Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteados durante la tramitación de la causa.

El Tribunal de Apela­ción en lo Penal, Pri­mera Sala de la capital, resolvió revocar la resolu­ción por la cual el juez Penal de Garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación plan­teado por la fiscala Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anti­corrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. n.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la reso­lución es el análisis de los sucesivos recursos, inciden­tes, recusaciones y acciones planteados durante la tra­mitación de la causa. Según el tribunal, esta concatena­ción de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.

La resolución señala que el expediente fue devuelto for­malmente al juzgado de ori­gen recién el 14 de diciembre de 2021. Entre las actuaciones enumeradas figuran recur­sos de reposición y apelacio­nes, incidentes de nulidad, una acción de inconstitucio­nalidad y sucesivas recusa­ciones. El tribunal también cita una resolución de 2022 que quedó firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema declarara inadmisi­ble un recurso extraordinario de casación en 2025.

Además de revocar la decisión del juez López Samudio, los camaristas Paublino Esco­bar, Jesús Riera y Adriana Giagni exhortaron al magis­trado interviniente a aplicar el procedimiento previsto en la Acordada n.º 1814 de la Corte Suprema de Justicia, de modo de velar por la regula­ridad del litigio y desalentar planteamientos dilatorios o el abuso de las facultades pro­cesales.

La Cámara impuso las costas en el orden causado. Con la decisión, queda pendiente la definición de la audiencia pre­liminar, instancia en la que se deberá analizar la acusación y determinar si corresponde elevar la causa a juicio oral.

El proceso se origina en la investigación sobre la cons­trucción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones.

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez Penal de Garantías N.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, en el caso conocido como “Comisarías de Oro”.

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscala Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteados durante la tramitación de la causa. Según el Tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.

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La resolución señala que el expediente fue devuelto formalmente al juzgado de origen recién el 14 de diciembre de 2021. Entre las actuaciones enumeradas figuran recursos de reposición y apelaciones, incidentes de nulidad, una acción de inconstitucionalidad y sucesivas recusaciones. El Tribunal también cita una resolución de 2022 que quedó firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema declarara inadmisible un recurso extraordinario de casación en 2025.

Además de revocar la decisión del juez López Samudio, los camaristas Paulino Escobar, Jesús Riera y Adriana Giagni exhortaron al magistrado interviniente a aplicar el procedimiento previsto en la Acordada N.º 1814 de la Corte Suprema de Justicia, de modo a velar por la regularidad del litigio y desalentar planteamientos dilatorios o el abuso de las facultades procesales. La Cámara impuso las costas en el orden causado.

Con la decisión, queda pendiente la definición de la audiencia preliminar, instancia en la que se deberá analizar la acusación y determinar si corresponde elevar la causa a juicio oral. El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.

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La destrucción que sufrió Ciudad del Este en estos últimos ocho años es una situación nunca vista. El cambio que prometió Miguel Prieto al ubicarse en la intendencia con la caída de lo que señalaba una hegemo­nía colorada, fue una gran mentira que, sus actos en la municipalidad hicieron tocar fondo a esta ciudad cuyas calles, avenidas, plazas como demás espacios públicos están sumidos en la basura y el deterioro.

La ciudad entera está en la decadencia, esta es una realidad que no se había dado ni en los tiempos de las administraciones más denunciadas en la historia de la ciudad como fue principalmente, la gestión muni­cipal que antecedió a la de Miguel Prieto.

Prieto y sus amigos tomaron la municipa­lidad de Ciudad del Este después de una intervención política impulsada con una maratónica campaña mediática. El obje­tivo, a todas luces siempre fue delegar el poder en la administración a los opositores al partido colorado y lo consiguieron, pero los resultados que dejan luego de esa toma de hace ocho años son deplorables.

La mentira, la desidia y la corrupción se apoderó de Ciudad del Este. Más grave aún es que el estado de terapia intensiva admi­nistrativa y estructural está solapado por una hipocresía mayoritaria de los medios de comunicación que, sin desparpajo se desentienden y hasta intentan blanquear ante la opinión pública al exintendente des­tituido precisamente por actos de corrup­ción. Esta zona fronteriza del país, en gran medida es la antesala del territorio nacio­nal, es la primera impresión para quienes cruzan el puente de la Amistad o arriban de afuera al aeropuerto de Guaraní. Por ello es altamente nocivo para la imagen, el estatus país el semblante de Ciudad del Este que, hoy es noticia a nivel internacional por el basural que la inunda.

La última lluvia que removió las toneladas de basura, entre los que se podía ver monto­nes de desechos peligrosos, objetos cortan­tes, etc. puso ante los ojos del país y de otros países vecinos el estado calamitoso de Ciu­dad del Este. Esto es apenas una parte de este distrito carcomido por la corrupción en toda su extensión.

Las calles de Ciudad del Este están rotas, asfaltos llenos de pozos, pese a que Prieto y sus amigos pagaron miles de millones por una planta asfáltica, insumos de mantenimiento de pavimentos. La zona comercial como varios otros sitios están atascados de basura, chatarras, esto es una bomba de tiempo en una ciudad que moviliza hasta 100.000 perso­nas por día en su área comercial.

Las condiciones mencionadas de la ciudad son producto de la desidia y la corrupción, principalmente. Ocho años del prietismo han representado el mayor asalto a las arcas de municipalidad mediante la admi­nistración fraudulenta que sistematizaron en la institución.

Las maniobradas contrataciones públicas, la desmedida repartija, el perjuicio patri­monial con millonarios pagos sin contra­prestación de los servicios, el nepotismo voraz sin mayor productividad más que la complicidad en los fatos del exintendente y su camarilla de angurrientos, hicieron tocar fondo a Ciudad del Este.

El descaro imperante por mantener el zoquete y seguir manoteando los recursos municipales tienen a toda la gavilla enfo­cada en la reelección del sucesor de Prieto, Daniel Pereira Mujica. El secretario del exintendente, ubicado al frente de la muni­cipalidad en este momento, Pedro Acuña está realizando llamados a contratación a mansalva, con el mismo modus operandi de asegurar millonarios desembolsos en con­cepto de anticipo, en plena campaña elec­toral.

Este sistema de apurar licitaciones, de sacar llamados a mansalva, previa eleccio­nes es habitual por parte de la rosca empo­trada en la municipalidad desde la llegada de Prieto. Están acostumbrados a las rifa­das de la plata de la gente en busca de sos­tener el zoquete, no les importa sacrificar obras, infraestructura, sino liberar fondos.

En este contexto, queda muy pocas espe­ranzas a esta ciudad. La única alternativa es que en las urnas se acabe con el festín y el sufrimiento de un distrito que tiene todo el potencial de ser una zona de desarrollo.

Los resultados de la gestión de quienes están al mando de la comuna están a la vista, la decisión depende de los dueños de casa que son los contribuyentes de Ciudad del Este. La hipocresía que disfraza la mala gestión está en una instancia clave, acabar con la desidia y la corrupción dependerá del poder concedido o retirado mediante las urnas.