La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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Vecinos del barrio Reducto- Lérida de San Lorenzo denunciaron que la planta asfáltica del Consorcio Victoria sigue operando de manera irregular, pese a las quejas de lugareños.

Exigen el cierre del establecimiento, argumentando que la emisión de partículas genera contaminación ambiental; asimismo, ruidos molestos producidos por maquinarias y vehículos pesados además de otros inconvenientes de salud de los pobladores y daños materiales a las viviendas.

“No tiene licencia municipal, tampoco patente, y siguen con sus actividades. Y los vecinos seguimos esperando que el intendente interino se digne a firmar por lo menos el cierre temporal”, manifestó Catalina Insfrán a La Nación/Nación Media.

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De acuerdo con los documentos facilitados por la vocera del grupo, la Dirección de Tributos Municipales informa que según la base de datos del sistema informático de la institución, “no se registra patente comercial” a nombre de la empresa Consorcio Victoria.

Tampoco se han presentado planos y requisitos necesarios a la Municipalidad de San Lorenzo para el correspondiente proceso de aprobación de la planta asfáltica en cuestión. Por tanto, “no existen informes ni resolución de aprobación”.

Por otro lado, el informe técnico de la Dirección de Obras realizado a pedido de los vecinos, confirma que la planta asfáltica se encuentra en una zona residencial “no permitida” para este tipo de establecimiento industrial.

Ante todo lo expuesto. “vamos a luchar por el cierre definitivo”, aclaró la vocera del grupo de alrededor de 180 vecinos que firmaron la petición de cierre, dirigida a la comuna sanlorenzana.

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Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El diputado colorado Rodrigo Gamarra resaltó que la lista 1 del Partido Colorado está llegando muy fortalecida, unida y con candidaturas altamente competitivas en los 19 distritos del departamento Central.

A su criterio, la Asociación Nacional Republicana (ANR) tiene cubiertos los 19 distritos con candidatos de lujo, comprometidos y con ganas de dar lo mejor de sí, y todos ellos están acompañados por los diferentes diputados colorados, quienes trabajan coordinadamente, en armonía y sin mezquindades.

En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que después de las internas los diferentes diputados colorados centralinos se distribuyeron las zonas y desde el primer día trabajan acompañando a cada candidato con un solo objetivo: fortalecer al Partido Colorado y conquistar la mayor cantidad posible de municipios en las elecciones del próximo 4 de octubre.

“El Partido Colorado tiene cubiertos los 19 distritos de Central con candidatos de lujo, comprometidos y con ganas de dar lo mejor de sí.

Todos están acompañados por los diferentes diputados, quienes trabajamos coordinadamente, en armonía y sin mezquindades”, remarcó el legislador.

Al respecto, mencionó que está acompañando a los equipos de Villa Elisa, Villeta, Ypané, J. Augusto Saldívar, Luque y San Antonio, donde están trabajando muy de cerca con los candidatos a intendentes por la lista 1, como también con sus respectivas listas a la Junta Municipal.

La lista 1 está preparada para enfrentarla con unidad, organización territorial, renovación y candidatos capaces de devolverles sus municipios a los ciudadanos”, concluyó.

Juantry Gamarra mantiene una tendencia electoral muy favorable. En las últimas encuestas lo ubican más de diez puntos arriba y todo indica que puede alcanzar una victoria contundente.

“Posiblemente acompañada de una mayoría colorada en la Junta Municipal. Sería una gran reivindicación para el Partido Colorado y para una ciudadanía que apuesta por una figura joven y renovada, con trayectoria de trabajo, liderazgo y capacidad”, remarcó el diputado Rodrigo Gamarra.

En tanto que, en la ciudad de Ypané, Gerardo Fariña está librando una lucha fuerte y tenaz contra una vieja estructura familiar que lleva 16 años enquistada en la municipalidad y que se resiste a abandonar el poder. “Es una estructura que mantiene secuestrada al municipio mediante la prepotencia y la soberbia, mientras la ciudad permanece sometida al atraso, el olvido y el abandono”, consideró.

El diputado señaló que en la ciudad de J. Augusto Saldívar están detrás de una verdadera hazaña con Marta Ferrari, ya que históricamente se sabe que es un distrito con mayor caudal electoral liberal, pero también existe un intendente con cerca del 70 % de rechazo.

“Muchos ciudadanos de todos los partidos, incluidos numerosos liberales, quieren algo mejor para su ciudad y encuentran en Marta una mujer con capacidad de gestión, sensibilidad y vocación de servicio, que trabaja sin distinción de colores ni banderías. Estoy convencido de que puede convertirse en una de las grandes sorpresas electorales de Central”, aseguró. Gamarra también acompaña al candidato de la lista 1 en Luque, Hugo “Hugui” Farías, cuya imagen se perfila como uno de los intendentes que podría convertirse en el más votado del Paraguay, llegando incluso a bordear los 60.000 votos.

“Es un joven apasionado, profundamente luqueño, que se desvive por su pueblo y por su ciudad. Su campaña ha innovado, conquistado corazones y sembrado una enorme esperanza de cambio, renovación y nuevos liderazgos en una de las ciudades más grandes e importantes del país”, señaló.