La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, indicó que mediante la implementación del programa Hambre Cero en las escuelas 17.231 personas, en su mayoría mujeres, se encuentran registradas en el sistema de cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS).

“A mediados de marzo comenzamos a realizar las verificaciones y trabajamos directamente con las empresas adjudicadas. Uno de los componentes del programa es la generación de empleos. Cuando nosotros empezamos las verificaciones habían nada más 5.000 trabajadores registrados dentro del programa a nivel país”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proceso de verificación laboral inició el pasado 6 de marzo y se extendió hasta el 22 de abril. Hasta el momento fueron verificadas 221 instituciones educativas: 16 en Asunción, 170 en Central y 35 en Presidente Hayes.

El cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco comenzará el miércoles 7 de mayo, según la oficina de prensa de la Santa Sede. Los cardenales presentes en Roma tomaron la decisión este lunes en su quinta Congregación General.

El cónclave tendrá lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, que permanece cerrada a los visitantes durante esos días. Este lunes el Vaticano comenzó los preparativos del cónclave que elegirá al sucesor del primer pontífice latinoamericano. Se informó el cierre de la majestuosa estancia del Palacio Apostólico para organizar la elección del nuevo líder espiritual de 1.400 millones de católicos.

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) coordinan esfuerzos para el envío de 44.000 kilos de alimentos no perecederos que serán entregados a las familias afectadas por las inundaciones en Concepción.

Según reportaron, en total se entregarán 1.915 kits de alimentos, de los cuales 1.200 serán enviados a la zona de San Lázaro y 740 se destinarán a la comunidad de Itakua. Ambas localidades son las que se encuentran con mayor cantidad de familias afectadas por el avance de la inundación. Las autoridades anunciaron que esta es solo la primera parte del envío de asistencia.

España sufrió este lunes un apagón eléctrico que afecta a millones de personas en la gran mayoría de su territorio continental y que tocó a Portugal y partes de Francia, indicó el gestor de la red eléctrica portuguesa REN.

“REN confirma un corte masivo de luz en toda la península ibérica, que afecta también una parte del territorio francés y cuyo impacto alcanzó Portugal desde las 11:33 (10:33 GMT)”, indicó la empresa en un comunicado enviado a AFP.

La Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente, pero fue rechazada por el juez Rolando Duarte, quien devolvió a la fiscal Laura Finestra la imputación que formuló contra el trabajador de 60 años que disparó contra dos personas que intentaron asaltarlo, una de ellas murió. Habría legítima defensa.

Carlos Alberto Garcete Calastra fue imputado por el Ministerio Público por el supuesto hecho punible de homicidio doloso, luego de que matara a un joven de 18 años que intentó asaltarlo en el barrio Santa Ana de Asunción.

Una mujer fue elegida para presidir el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP). La responsabilidad de dirigir la compañía recayó en Lorena Canan, quien presta servicios en la unidad asentada en la ciudad de Mariano Roque Alonso (MRA).

La voluntaria consideró como un hecho histórico su ascenso dentro del CBVP en los 47 años de creación de la institución. “Fui electa ayer a través de la asamblea general de nuestra institución que se realiza cada dos años, donde hacemos la elección de nuestras autoridades del directorio nacional. Y acá estoy ya a pasos de la asunción al mando en este cargo tan importante y tan desafiante”, expresó al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.

Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.

El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.

El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.

Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.

“El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", sostuvo el abogado Rolando Aquino tras reclamar al Ministerio Público avanzar con imputaciones contra los responsables de autorizar y controlar la construcción del edificio derrumbado.

“Ante cualquier evento donde fallecen personas, donde hay por ejemplo una riña y termina con la muerte de personas, generalmente el fiscal ordena la detención e imputa al rollo para luego determinar quién es el responsable. Me llama la atención que a simple vista es patente la negligencia de los intervinientes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.

Aquino ejerce la representación legal de Karen Alfonso, madre de la adolescente Montserrat Brítez, una de las víctimas fatales del derrumbe del edificio en Encarnación, ocurrido en la noche del pasado 2 de abril.

“Como mínimo se debió imputar ya por actividades peligrosas en la construcción a los responsables. Las víctimas esperan esto. La madre está muy devastada, su primera instrucción siempre fue que se haga justicia y que se le castigue a los responsables. El deseo nuestro es que se impute para luego determinar las responsabilidades conforme al rol que cumplió cada uno”, dijo el abogado.

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La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad de Encarnación que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.

“El hecho ocurrió el 2 de abril durante la noche y el 6 o 7 de abril, nosotros ya presentamos la denuncia penal que fue firmada por la madre por derecho propio. Hasta yo diría que en este caso se puede pasar del aspecto culposo de la conducta como mínimo al doloso. Se siguió esta obra con vicios y horrores“, mencionó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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