Ambas carteras tienen tres días para explicar por qué los precios de la subasta a la baja electrónica no se redujeron con relación al referencial, maniobra evidenciada mediante publicaciones de La Nación.

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

La Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) remitió un pedido de informe al Minis­terio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de Tec­nologías de la Información y la Comunicación (Mitic) a raíz de las denuncias perio­dísticas publicadas en nues­tro medio sobre una serie de irregularidades en las com­pras de tecnología para las escuelas.

El requerimiento del ente rector de compras públicas surge específicamente por la parodia de subasta a la baja electrónica en ambas insti­tuciones, que hicieron per­der millones al Estado.

“Con respecto a la publica­ción periodística efectuada por el diario La Nación, la cual refiere supuestas irre­gularidades en el marco del procedimiento de referen­cia, le manifestamos cuanto sigue: a efectos de clarificar lo expresado en la publica­ción periodística, solicita­mos informes y justifiquen lo referido en la misma, e informen el estado del pro­cedimiento, todo esto en una nota detallada dirigida a la dirección jurídica de esta Dirección Nacional, adjun­tando todas las documenta­ciones que consideran per­tinente, en el plazo de tres días hábiles”, señala el refe­rido documento facilitado por la DNCP.

El MEC y el Mitic deberán explicar a Contrataciones Públicas por qué no se generó la baja de precios en las subas­tas realizadas. Los compara­tivos registran diferencias de menos del 1% entre los refe­renciales y las ofertas.

Nuestro diario había eviden­ciado que los precios oferta­dos en dos megalicitaciones, una de G. 46.429 millones en el MEC y otra de G. 150.820 millones en Mitic, resultan ridículos para la competencia real que se da en una subasta a la baja electrónica que des­ploman hasta un 40% el pre­cio de los ítems ofertados.

El simulacro de las adminis­traciones de los ministros Alejandro Peralta Vierci y Eduardo Petta hicieron perder al Estado la posibi­lidad de ahorro de G. 69.000 millones, solo con las dos licitaciones señaladas. Al frente tienen a dos colabo­radores responsables como ejecutores de proyectos, que son el ingeniero Hugo Tara­bini y Alejandro Duarte.

Ambas licitaciones están lle­nas de denuncias y protes­tas por direccionamiento de las especificaciones técnicas a favor de la marca china Huawei, la favorita del Mitic. De esta forma, se iba dejando fuera a varios proveedores, ganando ventajas continua­mente dos representantes de Huawei, generándoles lucros triplicados con relación a los valores reflejados en las esta­dísticas de importación.

Otra licitación del MEC con ID 357401 correspon­diente a la compra de note­books para instituciones educativas deja aún más al descubierto de que cuando hay competencia en una subasta los precios se des­ploman con relación al refe­rencial. Esta subasta tuvo ofertas con disminución de precios de hasta el 37%.

En cambio, en uno de los lotes (4) de la subasta del Mitic adjudicado a la firma Celexx SA apenas generó una baja de G. 130 millones con relación al estimativo, mientras que el lote 1 que ganó Excelsis tuvo una baja de G. 167 millones. Misma situación se dio en la subasta del MEC señalada inicial­mente, una diferencia irri­soria de G. 80 millones con respecto al estimativo y el volumen de facturación que en condiciones norma­les tendría en reñida puja a los oferentes.

En la DNCP también refie­ren que tienen una investi­gación en proceso, anterior a la de los precios referencia­les que se abrió ayer.

Además del direcciona­miento del pliego de bases y condiciones que favoreció a representantes de la marca Huawei, existen pesquisas en lo referente a incumpli­miento de especificaciones técnicas por parte de las adjudicadas.

Por su parte, la Fiscalía también refiere que están atentos a los informes de la DNCP para abrir una causa penal. Desde el Ministerio Público mencionaron que no pueden apresurarse, pero que de existir evaluaciones comprometedoras resultan­tes de las investigaciones de Contrataciones Públi­cas por protocolo deberán sumarse a la pesquisa.

La directora de Control Gubernamental de la Contraloría Gladys Fernández adelantó que el informe de la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la obra de la pasarela de la cultura, más conocido como el Puente de Ñandutí, será publicado en unas tres semanas.

“Todo depende de la provisión de los documentos, si todos los documentos que hemos solici­tado se provee en la semana entrante, el plazo fenece el miércoles, mis compañeros necesitarían dos semanas o tres semanas como máximo para tener ese informe”, refi­rió la directora en entrevista en Canal Trece.

Con respecto sobre la parali­zación de las obras que se están realizando sobre la autopista Ñu Guasu, la directora refi­rió que por el momento no se habla de suspender los traba­jos, pues la obra está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Una intervención es un acto interno, si se decide suspen­der o no suspender es una atribución del ministro, salvo un pedido expreso de un organismo jurisdiccional o un órgano contralor como el nuestro”, mencionó Fer­nández.

Por otra parte, la directora de control refirió que de encon­trarse irregularidades y se constaten indicios de hechos punibles en la auditoría, de ofi­cio será comunicado al Minis­terio Público u otro organismo que amerite para que inicie con la investigación corres­pondiente. “Si hay irregulari­dades que se se configuren en hecho punibles, el contralor por mandato misma de nues­tra Constitución y de nuestra ley debe comunicar al Minis­terio Público y a otras instan­cias que crea conveniente”, sentenció. La construcción del puente peatonal está sobre la avenida Ñu Guasu generó mucha polémica por su ele­vado costo de US$ 2 millones, teniendo en cuenta la pande­mia y la situación actual del país. Además, los cuestio­namientos se dieron por el diseño, que de de acuerdo al proyecto, se trata del típico ñandutí, sin embargo, solo sería un diseño parecido.

Hoy 16 de enero, el informe del Ministerio de Salud anunció que fueron procesadas 3.402 muestras, 859 de ellas resultaron casos positivos de COVID-19, todos comunitarios. Se informa además del fallecimiento de 16 personas, elevando a 2.495 la cifra de víctimas mortales.

Se encuentran internadas 828 personas, 187 de ellas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Se reporta la recuperación de 872 pacientes aquejados por la enfermedad, totalizando de esta manera 96.687 recuperados. Desde marzo del año pasado hasta la fecha, el total de casos positivos de COVID-19 en Paraguay asciende a 121.648.

El reporte del Ministerio de Salud también incluye la franja etaria de las personas fallecidas en fecha 16 de enero y es la siguiente: de 40 a 59 años, 3 fallecidos, y de 60 años en adelante, 13 decesos. Entre los fallecidos se encuentran 7 personas del sexo femenino y 9 del sexo masculino. Todos ellos proceden de Asunción, Central, Paraguarí, San Pedro, Cordillera, Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú y Concepción.

El jueves pasado, el Hospital Nacional de Itauguá fue beneficiado con 80 nuevas camas para la internación de pacientes con cuadros de COVID-19; de estas, 16 fueron destinadas para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), pero a la fecha ya fueron ocupadas en su totalidad.

“Habilitamos camas de terapia en el Nacional y ya están llenas”, afirmó el director de la Región Sanitaria de Central, el doctor Roque Silva. Lamentó que se estén relajando las medidas sanitarias en el departamento. El profesional reiteró que con estos casos, Central ya superó todos los números en cuanto a ocupación de camas de terapia.

“Batimos récord de pacientes en UTI (en los hospitales públicos) y en los privados con 31 lugares ocupados”, señaló.

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