Los Ministerios Públicos de Paraguay y el Principado de Andorra firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se sustancien en cada uno de los países. Además, se prevén intercambiar experiencias, desarrollos, técnicas y otro tipo de informaciones importantes para el desarrollo investigativo.

Por parte del Ministerio Público se encontró la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez. Por parte del Ministerio Fiscal del Principado de Andorra, el Sr. Alfons C. Alberca Sanvicens. Ambas autoridades suscribieron el acuerdo en cuestión, a través de medios telemáticos.

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Esta cooperación se lleva adelante reconociendo la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación entre ambos Ministerios Públicos en la persecución de la delincuencia organizada transnacional, según explicaron los protagonistas.

“Observando que es necesario modernizar y optimizar los mecanismos de colaboración en materia de prevención y lucha contra la delincuencia, especialmente la delincuencia organizada transnacional, que satisfagan de manera oportuna las exigencias de la sociedad”, indica un comunicado.

Se acordó que ambos Ministerios Públicos deberán colaborar en el marco del presente protocolo, conforme a sus respectivas competencias, observando el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados, así como los compromisos internacionales adquiridos.

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El presente protocolo tiene como objetivo intercambiar experiencias, desarrollos, avances, estrategias investigativas, técnicas de litigación y capacitación técnica entre los Ministerios Públicos firmantes, así como el intercambio de información en el marco de investigaciones criminales.

Ambos ministerios promoverán mediante el trabajo coordinado, la capacitación jurídica y técnica de su personal, generando programas conjuntos, pasantías en áreas de interés recíproco, seminarios, reuniones de expertos y jornadas académicas sobre los temas de interés de ambos Ministerios Públicos.

Además, a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y garantizar la más amplia colaboración en la cooperación en relación con los procedimientos penales, se acuerda prestar la mayor colaboración posible en el ejercicio de sus competencias y garantizar, de esta manera, la protección de los derechos humanos y las libertades individuales.