; y en setiembre, 5. Esto suma 667 casos. Respecto a la utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía, se registró un único caso en el mes de agosto último.
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Unidad especializada
Esta unidad especializada fue creada a fin de dar respuestas efectivas en la lucha contra la trata de personas en todas sus formas y la explotación sexual infantil. La menciona unidad tiene competencia a nivel nacional en la investigación de los hechos punibles de trata de personas, rufianería o explotación sexual de personas adultas, proxenetismo o explotación sexual de menores, pornografía relativa a niños y adolescentes y extrañamiento de personas.
Además de la unidad especializada, la Unidad Especializada de Delitos Informáticos y las unidades penales ordinarias también reciben denuncias por casos vinculados al hecho punible de pornografía infantil. En estos casos, la unidad penal interviniente realiza las diligencias primarias y luego remite la causa a la unidad especializada para su prosecución.
Caso reciente
El caso más reciente data de dos días atrás, cuando una comitiva fiscal-policial realizó allanamientos simultáneos por hechos de pornografía infantil en el barrio San Pablo de Asunción y otro en el barrio San Roque de Ciudad del Este, en el marco del operativo Luz Infancia, que hasta el momento dejó dos hombres detenidos, además de notebooks y teléfonos celulares incautados.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
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Reportan 17 feminicidios y 25 tentativas en lo que va del año en Paraguay
Este lunes, el Ministerio Público reportó un total de 17 víctimas de feminicidio en lo que va del 2026, así también, suman 25 tentativas de feminicidio en el mismo periodo. En cuanto a los afectados indirectos, estos casos de violencia contra la mujer han dejado a 33 hijos huérfanos, de este número, 24 son niños, niñas y adolescentes.
Según el Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, a nivel país se tienen 16 causas abiertas por feminicidio, de los cuales, en uno de los casos se investiga por el crimen de dos mujeres. Lastimosamente, la mayoría de los ataques fueron cometidos por personas del mismo entorno íntimo.
“En el recuento preliminar, con el hecho ocurrido ayer domingo, tenemos 17 víctimas de feminicidio y otros 25 casos de tentativa de feminicidio. Además, se registraron seis casos de agresiones graves que están siendo investigados y un hecho en el que un adolescente, preliminarmente, está siendo investigado como homicidio”, dijo Elida Favole, directora de transparencia y políticas de géneros, en canal Trece
Se pudo contabilizar que del total, 13 mujeres asesinadas eran madres, quienes dejaron un total de 33 hijos huérfanos, de los cuales, 24 son niños, niñas y adolescentes. En cuanto al vínculo con las víctimas, pertenecían al círculo íntimo o familiar: 7 exparejas; 6 parejas; 1 padrastro; 1 hijo y 2 conocidos.
“Es preocupante la situación porque ayer se registró un niño de 12 años, que está calificado como homicidio doloso y también tenemos otros niños que fueron víctimas indirectas. La víctima más joven en el caso de feminicidio tenía 12 años. Lastimosamente, hay que señalar que en 10 casos tenemos ensañamientos”, puntualizó.
Se pudo constatar que 16 de las víctimas eran de nacionalidad paraguaya, una de nacionalidad brasileña y dos pertenecían a comunidades indígenas. Nueve casos fueron en el departamento Central, tres en Concepción, dos en Canindeyú, una en Alto Paraná, uno en Caazapá y uno en Asunción.
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Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
¿Hasta dónde puede llegar la disciplina?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
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El caso queda bajo investigación
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
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Caso IPS: reportan nulo avance en carpetas fiscales sobre licitaciones anteriores
El director de la Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR), Leandro Villalba, indicó que existen otros casos de millonarios montos sospechosos en contrataciones de gestiones anteriores del Instituto de Previsión Social (IPS), pero que aún no avanzan en el Ministerio Público.
El alto funcionario de la Contraloría citó a algunos de estos casos que fueron denunciados en su momento y aún se aguarda el avance de las investigaciones. Ayer miércoles, el Ministerio Público imputó a los expresidentes de la previsional Vicente Bataglia y Jorge Brítez, y exmiembros del Consejo por lesión de confianza, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
“Por poner un ejemplo, podemos hablar del Hospital de Ingavi, que tiene varias irregularidades denunciadas por el reporte número 55 de por el valor de 3.355 millones de guaraníes, también hablamos de las contrataciones que se iniciaron ya en el 2019-2020 y otro tipo de contrataciones que abarca un monto que supera los 20.000 millones de guaraníes”, refirió en conversación con la 650 AM.
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Estas causas están abiertas, de acuerdo a su explicación, pero aún no avanzaron, que tienen que ver con hechos irregulares en contrataciones que realizó la previsional, con montos millonarios en contrataciones que fueron detectadas y denunciadas.
“Estamos hablando que en estos casos, por ejemplo, con causas abiertas, tienen fiscales asignados y tienen también unidades fiscales asignadas, nosotros respetamos mucho el trabajo del Ministerio Público y somos conscientes que muchos de los fiscales hacen un trabajo muy meticuloso y están muy interesados en encontrar la verdad material, pero hasta el momento no tenemos muchos avances en relación a estos casos”, apuntó.