Desde el Ministerio de Salud anunciaron este domingo que finalizó la primera edición del curso de capacitación “Fundamentos de Inteligencia Artificial para Políticas Públicas”, dirigido a funcionarios públicos.

Informaron que la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos del Ministerio participó del curso, con el que se refleja el compromiso con la innovación, la modernización institucional y el fortalecimiento de la gestión basada en evidencia.

La Mgtr. María Cristina Retamozo Subeldía, directora de la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos, participó de la actividad que fue organizada de manera conjunta por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Unesco y la Unión Europea.

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Desde la cartera sanitaria destacaron que durante la apertura, las autoridades nacionales se refierieron al papel de la inteligencia artificial como motor de transformación social, así como la responsabilidad del sector público de liderar su implementación de manera ética, segura y orientada al bienestar de la ciudadanía.

Entre los participantes estuvieron el Benjamín Barán, la representante de la Unesco, Natalia González Alarcón, y Kirsti Ala-Mutka, en representación de la Unión Europea.

“La participación del MSPBS en este espacio permite avanzar en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de investigación, planificación y evaluación de políticas sanitarias. La capacitación abordó tanto fundamentos técnicos como marcos éticos para la implementación responsable de estas tecnologías en el ámbito público”, expresaron los organizadores.

Finalmente agregaron que el programa incluyó siete módulos temáticos desarrollados por expertos internacionales, orientados a brindar herramientas prácticas para el uso estratégico de la inteligencia artificial en la gestión pública.

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Este sábado, un choque entre motocicletas se reportó sobre la ruta D027 en la ciudad de Julián Augusto Saldívar, donde uno de los conductores falleció en el instante y el otro luego de llegar al hospital de Guarambaré. A consecuencia del accidente fue afectada una tercera moto, en que iban una mujer y su hijo, quienes cayeron, pero resultaron ilesos.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de este sábado sobre la ruta D027. Los vecinos de las zona indicaron que no se trata de la primera vez que ocurre un accidente similar en el mismo sitio por la falta de iluminación. Se cuenta con imágenes cámaras de seguridad, pero no se logra ver como ocurrió el percance.

“Rescatamos el video donde se puede ver que uno de ellos iba a gran velocidad y ninguno de los conductores llevaba casco. Ambos venían con dirección contraria e impactaron de frente, por ese impacto otra moto cayó en el que iban una mujer con su hijo”, puntualizó la oficial Elizabeth Palacios, en entrevista con canal Trece.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Eudes Alfonso Araujo, de 28 años, que falleció en el instante y Édgar Alberto Centurión Segovia, de 40 años, quien falleció en el Hospital de Guarambaré. En tanto que, las otras dos personas involucradas fueron Alan Giovani Alcaraz Capdevila, de 22 años, quien viajaba acompañado por su madre Catalina Capdevila, de 43 años.

Se constató que estuvieron involucrados una motocicleta Motostar SK200 que era guiado por el joven de 28 años y una motocicleta Kenton GTS200 conducido por el hombre de 40 años. La tercera moto era de la marca Maruti HB110 Buzz en el que iban una mujer y su hijo. “Los otros dos involucrados fueron derivados al Hospital del IPS Ingavi para recibir atención médica”, indicó.

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El avión militar transportaba a más de un centenar de efectivos cuando cayó en una zona boscosa.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Al menos 69 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance el martes del siniestro atribuido por el gobierno a una aeronave “chatarra” donada por Estados Unidos. El avión Hércules fabricado en 1983 se precipitó a tierra el lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú.

La aeronave transportaba 126 ocupantes y municiones, según un balance oficial revisado a la baja el número de personas a bordo. El accidente aún en investigación dejó 57 militares heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes. Los campesinos sufrieron lesiones por las municiones que estallaron en medio de las llamas.

El presidente izquierdista Gustavo Petro señala a su antecesor Iván Duque (2018-2022) de haber recibido un avión “chatarra” de Estados Unidos. “Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años”?, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de “ruin y falto de inteligencia” y lo instó a hacer “una investigación que incluya el peso” que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto. El Ministerio de Defensa descartó un ataque de las guerrillas que operan en el territorio plagado de narcocultivos.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”. Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís.

El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina. Imágenes de cadenas humanas lanzando agua y pobladores sacando heridos en motocicletas se viralizaron en redes sociales. Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a Bogotá para las investigaciones forenses, anunció el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral contra médicos residentes serían causales.

El Ministerio de Salud ordenó la interven­ción del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hos­tigamiento y violencia labo­ral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias”, manifestó ayer el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM. Añadió que desde el momento que apareció la pri­mera denuncia puntal de una médica residente, hace apro­ximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acu­sados, el jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes. “Las personas denunciadas fueron separa­das de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue pre­sentada ante la Secretaría Anti­corrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocu­rrido el año pasado en el servi­cio de cirugía. Según expresio­nes del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores. Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

Por otra parte, el Tribunal de Apelación Penal 3.ª Sala, inte­grado por los jueces Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, decidió confirmar la condena aplicada por el Tribunal de Sentencia a Carlos Granada.

Cabe recordar que el perio­dista y exgerente de prensa del SNT había sido senten­ciado a 10 años de cárcel tras ser hallado culpable de coac­ción, coacción sexual y acoso sexual, luego de múltiples denuncias formuladas en su contra. Los magistrados con­sideraron que la pena fue apli­cada correctamente, razón por la que –a su criterio– no existen elementos que pudie­ran motivar su anulación y dejarla sin validez.