El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Cañicultores, quienes reclaman al Gobierno el cumplimiento de obras paralizadas, el reajuste de precios por tonelada y el inicio inmediato de la zafra. Del encuentro participaron Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú, y César Sosa, gobernador del Guairá.

“Esto es una problemática social, hay miles de familias que dependen directamente del cultivo de la caña de azúcar; las reivindicaciones son completamente válidas. Tenemos las esperanzas de que se llegue a una mesa de trabajo que finalmente termine levantando las medidas de fuerza que finalmente afectan los derechos de terceros“, dijo Soto en entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.

“Entiendo yo que se va a establecer una mesa de diálogo porque esto no será inmediato, algunas cosas se solucionarían rápidamente, mientras que otras tendrían un plazo más largo. Debemos valorar la predisposición que tuvo el vicepresidente en llamar al presidente de Petropar, Eddie Jara, para que atienda los reclamos del sector cañero”, indicó.

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Entre los principales reclamos está la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.

Otra solicitud es el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. El último requerimiento guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.

“Se llegó hasta este punto por la falta de diálogo. Queremos llegar a una solución, que el sector cañero se pacifique, que los cañicultores estén en sus chacras trabajando y no en las calles. El presidente Santiago Peña y su gobierno ya han demostrado que quieren estar al lado del sector cañero”, remarcó Soto.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, señaló que lo que piden “es una estabilidad laboral y eso será el nuevo tren de molienda, al tener esto ya estaremos como pequeños productores muy agradecidos al gobierno. Esperamos una voluntad política, para sentarnos a dialogar y ver soluciones". Se aguarda que en el transcurso de la fecha los cañicultores mantengan un encuentro con el titular de Petropar.

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Ayer lunes falleció un joven que fue embestido por una unidad del transporte público el pasado viernes por la mañana. La víctima se encontraba en el Hospital de Trauma con pronóstico delicado y tras varios días de luchar por su vida, finalmente los médicos confirmaron su deceso. Los familiares del fallecido reclaman justicia y que las autoridades intervengan tras lo ocurrido.

Mauricio Marcelo Paniagua, de 29 años, se encontraba transitando sobre la avenida Acceso Sur con destino a su lugar de trabajo, ya que prestaba servicios como guardia penitenciario en Tacumbú, y mientras aguardaba para cruzar, su automóvil fue embestido por un colectivo de la línea 47 Ñemby.

Según manifestaron sus familiares, el conductor del transporte público se dio a la fuga y se presentó horas más tarde ante las autoridades. El joven habría sufrido un traumatismo craneanoencefálico además de varias lesiones de consideración, por lo que necesitaba atención en una unidad de terapia intensiva, a la cual accedió tras varias horas de espera.

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“Mi hermano tenía todas las intenciones de vivir, pero lastimosamente no recibió la ayuda que necesitaba. Primeramente, nos dijeron que necesitaba una cama en terapia intensiva, pero que no había y buscamos por todos lados hasta en nuestro seguro, pero nos decían que no cubría o que no tenían, lo mismo en el Hospital del Trauma, ahí perdimos muchas horas y su situación era delicada”, comentó la hermana del fallecido Laura Paniagua en conversación con canal Trece.

La misma comentó que desde la empresa de transporte público no se hicieron responsables y que es más el conductor si bien fue detenido tras el hecho como su hermano continuaba con vida fue liberado y no lo imputaron por lo que ahora exigen que el Ministerio Público realice el seguimiento correspondiente, ya que el conductor inclusive se habría dado a la fuga hecha que aseguran se debe tener en cuenta como omisión de auxilio.

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El diputado Rodrigo Gamarra se refirió este jueves al proyecto de ley que permite la digitalización del historial clínico, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Explicó que la digitalización servirá para guardar todos los antecedentes del paciente y se podrá cruzar los datos tanto en el sector público como privado.

“Lo que estamos proponiendo simplemente es la modernización de lo que hoy ya existe, que son las fichas de los pacientes que hoy están siendo manuscritas, pero además de eso, estamos planteando algo que pueda servir de manera eficiente al paciente o a cualquier ciudadano que siempre está acudiendo al servicio de salud, ya sea público o privado”, indicó en entrevista al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El legislador explicó que “el historial va quedando, independientemente si está en un público o un privado y en cualquier parte del país, en un registro único el cual le permite a los médicos y a la persona como paciente que puedan proporcionar la atención adecuada”.

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Gamarra señaló que lo que se busca es modernizar el sistema de salud y el historial clínico, validar todos los procesos clínicos, incluyendo el esquema de vacunación, con el circuito electrónico. También se garantiza la confidencialidad de los datos y hace que el acceso al historial sea mucho más ágil.

“Acá lo que nosotros simplemente planteamos es, darle una herramienta al sistema de salud y que el beneficiario final sea el que reciba realmente este beneficio, y en especial las personas más vulnerables que por lo general no tienen un sistema privado o no pueden estar dándole seguimiento a su propio historial clínico”, apuntó.

El diputado sostuvo además que, con la tecnología existente actualmente, es momento de digitalizar los datos y uno de ellos es en el sector de la salud. “Ya no podemos seguir en la era de las cavernas, hoy la tecnología está tan avanzada que tiene que ser parte de nuestra vida, pero para bien”, sentenció.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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