El Ministerio Público, a través de sus distintos canales que están a disposición de la sociedad, recepcionó de enero a setiembre de este año denuncias de casos de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes, y 1 caso de utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía, dando un total de 667 casos.
Con relación a casos de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes, en el mes de enero, la Fiscalía recibió 277 casos; en febrero, 185 casos; en marzo, 171 casos, y en abril, 4. Seguidamente, en mayo se dieron 8 casos; en junio, 9; en julio, 4; en agosto, 4; y en setiembre, 5. Esto suma 667 casos. Respecto a la utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía, se registró un único caso en el mes de agosto último.
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Unidad especializada
Esta unidad especializada fue creada a fin de dar respuestas efectivas en la lucha contra la trata de personas en todas sus formas y la explotación sexual infantil. La menciona unidad tiene competencia a nivel nacional en la investigación de los hechos punibles de trata de personas, rufianería o explotación sexual de personas adultas, proxenetismo o explotación sexual de menores, pornografía relativa a niños y adolescentes y extrañamiento de personas.
Además de la unidad especializada, la Unidad Especializada de Delitos Informáticos y las unidades penales ordinarias también reciben denuncias por casos vinculados al hecho punible de pornografía infantil. En estos casos, la unidad penal interviniente realiza las diligencias primarias y luego remite la causa a la unidad especializada para su prosecución.
Caso reciente
El caso más reciente data de dos días atrás, cuando una comitiva fiscal-policial realizó allanamientos simultáneos por hechos de pornografía infantil en el barrio San Pablo de Asunción y otro en el barrio San Roque de Ciudad del Este, en el marco del operativo Luz Infancia, que hasta el momento dejó dos hombres detenidos, además de notebooks y teléfonos celulares incautados.
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Caso ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
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Fiscalía utiliza por primera vez en Paraguay la notificación plateada de Interpol
El Ministerio Público implementa por primera vez en Paraguay la notificación plateada de Interpol, una herramienta de cooperación internacional que permite identificar y localizar bienes, propiedades y activos que podrían estar vinculados con actividades delictivas. Su utilización representa un nuevo paso en las investigaciones patrimoniales que buscan seguir el recorrido del dinero más allá de las fronteras nacionales.
En Paraguay, la herramienta fue activada en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, con el propósito de ampliar las averiguaciones sobre el destino de los fondos y detectar eventuales activos fuera del territorio nacional. En ese contexto, la Fiscalía también solicitó cooperación a Luxemburgo para localizar y procurar el aseguramiento de posibles bienes vinculados con la causa.
Este mecanismo, incorporado por Interpol en 2025 como parte de un programa piloto, facilita el intercambio de información entre los países miembros para rastrear patrimonios que podrían tener origen ilícito o estar relacionados con investigaciones penales. Entre los bienes que pueden ser objeto de búsqueda figuran inmuebles, vehículos, cuentas y otros activos financieros.
Según explicaron, la notificación plateada no implica por sí misma el congelamiento o decomiso de los bienes, sino que facilita su identificación y ubicación para que las autoridades competentes puedan solicitar las medidas judiciales correspondientes.
Su aplicación abre una nueva vía de cooperación entre los sistemas de investigación de distintos países y fortalece las posibilidades de recuperar activos eventualmente relacionados con hechos punibles.
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Ruta del dinero de Ueno: en los próximos días se tendrán informes internacionales
Otra de las aristas que investiga el Ministerio Público es el destino del dinero que se encontraba en los fondos de Ueno Bank, desde los ahorristas como de las instituciones del Estado. En este sentido, el fiscal Francisco Cabrera explicó que se está trabajando sobre hipótesis y se están realizando diligencias para recabar esa información.
“Como parte de la investigación y que va a ser revisada en los próximos días, justamente es el detalle íntegro de la ruta del dinero desde el 2023, fecha de creación del banco y su evolución histórica, la forma en que fueron depositados, la forma en que fueron ejecutados, el destino que fueron aplicados y, finalmente, analizar cuál de esas conductas tiene alguna responsabilidad penal”, detalló en conferencia de prensa.
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El agente fiscal señaló que, en el marco de su operatividad, no se descarta que varias de las transacciones o destinos de ese dinero se hayan dado de manera legal, pero también no se descarta que se haya realizado de otra manera.
“Claramente, en la numerosidad de las operaciones del banco, probablemente haya algunas que fueron regulares; hay ahorristas que quitaron créditos en forma correcta, y la aplicación de destino de esos fondos quizás no sea irregular. Entonces nos vamos a abocar a determinar y especificar cuáles fueron aquellas irregulares, y posteriormente también el destino y el uso que hicieron de esos fondos en las empresas donde fueron destinadas”, indicó.
Agregó que, como se señala en la imputación, “muchas de estas empresas también eran vinculadas al grupo; eso es objeto de investigación y ya se hicieron las diligencias con relación al destino de esos fondos, si fueron trasladados al exterior, y esperamos la respuesta en los próximos días”.
Ueno bolsas
Respecto a la otra empresa del grupo Vázquez, Ueno Bolsas, indicó que también existe una línea que será abordada en los próximos días, que “es otra parte del banco que todavía no está siendo descripto en la relación fáctica de los hechos atribuidos”.
En ese sentido, indicó que Joshua Abreu también será objeto de investigación, ya que era el director de ese departamento, de esa casa de bolsa de valores. “Se van a analizar los hechos y también las vinculaciones, porque producto de la recopilación de información es que se va detectando también operaciones vinculadas, del banco con las casas de bolsa. Entonces eso sí va a ser objeto de procesamiento y de pronunciamiento del Ministerio Público”, apuntó.