La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) implementarán progresivamente nuevos procedimientos de trazabilidad y control aduanero para el transporte internacional de cargas menores entre Foz de Iguazú, Brasil, y Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, en Paraguay. La medida se enmarca en el protocolo bilateral suscrito entre ambos países en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

El cronograma establece que desde el 1 de noviembre se exige el Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) para las exportaciones brasileñas comprendidas en el acuerdo y destinadas al régimen de importación menor (IM05) en Paraguay. Del 3 al 15 de noviembre habrá un periodo de transición para que los operadores se adecuen, mientras que desde el 16 de noviembre se exigirán integralmente todos los requisitos.

Además, las operaciones de exportación desde Brasil deberán registrar los datos de embarque en el módulo de Control de Carga y Tránsito (CCT) del Portal Único Siscomex, conforme a los procedimientos de la Receita Federal brasileña.

Los transportistas habilitados por la Dinatran deberán registrarse ante la DNIT como Personas Vinculadas a la Actividad Aduanera (PVAA), bajo la modalidad Empresa de Transporte - Carga Menor Terrestre. Para ello, primero deberán obtener la autorización de sus unidades de transporte y posteriormente completar los trámites aduaneros correspondientes.

Entre los requisitos figuran el registro de al menos tres vehículos mediante el Formulario 604 y la posterior habilitación PVAA a través del Formulario 621, para lo cual se deberá acreditar la titularidad de al menos un vehículo y contar con patente comercial vigente. Los contribuyentes con RUC activo realizarán el trámite mediante el sistema Marangatu, mientras que las empresas extranjeras podrán utilizar los servicios en línea de la DNIT sin clave de acceso.

La implementación será gradual y coordinada entre las autoridades de ambos países, con el propósito de facilitar la adaptación de los transportistas y mantener la fluidez del tránsito fronterizo. La DNIT también anunció la elaboración de guías para orientar a los operadores sobre los procedimientos de registro y habilitación, que estarán disponibles en sus canales institucionales.

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Carencia en sectores clave como transporte, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.

Paraguay requiere inversio­nes por USD 15.175 millones entre 2025 y 2030 para cerrar las brechas de infraestruc­tura en sectores clave como transporte, agua y sanea­miento, electricidad y teleco­municaciones. Así lo señala un informe del Banco Inte­ramericano de Desarrollo (BID), que advierte sobre las necesidades de recursos para mejorar la cobertura y la cali­dad de los servicios.

El sector transporte con­centra la mayor demanda de inversión, con USD 6.170 millones, seguido de agua y saneamiento, con USD 4.194 millones. Por su parte, elec­tricidad requiere USD 2.450 millones y telecomunicacio­nes, USD 2.361 millones. En conjunto, transporte y agua y saneamiento representan cerca del 68 % del monto total estimado.

Dentro del área de trans­porte, la infraestructura vial representa la mayor parte de los recursos necesarios, con USD 5.299 millones. Estas inversiones contem­plan la ampliación, el man­tenimiento y el reemplazo de estructuras existentes, con el objetivo de avanzar en las metas de acceso y calidad de los servicios.

El documento también des­taca los desafíos pendientes en materia de cobertura de agua, ya que el acceso ges­tionado de manera segura alcanzaba el 64,4 % de la población paraguaya. En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura resulta fundamental para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo.

En cuanto a las perspecti­vas fiscales, el estudio prevé una recuperación gradual de la inversión pública, cuya adquisición neta de activos no financieros pasaría del 1,6 % del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 1,8 % en 2026.

Las estimaciones nacionales y regionales sitúan las necesi­dades de inversión en infraes­tructura entre el 4,6 % y el 6 % del PIB anual. Alcanzar estos niveles supone desafíos de financiamiento y asigna­ción de recursos, por lo que el BID plantea priorizar proyec­tos, mejorar la eficiencia de la inversión pública y recurrir a mecanismos complementa­rios de financiamiento.

Paraguay requiere inversiones por USD 15.175 millones entre 2025 y 2030 para cerrar las brechas de infraestructura en sectores clave como transporte, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Así lo señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advierte sobre las necesidades de recursos para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios.

El sector transporte concentra la mayor demanda de inversión, con USD 6.170 millones, seguido de agua y saneamiento, con USD 4.194 millones. Por su parte, electricidad requiere USD 2.450 millones y telecomunicaciones, USD 2.361 millones. En conjunto, transporte y agua y saneamiento representan cerca del 68 % del monto total estimado.

Dentro del área de transporte, la infraestructura vial representa la mayor parte de los recursos necesarios, con USD 5.299 millones. Estas inversiones contemplan la ampliación, el mantenimiento y el reemplazo de estructuras existentes, con el objetivo de avanzar en las metas de acceso y calidad de los servicios.

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El documento también destaca los desafíos pendientes en materia de cobertura de agua, ya que el acceso gestionado de manera segura alcanzaba el 64,4 % de la población paraguaya. En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura resulta fundamental para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo.

En cuanto a las perspectivas fiscales, el estudio prevé una recuperación gradual de la inversión pública, cuya adquisición neta de activos no financieros pasaría del 1,6 % del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 1,8 % en 2026.

Las estimaciones nacionales y regionales sitúan las necesidades de inversión en infraestructura entre el 4,6 % y el 6 % del PIB anual. Alcanzar estos niveles supone desafíos de financiamiento y asignación de recursos, por lo que el BID plantea priorizar proyectos, mejorar la eficiencia de la inversión pública y recurrir a mecanismos complementarios de financiamiento.

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La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—

A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.

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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.

La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.

El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.

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