El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Una mujer identificada como Nidia María Fariña Lezcano (35) fue detenida al ser sorprendida con 25,6 gramos de marihuana cuando intentaba ingresar a la penitenciaría de Tacumbú. La droga estaba en 56 cápsulas ocultas en una encomienda para un recluso. Agentes penitenciarios hallaron la sustancia estupefaciente en la cartera de la visitante cuando procedieron a revisarla antes de autorizar su entrada al reclusorio. Se dio aviso a la Policía y se procedió a su aprehensión.

“Una dama intentó ingresar productos alimenticios dentro del penal de Tacumbú. Al ser verificada por los personales de guardia del lugar se constató que en el interior de sus pertenencias se encontraban cápsulas la cual causó duda en el personal policial y penitenciario”, señaló el comisario Alberto Morínigo.

Con la presencia del personal policial de la división narcóticos se realizó la prueba de campo de la sustancia hallada y resultó positivo a marihuana. “Generalmente la gente va y trata de introducir en medio de alimentos estas sustancias. Entonces, al verificar esto se constató que se trataba de sustancias estupefacientes”, confirmó.

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Según el policía, en ningún momento la detenida declaró las circunstancias del envío ni relevó la identidad del destinatario. “Posterior a las averiguaciones se pudo saber que iba para uno que se encontraba privado de su libertad en el lugar”, expresó el comisario Morínigo.

De acuerdo a los investigadores, la mujer habría querido aprovechar la euforia desatada por el partido entre las selecciones de Paraguay y Colombia, en la ciudad de Barranquilla, para proveer la droga a los reclusos. Cerca de las 19:45 llegó al portón principal de Tacumbú, se identificó y pidió entrar, al ser inspeccionada por el personal femenino se descubrieron sus verdaderas intenciones. La detenida y las evidencias colectadas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

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Tras darse a conocer que el presentador de televisión, Pablo Rubín, recibió una invitación falsa para disertar en el pabellón Libertad de la Penitenciaria de Tacumbú, a nombre del abogado Nelson Mora (padre) y que inclusive se presentó en el recinto penitenciario, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora (hijo), confirmó que se comunicó con el presentador y que ya presentó la denuncia del hecho.

En conversación con La Nación/Nación Media, Mora (hijo) explicó que, al parecer desde un número utilizado por personas privadas de libertad se contactaron con el conductor, haciéndose pasar por su padre, utilizando inclusive una foto del mismo para suplantar su identidad.

“Nosotros hicimos la denuncia ante el ministro de Justicia, y no es la primera vez que pasa; con mi nombre y el de mi papá, ya varios fiscales recibieron también un mensaje diciéndoles que yo le solicitaba o que mi papá le solicitaba audiencia, cosa que no era el caso. Esos números también fueron denunciados y estaban aparentemente en una lista de números que se manejan desde la cárcel”, comentó el jefe de gabinete de la comuna de Asunción.

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El mismo remarcó que en este caso, en particular, al igual que en las anteriores ocasiones, la denuncia la realizaron ante el Ministerio de Justicia, el cual a su vez trabaja con la Dirección e Inteligencia de la Policía Nacional para poder iniciar la investigación y esclarecer el hecho y encontrar a los responsables.

“No sabemos cuál es el propósito, los números no tienen nada que ver con nosotros y eso es categórico. Por suerte, las personas que fueron contactadas anteriormente se dieron cuenta y me contactaron o a mi padre inmediatamente para consultar por el número, ya que no tenían registrado ese contacto. “En este caso también estuve hablando tras lo ocurrido con Palo Rubín”, comentó Nelson Mora.

Subrayó que no tienen idea de cuál sería el propósito de utilizar su identidad o la de su padre por parte de los internos, pero no descarta que, teniendo en cuenta su exposición y la de su padre como abogado, quizá buscan tener algún tipo de conexión con autoridades.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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