El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) presentó el informe diario de la evolución del COVID-19 en el país. En fecha 7 de noviembre, la cartera sanitaria reportó que fueron procesadas 2.635 muestras, 460 de ellas con resultados positivos, todos casos comunitarios. Nuevamente se informa sobre personas fallecidas a consecuencia del virus y en esta ocasión son 7 los decesos, totalizando hasta la fecha 1.479.
En los diferentes centros asistenciales se encuentran internados 601 pacientes, de los cuales 111 se hallan en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Un total de 688 pacientes figuran en el reporte diario como recuperados, sumando así 47.154 desde el ingreso de la pandemia al país en marzo pasado. El total de casos confirmados hasta hoy asciende a 66.941.
Fallecidos
En el informe del MSPyBS se presentan detalles de la franja etaria de los 7 fallecidos. 1 persona de entre 20 a 39 años, 1 de entre 40 a 59 años y 5 entre los mayores de 60 años en adelante; 2 del sexo femenino y 5 del sexo masculino. Estas personas proceden de las ciudades de Asunción y Encarnación y de los departamentos Central y Caaguazú.
Mayor cantidad de casos activos en Luque
Desde la Dirección de Vigilancia de la Salud confirmaban que el departamento Central es el epicentro del COVID-19 en la actualidad a nivel país. Desde la XI Región Sanitaria confirmaron que la ciudad de Luque es la que registra más casos activos y que cerró octubre con el número más elevado.
“En el mes de octubre Luque tuvo la mayor cantidad de casos y en la actualidad tiene la mayor cantidad de números activos de COVID-19”, expresó el director de la región sanitaria, Roque Silva, y explicó que San Lorenzo es la ciudad con más casos confirmados en el departamento, pero Luque le supera con más casos activos en la fecha.
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Avanza sumario contra sobrinos de legisladora
El director general de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Senadores, Anselmo Duarte, indicó que inició el proceso de sumario a los dos exfuncionarios que estarían vinculados a la senadora Noelia Cabrera. Aunque aclaró que existen ciertas nebulosas con la nueva ley 7445/25 del Servicio Civil, ya que la misma aún está pendiente de reglamentación.
En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que la nueva legislación entró en vigencia recientemente, y aún se está trabajando en lo que respecta a la reglamentación; sobre todo en lo que hace a los sumarios a los funcionarios públicos.
Si bien, el proceso sumarial se puede llevar adelante, aunque hayan renunciado los funcionarios afectados, lo que no se puede establecer todavía son las sanciones al respecto, ya que las mismas deben ser establecidas en la reglamentación.
Mencionó que la máxima sanción que es la destitución, pero ahora con los afectados renunciantes, no queda clara cuál sería esa sanción.
No obstante, recolectarán toda la información con los documentos que se tengan a mano, para llevar a cabo todo el proceso de sumario hasta el paso previo de la sanción, para luego entregar el informe a la presidencia de la Cámara Alta.
“Vamos a llevar adelante una investigación hasta donde corresponde. Solamente que debemos señalar que la nueva ley es un poco difusa, porque no está claro a qué llegamos con el sumario. Porque lo normal de un sumario es llegar a una consecuencia que sería una sanción”, comentó.
Tampoco está reglamentado dentro del Senado, porque también forma parte de la reglamentación de la nueva ley. “Pero aún así tenemos que llevar a término el proceso de sumario, al menos la investigación sumaria”, acotó.
Al respecto, aclaró que la investigación sumarial se basará en las faltas que pudieron cometer los entonces funcionarios Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, sobrinos de la legisladora liberal.
“Esas cuestiones de quién es pariente de quién, nosotros no somos una dirección jurídica de investigación en este caso, ese tema creo que le compete al Ministerio Público investigar si es que existe el hecho punible al respecto”, precisó.
Pedido de pérdida de investidura
Los distintos miembros de la oposición que integran la denominada bancada democrática, reunida el viernes último en la residencia de la senadora Celeste Amarilla, resolvió presentar el pedido de pérdida de investidura contra su colega, la senadora liberal Noelia Cabrera, alegando que existen las suficientes causales.
Al respecto, el líder de la bancada oficialista, el senador Natalicio Chase, insistió a que se debe aguardar que concluya el proceso sumarial antes de que el plenario tome algún tipo de posición y abogó a que sus colegas de la oposición también aguarden el resultado del sumario.
Indicó que, hasta ahora, lo único que se conoce es lo que se informó a través de los medios de prensa y no se tiene confirmación a través de ningún documento. Señaló que el presidente del Senado abrió un sumario, y cuando este concluya se tendrá una mayor capacidad de análisis.
“Nada vamos a hacer de manera apresurada. Cuando termine el proceso de investigación sumarial, seguramente vamos a tener nosotros las herramientas necesarias para tomar una determinación. Por ahora es absolutamente imprudente emitir una opinión. Porque no podemos condenar a nadie sin el debido análisis”, expresó.
Insistió que la bancada de Honor Colorado se mantendrá prudente en este caso aguardando el resultado del sumario para luego llevar adelante su propio análisis y ya será hasta entonces que tomen una decisión al respecto.
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Viceministro de Salud aclara observaciones de la Contraloría sobre compras irregulares
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.
Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.
“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.
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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.
El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.
Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.
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Informe de la CBI ya se encuentra en poder de la Fiscalía
Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Amarilla destaca celeridad del Senado en remitir a EE. UU. informe de la CBI
El senador Dionisio Amarilla celebró la rápida actuación de la presidencia del Senado en relación con el informe final elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que indaga sobre el lavado de dinero en el país. El titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez, dispuso el envío de dos copias del informe a la Cancillería, con el objetivo de que sean remitidas por vía diplomática a Estados Unidos.
“Agradecemos la celeridad de la presidencia de la Cámara Alta que remitió dos copias de los nueve tomos del informe para que Cancillería a su vez remita esto vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, el hallazgo de la Comisión Bicameral de Investigación es contundente”, expresó Amarilla.
Según explicó, el informe consta de nueve tomos con información variada, entre ella, sobre graves irregularidades en el sistema financiero nacional. De acuerdo a lo que explicó el legislador, los resultados de la investigación son “contundentes” y revelan que entidades bancarias del país habrían facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, incurriendo en operaciones de lavado de activos.
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“Creo que a los Estados Unidos le va a interesar bastante este tema, porque hasta creo que estos bancos no pueden seguir siendo corresponsales de remesas y recepción de fondos en el Paraguay”, advirtió en conversación con varios medios de prensa. Amarilla consideró que la cooperación con Estados Unidos puede ser determinante para profundizar las investigaciones y sancionar a los responsables.
En ese sentido, recordó que quien se desempeñó como relator de la Comisión Bicameral, Gustavo Leite, fue recientemente designado embajador de Paraguay ante el gobierno estadounidense.
“Tenemos una ventaja, porque quien fuera relator de la comisión hoy es flamante embajador en Washington. Lo fui a saludar y le pedí personalmente que no olvide dar seguimiento al informe. Estoy seguro de que el embajador Leite habrá tomado muy en serio mi recomendación en ese sentido”, señaló el senador.