Juicio a Teodora López: tribunal dio castigo ejemplar a la trata de personas
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El tribunal compuesto por las magistradas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Alba González condenó a 12 años de cárcel a Teodora López por el hecho punible de trata de personas, así como a sus ayudantes María Haydee Bogado a seis años, y Evaristo López (hermano de la cabecilla) a cinco años. La Fiscalía de la Unidad Internacional de Trata de Personas celebró que la condena se haya realizado sin el testimonio de las ocho víctimas paraguayas que fueron explotadas sexualmente en España, evitando así la revictimización de las mujeres, manifestó Claudia Morys, fiscala del caso.
En un operativo conjunto entre la Fiscalía de Paraguay y la de España denominado “Plaga”, en noviembre de 2015 fueron rescatadas un total de ocho paraguayas que habrían sido explotadas sexualmente en un club nocturno denominado “Generación Latina”. Fueron también rescatadas otras dos mujeres de otras nacionalidades. Esto se logró con la valentía de una de las compatriotas que logró escapar y dio aviso a las autoridades.
Con la ayuda de esta víctima y las autoridades españolas, se pudo realizar la investigación. Se interceptaron los teléfonos de la reclutadora Teodora López y sus colaboradores, mediante la escucha telefónica se supo de todo el esquema de la red que se dedica a traficar mujeres vulnerables, de escasos recursos y con escasa educación para enviarlas bajo engaño a España, donde las condiciones eran deleznables.
López, cabecilla de la red, quien ya contaba con antecedentes por el mismo hecho, se encargaba de la captación de las mujeres, así como el traslado a España, por lo que fue condenada en el país. Mientras que los dueños del club nocturno de Cuenca, España, Rodi Vargas y María Alejandra Fernández Portillo fueron castigados en su país por el acogimiento ilegal de las compatriotas.
La fiscal Morys explicó que el hecho punible de trata de personas es un delito internacional que tiene tres etapas: la primera es la captación, que es convencer bajo engaños a la persona de ir a trabajar a otro país y al llegar allá el trato es otro. Por eso este hecho punible es denominado trata de personas. Luego de lograr manipular a la víctima, el segundo paso es el traslado. En algunos casos los reclutadores secuestran los documentos de la víctima sin que estas puedan movilizarse en el país extranjero.
El tercer paso de la trata es el acogimiento, en el que los reclutadores terminan el trabajo y las personas que esperan a las mujeres con violencia las toman y las explotan sexualmente sin su consentimiento.
“Es importante que nuestros compatriotas sepan cómo operan estas redes de trata de persona, ellos se aprovechan de la vulnerabilidad especialmente de mujeres, que necesitan dinero, que cuentan con escasa formación. De esta forma no se repetirán este tipo de hechos que dejan muy mal a nuestras compatriotas y a sus familias”, indicó Morys.
El gobierno paraguayo oficializó candidaturas para el Tribunal del Derecho del Mar y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Foto: Gentileza
Presentan candidaturas para Tribunal del Derecho del Mar y UIT
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La Cancillería Nacional confirmó que ayer fue presentada oficialmente la postulación del embajador Óscar Cabello Sarubbi, para su reelección como juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Es para un mandato de nueve años. Paraguay también tiene candidato para el Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para el período 2027-2030.
El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la participación del cuerpo diplomático y consular acreditado ante el Gobierno de la República del Paraguay.
El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda, destacó que estas postulaciones constituyen prioridades de la política exterior del gobierno del presidente Santiago Peña, y reflejan una inserción internacional cada vez más activa, coherente y comprometida con el multilateralismo.
Dijo que el Paraguay mantiene una firme adhesión al derecho internacional y a la consolidación de las instituciones multilaterales, convencido de que el diálogo, el equilibrio y la construcción de consensos son herramientas esenciales para afrontar los desafíos globales.
En ese marco, afirmó que la reelección del embajador Cabello Sarubbi se sustenta en su reconocida solvencia jurídica, su experiencia en derecho del mar y la importancia de preservar la continuidad y la memoria institucional del Tribunal, especialmente en un contexto de renovación significativa de sus miembros.
Juzgarán en Valladolid a clan paraguayo de trata por explotación sexual de mujeres
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La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.
El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.
Operación contra una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Valladolid. Foto: Archivo/ICAL
La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.
Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.
A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.
Fotos en lencería o semidesnudas
El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.
La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.
Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.
Chat ‘Nicole Relax’
Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.
La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.
Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.
Distribución de droga
En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.
En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.
A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.
En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.
Ratifican condena por tortura contra Walter Bower y otras dos personas
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El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 15 años de cárcel para Walter Bower, exminstro del Interior, sentenciado por tortura. Igualmente se confirmó la sentencia de 12 años de cárcel para Merardo Palacios y 6 años de Osvaldo Vera. Todos fueron sentenciados por hechos de tortura ante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Los camaristas que confirmaron el fallo judicial son Paublino Escobar, Jesús María Riera Manzoni y Lourdes Cardozo. Los mismos rechazaron que el juicio fuera nulo por las interrupciones y recesos, señalando que las pausas se debieron principalmente a incidentes y recusaciones planteadas por las propias defensas, y que no se demostró un perjuicio real al derecho de defensa.
Ahora la defensa de los condenados puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, los integrantes de la máxima instancia judicial deberán definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno.
La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Tribunal de Sentencia condenó a tres expolicías stronistas a 20 y 25 años de cárcel
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Un Tribunal de Sentencia condenó a 20 y 25 años de cárcel a tres expolicías stronistas, todos adultos mayores luego de ser encontrado culpable por tortura cuya víctima fue Domingo Guzmán Rolón quien ya falleció en el 2024. La resolución se dio 50 años después de haber sucedido el hecho.
Los condenados a 25 años de cárcel son Eusebio Torres, Fortunanto Laspina y a 20 años de cárcel fue sentenciado Manuel Alcaraz. Los jueces decidieron ordenar el arresto domiciliario. Los jueces que condenaron a los tres acusados son Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza.
La sentencia se registró casi 50 años después, cuya víctima fue el dirigente Domingo Guzmán Rolón Centurión, quien sufrió tortura en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, entre 1976 y 1978. Cumplirán arresto domiciliario.
El Tribunal de Sentencia consideró probado que los tres condenados participaron de una serie de torturas que recibió Rolón. La víctima, que murió en el año 2024, sufrió torturas con garrote, látigo y otros objetos durante su detención.
Los jueces señalaron que valoraron cada una de las pruebas documentales, testificales, de informes, “pruebas que van a servir de base para el dictado de la sentencia in extenso en formato papel que va a estar disponible el próximo jueves 19 de febrero”.