En circunstancias aún desconocidas, por la madrugada de este martes asesinaron a punta de arma de fuego al hijo del expolítico Teodoro Teico Rivarola y de la exconcejala de Fernando de la Mora Myriam Julián de Rivarola, en la estancia familiar ubicada en el distrito 3 de Mayo, en el departamento de Caazapá.
El hecho ocurrió cerca de las 3:30 de la madrugada de este 13 de octubre, específicamente en el portón ubicado dentro del interior del establecimiento ganadero denominado Estancia Rivarola, ubicado en la compañía Colonia Unida, distrito 3 de Mayo.
La víctima fatal fue identificada como Iván Rivarola, paraguayo, mayor de edad, hijo de los citados expolíticos. El hombre recibió un disparo de arma de fuego en la altura de la cabeza, lado derecho, cuya herida no registra un orificio de salida de la bala. Según el informe de la Comisaría Nº 27 Dolores, hasta ahora se desconoce el calibre del arma utilizada para la ejecución del hombre.
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Supuesto autor, aprehendido
Resultó aprehendido el sujeto identificado como Blas Sosa Miranda, paraguayo, de 53 años de edad, quien fungía como guardia de seguridad del establecimiento ganadero familiar. Este hombre es el principal sospechoso del asesinato del citado ciudadano.
En la locación, continúa la labor del personal policial interviniente, además de la constitución de funcionarios del Ministerio Público y del médico forense para el procedimiento de rigor.
Si bien hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho, en redes sociales trascendió de forma no oficial que la situación habría derivado en tal desenlace supuestamente luego de rondas de ingesta de alcohol. Sin embargo, se aguarda mayor información y precisión desde el Ministerio Público para conocer una hipótesis del móvil del suceso.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Hernandarias: en accidente laboral falleció un joven por caída desde 14 metros de altura
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un joven trabajador falleció esta mañana al caer desde el techo de una construcción en la zona industrial de Hernandarias. Fue víctima Matías Alexis Sanabria Benítez (27), domiciliado en la misma ciudad, quien fue auxiliado por sus compañeros de trabajo y trasladado hasta el Hospital Distrital, aunque ya llegó sin signos de vida, según el médico de guardia Arturo Diarte.
El hecho ocurrió a las 07:20 de hoy en una obra que se está edificando a unos 500 metros de la Ruta PY07, a cargo de la constructora Rotesma (Industria de prefabricados de hormigón), según reportó la Comisaría 24° del barrio Puerta del Sol.
Algunos trabajadores del lugar refirieron al personal policial que se encontraban instalando lana de vidrio y chapa en el techo cuando se produjo la caída.
Indicaron que Matías Alexis desprendió el arnés de seguridad como para moverse del lugar y quiso apoyarse sobre la viga de cemento, pero resbaló y perdió el equilibrio, registrándose la caída, según el informe de la Comisaría 24.
El comisario Luis Carlos Giménez, jefe de la Comisaría 24, dijo a La Nación/Nación Media que los trabajadores se encontraban a unos 14 metros de altura y, según los testigos, la víctima supuestamente “no utilizó en forma correcta los equipos de seguridad que la empresa le proveía”.
Informó que en el lugar citado se está construyendo una futura planta industrial de unos 200 metros de largo y 120 metros de ancho y es donde estaban los trabajadores cuando ocurrió el accidente de uno de ellos.
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Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
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La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.
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Balística confirma: arma usada en Eusebio Ayala es del asalto en San Pedro del Paraná
El arma de fuego utilizada para ocasionar la muerte de Rebeca Martínez y el intento de asesinato de Carolina Raquel Aguilar, tras una jineteada el pasado 28 de setiembre en Eusebio Ayala, fue robada durante un asalto en perjuicio de un comerciante en un motel en San Pedro del Paraná.
La víctima resultó ser el propietario del motel Siete Lunas, de nombre Facundo Ramos Sanabria (75), tío de Alcides Ramos, alias “Ka´i", uno de los cinco implicados en el crimen ocurrido en la localidad de Eusebio Ayala.
Para la Policía, el caso del crimen está prácticamente cerrado, más aún con este último procedimiento en que se comprobó que el arma usada (revólver) fue sustraída durante un asalto en el departamento de Itapúa, ocurrido en la madrugada del martes 22 de setiembre pasado, en donde la banda de Júnior Delvalle además robó dinero.
El comisario Luis López, jefe del departamento Contra el Crimen Organizado, confirmó que las investigaciones están casi cerradas, más con la comprobación del uso del arma en el crimen contra las dos mujeres en la ciudad cordillerana.
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El trasfondo del atentado sería una “venganza”, según se dijo ayer martes durante una conferencia de prensa convocada por autoridades de diversas unidades policiales, para dar a conocer los avances en la investigación por el atentado a tiros ocurrido en la ciudad cordillerana.
Por el caso, están detenidas cinco personas: Édgar Clodomiro Rodríguez, alias “Chule” (28); Alcides Ramos Osorio, alias “Ka’i”, (39); Braian Matías Funes Galeano, alias “Mati”, (26), José Quintín Velázquez Martínez, (44), y Júnior Delvalle (30), capturado en el transcurso de las últimas horas.
Asimismo, ayer encontraron en la cima del cerro Piribebuy dos camionetas que pertenecerían a Junior Delvalle, líder de la banda criminal que en su haber tendría nada menos que diez asaltos, según la Policía.