La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) comunicó mediante su cuenta de Twitter que el transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia vuelven a operar en todo el país con regulaciones.
Así, explicaron que los minibuses deberán limitarse a la capacidad de asientos disponibles y hasta 6 pasajeros parados, pero aclararon que las demás unidades de transporte podrán llevar hasta 16 personas en sus pasillos.
Desde la institución reguladora del transporte indicaron que en ambos casos deberán observarse las medidas de distanciamiento social que son sugeridas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
Asimismo, tanto los choferes, guardas y usuarios de las unidades deberán usar las mascarillas durante todo el servicio; las empresas deberán facilitar alcohol en gel y desinfectar antes del servicio.
Sobre el punto, el director de la institución, Juan José Vidal, señaló que los controles serán rigurosos para el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias en el transporte.
“Hemos realizado controles muy estrictos durante el periodo que duró la restricción anterior, es así como hemos multado a unas 30 empresas aproximadamente de lo que va de la cuarentena”, explicó el titular de la Dinatran.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Analizarán reforma del transporte en setiembre
“La presentación de este proyecto de ley es un hecho transcendental a menos de dos años de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña. Se pide un sistema de transporte público digno, que se reduzca los tiempos de espera por parte de los pasajeros, que los viajeros tengan certeza que los colectivos vendrán en sus respectivos horarios, que se genere un menor gasto y que haya más controles”, manifestó.
El parlamentario sostuvo: “Creo en la voluntad política del Congreso Nacional y del Senado, la ciudadanía ya no puede esperar un día más. Propongo que hagamos audiencias públicas, que escuchemos a los empresarios, a la sociedad civil organizada”.
TRATAMIENTO EN CÓDIGO
La plenaria también aprobó que el tratamiento en código de la iniciativa comience el 27 de agosto. El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El Artículo n.º 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.
El proyecto deberá ser distribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.
En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.
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Reforma del transporte plantea vías para garantizar el servicio
El proyecto de ley de reforma del transporte público presentado por el Poder Ejecutivo contempla diversas modalidades para operar el sistema, de modo que el Estado pueda acudir a la alternativa más adecuada según la necesidad. Así lo explicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al detallar el contenido del documento.
“La ley nos da herramientas para que el Estado pueda llevar adelante la política pública de movilidad para el ciudadano”, señaló Fernández. Agregó que el proyecto establece un modelo basado principalmente en concesiones mediante licitación pública, donde empresas privadas traen sus propios buses y operan el servicio.
ADQUISICIÓN DE FLOTA
Sin embargo, también se prevé la posibilidad de que el Estado pueda adquirir flota, proveerla o incluso operar directamente el servicio, en caso de que no existan oferentes o que se requiera garantizar su funcionamiento. “Lo que hicimos con esto es abrir la ventana de posibilidades para que el Estado pueda tomar las decisiones que mejor sean para el ciudadano”, afirmó el viceministro.
Al mismo tiempo, destacó que el transporte público es un derecho fundamental y un servicio imprescindible, cuya prestación debe estar asegurada por el Estado bajo cualquier escenario. Actualmente, ya se aplica uno de estos mecanismos con la incorporación de buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán), cuya flota pertenece al Estado, pero es utilizada por operadores privados mediante licitación.
“El Estado debe tener habilidades jurídicas para hacer estas cosas, por eso la ley prevé distintas maneras de prestar el servicio”, insistió Fernández ante la 650 AM. Durante la presentación del proyecto, el presidente Santiago Peña pidió al Congreso celeridad en el tratamiento de la iniciativa.
“Es un gran paso haber presentado una ley tan necesaria y con tanto impacto, que puede mejorar la vida de las personas”, expresó el viceministro
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Se levanta el paro del transporte, tras mesa de diálogo
Las autoridades del Gobierno y los gremios empresariales de Cetrapam y Ucetrama llegaron a un acuerdo que deja sin efecto la huelga de 72 horas anunciado para la próxima semana.
La determinación se tomó este viernes luego de la mesa de diálogo tripartita, liderada por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde; por el viceministro de Trabajo, César Segovia; con la participación del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y representantes de Cetrapam y Ucetrama.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, el Gobierno se compromete al pago regular del subsidio, además, se acordó la transparencia de la estructura de costos que define el precio final del pasaje. “El levantamiento del paro es fruto de una visión clara de diálogo que construya y favorezca al ciudadano", sostuvo el viceministro de transporte, Emiliano Fernández.
El acuerdo para levantar la medida de fuerza se logró tras la reanudación del cuarto intermedio entre el Viceministerio del Transporte y los Transportistas y las casi cuatro horas de reunión en esta tarde.
De este modo, el servicio será normal este lunes 21 de julio, en beneficio de los miles de ciudadanos que dependen del transporte público para poder trasladarse hasta sus lugares de trabajo.
“Este resultado confirma que el diálogo social es el único camino legítimo para resolver los conflictos que afectan a la ciudadanía”, informó el Ministerio del Trabajo.
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