El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.

Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.

Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.

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Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.

El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.

Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.

“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.

Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.

Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.

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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios  conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.

Fuente: AFP

Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.

A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.

“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.

El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.

Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.

“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.

El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.

En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.

No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.

Ante la posible crecida del río Paraguay, especialmente en la zona de los bañados y otras zonas ribereñas de la capital, la comuna de Asunción avanza en la elaboración de protocolos de emergencia y habilitación de albergues para afrontar los efectos del fenómeno “El Niño”.

En ese marco, la Dirección de Gestión de Riesgos se encuentra trabajando en la planificación y ejecución de medidas preventivas.

Por instrucciones del intendente Luis Bello, las tareas se desarrollan de manera coordinada con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con el objetivo de resguardar la seguridad y la integridad de miles de familias asentadas en zonas ribereñas de la capital.

El jefe operativo de Primera Respuesta, Eduardo Olmedo, informó que actualmente el nivel del río Paraguay en Asunción se encuentra en 3,15 metros, situación que mantiene vigente el estado de alerta y un seguimiento permanente de los indicadores hidrológicos.

Indicó que los informes técnicos de la Dirección de Meteorología e Hidrología y de la SEN prevén que, hacia finales del presente mes, el cauce podría alcanzar niveles considerados críticos, ubicándose entre los 3,80 y 4 metros, escenario que obligaría a activar los protocolos de emergencia previstos por las instituciones responsables.

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“Estamos preparando todo el escenario necesario para poder activar nuestro protocolo de emergencia y salvaguardar la integridad de las personas que viven en las zonas vulnerables de la ciudad de Asunción”, señaló.

Como parte de las acciones preventivas, la Municipalidad ya trabaja en la identificación y acondicionamiento de predios municipales que podrán ser utilizados como albergues temporales para las familias afectadas.

Olmedo destacó que la estrategia apunta a evitar la proliferación de asentamientos improvisados en calles y espacios públicos, priorizando refugios organizados que permitan brindar mejores condiciones de seguridad, atención y asistencia a las personas damnificadas.

Indicó además que, dependiendo de la magnitud de la emergencia, se prevé recurrir nuevamente a acuerdos con instituciones privadas y organizaciones que históricamente colaboraron durante las inundaciones, aunque la prioridad actual es utilizar espacios públicos y municipales debidamente acondicionados.

Asimismo, confirmó que la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD), dispone de insumos básicos para las primeras asistencias, incluyendo chapas, colchones, abrigos y otros elementos esenciales para las familias que eventualmente deban ser evacuadas.

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La justicia de Bolivia anuló ayer viernes las órdenes de captura que pesaban sobre dos líderes sindicales que alientan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó a la AFP la Central Obrera Boliviana (COB).

Obreros y campesinos que exigen una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas y la renuncia del mandatario de centroderecha, con sólo seis meses en el poder, se han negado hasta ahora a dialogar con el gobierno. Una de sus condiciones era precisamente la revocatoria de los mandatos de detención.

Con bloqueos de carreteras, los manifestantes cercan a La Paz, donde se ha disparado la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. “El día de hoy se ha llevado una audiencia” en la que los jueces “han determinado levantar la orden de aprehensión en contra” de Mario Argollo, jefe de la COB, principal organización obrera de Bolivia, dijo Gabriel Mena, secretario de comunicación de la institución.

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La medida también cobija a Vicente Salazar, líder de los campesinos aimaras conocidos como Ponchos Rojos, precisó. Sus capturas fueron ordenadas por la Fiscalía, que los denunció por supuestamente instigar fuertes protestas en La Paz que terminaron en disturbios. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a la AFP la decisión judicial.

Ayer viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana. Durante un acto público el miércoles, Paz invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, instaló esta semana una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo. Los obreros y campesinos no asistieron a ninguna sesión.

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Argollo dijo este viernes en un video difundido por medios locales, que “las bases” de la COB decidirán si el sindicato conversará o no con el gobierno. Un congreso obrero se realizará este sábado para debatir esa posibilidad. El gobierno de Rodrigo Paz denuncia un supuesto intento de “alterar el orden democrático”. Acusa al exmandatario Evo Morales, prófugo por un presunto caso de trata de una menor, de estar detrás.

Fuente: AFP