Desde la Dirección General de Inspección y Fiscalización Laboral del Ministerio de Trabajo, anunciaron que siguen con el trabajo de intervenciones de locales comerciales, empresas, entre otros, a fin de dar cumplimiento a las estrictas normas sanitarias en el marco de la lucha contra la propagación del COVID-19.
En este sentido, el director de esta dependencia, Andrés Argüello, mencionó que las intervenciones incluso se realizan a raíz de denuncias en las redes sociales sobre casos positivos en empresas o locales y que no cumplen con los protocolos.
“Los procedimientos de verificaciones hoy día realizamos conforme a un protocolo alternativo para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, no es una inspección y fiscalización”, mencionó Argüello.
En este sentido, explicó que primeramente se verifican las denuncias recepcionadas, que generalmente se dan en torno al incumplimiento de los protocolos cuando se confirman los casos positivos de COVID-19 en los lugares.
“En el lugar se hacen unos cuantos requerimientos de subsanación; en el caso de incumplimiento de dichos requerimientos, se procederá a la fiscalización y eso ya podría acarrear sanciones administrativas”, explicó el director de fiscalización.
Las denuncias por incumplimientos de los protocolos, los trabajadores y personas afectadas pueden realizarlas directamente a la Dirección General de Inspección y Fiscalización Laboral del Ministerio de Trabajo.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Diputados piden informes al Ministerio Público y la CGR sobre fiscalización de los municipios
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.
El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.
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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.
Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.
Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.
Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.
Pedido a la Contraloría
Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.
El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.
Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.
También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.
El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.
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Superintendencia de Jubilaciones: esperan reglamentación y conformación del Consejo
En 2024 se sancionó la Ley 7235/23 de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las inversiones para el pago de futuras pensiones. Según la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en términos prácticos, aún no está operativa la norma porque falta que finalice el proceso de reglamentación.
En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, Mónica Recalde explicó que aún no firmó el decreto que conforma oficialmente a los representantes de jubilados y trabajadores. Contó que desde la cartera laboral ya remitieron al Poder Ejecutivo las ternas correspondientes. Tuvieron 29 candidatos entre los jubilados, mientras que entre los trabajadores se logró un consenso.
“Aún falta la reglamentación que permitirá avanzar con la institucionalidad de la superintendencia. Entre otras cosas, debe seleccionarse, una vez conformado el Consejo, quién será el Superintendente de Jubilaciones”, refirió.
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El Consejo, según la Ley, deberá estar integrado por seis miembros: un representante del Banco Central del Paraguay (BCP), el ministro de Economía y Finanzas (MEF), la ministra de Trabajo, representantes de los trabajadores y uno de los jubilados. El superintendente será elegido por el Consejo a partir de una terna. Debe ser una figura externa al consejo, y tener un título universitario en derecho, economía o contabilidad con experiencia técnica en pensiones.
“Las representaciones de trabajadores y jubilados ya presentaron sus candidatos: los trabajadores lo hicieron a través de la Coordinadora Sindical mediante una asamblea, y los jubilados, desde distintas asociaciones. Como existen muchas más asociaciones de jubilados que centrales obreras, hubo más candidatos del sector, lo que nos obligó a revisar estatutos y representatividad”, reiteró.
Acerca de las funciones del Consejo, explicó que tendrá la responsabilidad de definir las primera acciones que se deben tomar sobre los estados financieros de las cajas, como auditorías, balances y análisis en general.
Finalmente, dijo que según lo conversado con el ministro Carlos Fernández Valdovinos, se espera que en la brevedad se concrete la conformación del Consejo, dado que el funcionamiento de la superintendencia es una prioridad del gobierno, teniendo en cuenta la situación de varias cajas.
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Convocan al Conasam para evaluar desfasaje en el cálculo del salario mínimo
El Ministerio de Trabajo analiza la revisión del sistema actual de cálculo para el ajuste del salario mínimo, actualmente determinada a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que ya se convocó al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para trabajar con la inflación de junio de 2024 a mayo de 2025 como parámetro.
Segovia explicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que es necesario revisar si el sistema vigente refleja adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo legal de los trabajadores y que el IPC actualmente está compuesto en un 27 % en precios de productos relacionados con la alimentación, y el 73 % es una variedad de artículos que no necesariamente está vinculado directamente con la cotidianidad del trabajador promedio .
“El 73 % es una variedad de productos que en algunos casos afectan directamente y otros no tanto al sector asalariado con salario mínimo. Por ejemplo, pasajes de avión y otro artículos que habitualmente no son utilizados por el trabajador”, mencionó.
Según Segovia, el Ministerio de Trabajo “siempre fue partidario” de modificar la normativa, ya que la inflación general no siempre concuerda con lo estipulado en el salario mínimo vigente. En ese sentido, afirmó que realizaron reuniones técnicas con el Banco Central del Paraguay y que se solicitó una cooperación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para conocer experiencias internacionales en la materia.
Igualmente, señaló que convocaron al Conasam para verificar conjuntamente con participación de los sindicatos y centrales de trabajadores el método más adecuado para la evaluación del salario mínimo, tomando como parámetro, en principio, la inflación de junio de 2024 a mayo de 2025.
“En esa instancia se va a estar evaluando la posibilidad de avanzar o no en este proceso de cambio de método o de herramienta de cálculo para el reajuste del salario mínimo”, señaló Segovia.
En la víspera, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció que existe un desfasaje entre la suba real del costo de vida y los porcentajes de reajuste salarial registrados en los últimos años.
Además, señaló que, si bien la inflación fue contenida, los precios de los productos, especialmente de los alimentos, no volvieron a bajar, lo que afecta a los trabajadores que cobran salario mínimo, principalmente.