La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) comunicó mediante su cuenta de Twitter que el transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia vuelven a operar en todo el país con regulaciones.
Así, explicaron que los minibuses deberán limitarse a la capacidad de asientos disponibles y hasta 6 pasajeros parados, pero aclararon que las demás unidades de transporte podrán llevar hasta 16 personas en sus pasillos.
Desde la institución reguladora del transporte indicaron que en ambos casos deberán observarse las medidas de distanciamiento social que son sugeridas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
Asimismo, tanto los choferes, guardas y usuarios de las unidades deberán usar las mascarillas durante todo el servicio; las empresas deberán facilitar alcohol en gel y desinfectar antes del servicio.
Sobre el punto, el director de la institución, Juan José Vidal, señaló que los controles serán rigurosos para el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias en el transporte.
“Hemos realizado controles muy estrictos durante el periodo que duró la restricción anterior, es así como hemos multado a unas 30 empresas aproximadamente de lo que va de la cuarentena”, explicó el titular de la Dinatran.
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DNIT suspende dos locales comerciales por no emitir facturas y anuncia más controles
Dos establecimientos de una ferretería en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, fueron suspendidos temporalmente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), luego de constatarse la falta de emisión de comprobantes de venta durante verificaciones realizadas por la institución.
La medida, ordenada por el juzgado competente, dispone el cierre de ambos locales por un período de tres días. Según la DNIT, la suspensión fue ejecutada por la Coordinación de Operaciones Especiales “Jeroviaha”, en el marco de los procedimientos de control tributario.
Detectaron incumplimientos reiterados
La institución informó que, además de ejecutar la orden judicial, notificó al contribuyente el inicio de una fiscalización puntual para determinar la existencia o no de una eventual defraudación fiscal.
Como parte del procedimiento, funcionarios de la DNIT realizaron inventarios e investigaciones internas que derivaron en verificaciones. Estas incluyeron compras simuladas, mediante las cuales se comprobó de forma reiterada el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la emisión y entrega de comprobantes de venta, así como de otras obligaciones formales.
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Controles continuarán en todo el país
La DNIT adelantó que las verificaciones seguirán desarrollándose en distintos puntos del territorio nacional con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión fiscal.
En ese contexto, la institución exhortó a la ciudadanía a denunciar los casos de falta de entrega de comprobantes de venta o cualquier otro incumplimiento de las normas tributarias a través de los canales habilitados en su página web y en sus cuentas oficiales.
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Tres procesados en causa penal de Prieto admiten los hechos y se solicitó salida alternativa
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para tres integrantes del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Con estas salidas procesales se desmitifica la persecución judicial o política alegada por el exjefe comunal de CDE.
Los procesados reconocieron los hechos atribuidos y brindaron una colaboración efectiva con la investigación fiscal, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa. La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.
Con este requerimiento, suman cuatro los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.
El pedido del Ministerio Público comprende a Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Cámara de Apelación ratificó suspensión de fusión entre bancos Atlas y Familiar
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Asunción, integrada por Linneo Ynsfrán, Esteban Kriskovich y Antonia López, ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la fusión entre los bancos Atlas S.A. y Familiar S.A.E.C.A.
La resolución también ratifica la orden dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se abstenga de aprobar la puesta en producción de la fusión hasta que se descarte la existencia de probables violaciones a los derechos de propiedad intelectual de ITTI sobre el software ITGF, utilizado por Banco Atlas.
El colegiado sostuvo que la medida cautelar tiene un alcance material, funcional y temporal definido, ya que busca proteger exclusivamente la eventual utilización no autorizada del software.
Agregó que permanecerá vigente mientras subsista el riesgo que motivó su dictado y cesará una vez que se compruebe técnicamente que dicho riesgo ya no existe.
“La verosimilitud del derecho no se sustenta solamente en la titularidad del software, sino también en los límites de la licencia, la intervención de un tercero no licenciatario, la fusión y la migración tecnológica reconocida; el peligro en la demora deriva de la posibilidad de consolidación de una utilización no autorizada antes de la comprobación técnica; y la contracautela aceptada resulta, en el estado actual de las actuaciones, suficiente dentro del margen prudencial conferido al juzgador”, señala el voto de los camaristas.
Fallo de primera instancia
En el mes de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial de Asunción, Juan Francisco Blanco, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma ITTI SAECA e ITTI USA, LLC y ordenó la paralización de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar hasta que se determine, mediante pericias, que no se afectan los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de licenciante del software ITGF.
Al hacer lugar la Justicia a la medida cautelar, se ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) que “se abstenga de pronunciarse respecto del proceso de fusión por consolidación entre Banco Atlas S.A. y Banco Familiar, que involucra la puesta en producción del nuevo core bancario de las entidades fusionadas, hasta tanto se determine, a través de pericias técnicas, que este no afecta los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de autor y licenciante”.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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