Salud analiza implementar el “modo seguro de vivir” para Caacupé 2020
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La directora de Promoción de la Salud, Adriana Amarilla, explicó que se está trabajando para un protocolo sanitario en el marco de la festividad religiosa de la Virgen de Caacupé, celebrada cada 8 de diciembre. La idea es implementar también el “modo seguro de vivir”.
“Estamos con una mesa de trabajo con el objetivo operativo Caacupé para hacerlo en un modo seguro de vivir, con todo lo que eso implica. No va a ser probablemente igual”, manifestó Amarilla en comunicación con la 1080 AM.
Sostuvo que lo más probable es que la mayor festividad mariana del país este año sea muy diferente a como se realiza habitualmente ante el COVID-19. La idea es aplicar “todo lo aprendido” estos meses de la pandemia a fin de evitar un mayor contagio.
Amarilla indicó que el protocolo prevé “adaptaciones” para la mayor festividad religiosa del país e insistió en que no será igual a los años anteriores. De momento se maneja la posibilidad de limitar la cantidad de fieles durante la misa central en la villa serrana.
“Tenemos pensado diferentes tipos de controles y estrategias para minimizar las aglomeraciones. El número de personas se va a limitar en cuanto a la celebración eucarística, el tema de la peregrinación no implica tanto peligro; no obstante, estamos pensando en poner filtros sanitarios en diferentes puntos”, agregó la profesional.
Una de las opciones es realizar la misa central en el predio ubicado en el kilómetro 63, hacia la localidad de Piribebuy. La segunda es la propiedad del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), en el kilómetro 48,5, buscando evitar la aglomeración entre los feligreses.
Caacupé: imparten búsqueda y localización de adolescente que está desaparecido desde ayer
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El Ministerio Público ordenó este miércoles la búsqueda y localización de un adolescente de 14 años que está desaparecido desde ayer martes en la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera. El menor fue visto por última vez en un conocido supermercado de la zona desde donde abordó un bus.
La agente fiscal Zulma Benítez, de la Unidad de turno n.º 4, solicitó a la comisaría que intervino en la denuncia, un informe detallado sobre los avances de la investigación en el marco de la denuncia sobre la desaparición del adolescente Andrés Villalba Aldan, de 14 años, oriundo de Caacupé.
Según datos proveídos por la madre del desaparecido, el martes 16 de setiembre, Andrés acompañó a su abuela a realizar unas compras a un supermercado de la zona, pero en un momento dado ya no lo vio. Su abuela lo buscó y testigos le indicaron que subió a un colectivo de Caraguatay.
“La Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización del desaparecido y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición”, expresó Benítez, en el informe que fue remitido a la Policía Nacional.
Recordó a la comisaría que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas. Ante cualquier información que pueda aportar la ciu ebndadanía se ruega comunicar a la Sede Fiscal o al (0986) 802 – 007.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. Foto: Archivo
Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
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Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
El juez Humberto Otazú citó en audiencia preliminar a Miguel Prieto (foto) y a los otros 10 acusados por supuesta lesión de confianza en el caso vinculado a "Tajy". Foto: Archivo
Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.