Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)
Se trata de Francisco Areco Fleitas, de 45 años de edad. El mismo fue encontrado malherido esta madrugada en un camino vecinal de la colonia Cerro Cora’i por agentes de la Policía Nacional. “Lo dejaron abandonado sobre un colchón”, explicaron los agentes intervinientes.
Según se informó, el hombre tenía dos impactos de bala en la columna. “Su situación clínica es delicada”, refirieron médicos del Hospital Regional, donde se encuentra internado.
Datos revelan que Areco Fleitas hizo parte del grupo comando que, ayer a la noche, intentó ejecutar al cambista Anderson Ariel Rodríguez Silva en el barrio General Díaz de la capital departamental. Sin embargo, la víctima logró salvarse milagrosamente arrojándose al piso.
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Asesinado
Los tiros llamaron la atención del funcionario municipal Saturnino Rojas quien, en ese momento, descansaba en su residencia.
Al salir a verificar lo que sucedía, recibió dos mortales impactos de bala en la cabeza. Los sicarios, inclusive, llegaron a enfrentarse a tiros con la policía antes de emprender a una precipitada fuga.
Durante el intercambio de tiros, presumiblemente Francisco Areco Fleitas resultó herido. Para evitar que muera desangrado, los demás miembros de la facción criminal optaron por abandonarlo en un camino vecinal.
Tanto en el pecho como en el brazo, el presunto sicario tiene tatuajes del Payaso Malo, símbolo que en el mundo delictivo significa que ya mató a policías.
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Ataque a candidato colorado: “Es un atentado a la democracia”, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que se trata de un “atentado contra la democracia” el ataque del que fue víctima el candidato a la intendencia de la ciudad de Ypané por el Partido Colorado, Gerardo Santiago Fariña, en la madrugada de este miércoles. El legislador afirmó que se trata de un hecho bastante grave un atentado, días antes de las elecciones municipales.
“Es gravísimo lo que pasó, yo lo considero un atentado contra la democracia y no existe peor daño a un sistema republicano y democrático que querer acabar la vida o ganar las elecciones a través de un homicidio”, señaló a los medios de prensa en Diputados.
Latorre también instó a las autoridades llevar adelante una investigación para dar, no solo con los que perpetraron el hecho, sino con los que habrían ordenado el ataque hacia el candidato a la intendencia de esta ciudad.
“Las fuerzas del orden público y de seguridad interna tienen que caer con todo el peso de la ley así como el Ministerio Público y se tiene que encontrar a los responsables, y no me estoy refiriendo a los autores materiales, que finalmente lo que hicieron fue cumplir el mandado, sino también a los autores morales de este hecho que es gravísimo”, manifestó.
Sobre el posible móvil del ataque, el diputado mencionó que no se puede descartar ninguna posibilidad, pero que llama la atención que se haya dado días antes de las elecciones municipales, que se realizarán el próximo 4 de octubre.
“Yo siempre trato de ser responsable con la información que transmito, hay mucho por investigar, muchos datos por recabar, pero en este momento es que es una cuestión política porque un candidato que lleva las de ganar a poco más de una semana a las elecciones, permítanme que desconfíe o sospeche que es una cuestión política”, sentenció.
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Nano Galaverna pide investigar y llegar a los responsables del atentado en Ypané
El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y llegar a los responsables del atentado contra del candidato a la intendencia de Ypané por el Partido Colorado, Gerardo Fariña. El legislador lamentó que este tipo de hechos se registre a días de las elecciones municipales.
“La verdad es muy preocupante, estuve desde tempranas horas recibiendo la noticia del atentado que sufrió nuestro candidato en la ciudad de Ypané. Exigimos a las autoridades la investigación del caso y que se llegue a los responsables de este lamentable hecho. Sinceramente es muy preocupante este hecho y Dios quiera que se pueda llegar a los responsables de este atentado”, expresó a los medios de prensa en el Senado.
Galavera indicó que en la ciudad de Ypané se está dando un ambiente muy hostil, atendiendo a que se trata de un municipio de feudo liberal, encabezado por el clan Ortiz. La intendencia estuvo a cargo de Horacio Ortiz Albrecht desde 2010, quien, tras dejar el cargo, impulsó la postulación de su hermano, el concejal Jacobo Ortiz, para la intendencia.
“Se está viviendo un ambiente muy polarizado en la ciudad de Ypané, el clan Ortiz está hace 16 años manejando la Municipalidad de Ypané y ahora tenemos chances reales que el Partido Colorado recupere la administración municipal. Estamos trabajando para eso, ojalá que nuestro candidato siga trabajando como lo está haciendo desde hace tiempo y podamos plasmar el 4 de octubre una gran victoria en la ciudad”, apuntó el legislador.
No obstante, sostuvo que no quiere caer en la irresponsabilidad de apuntar a los posibles autores, por que exige que este atentado sea investigado. Así también refirió que está al tanto de las amenazas que el candidato colorado en la zona recibió de manera constante.
“Estuve también enterado de esa situación, que él hace tiempo venía recibiendo amenazas telefónicas y a través de las redes sociales, y le envío mi solidaridad, mi fuerza y mi respaldo, y ojalá que el pueblo ypanense le de la oportunidad a este correligionario para que pueda ser intendente de la ciudad”, puntualizó el senador Galaverna.
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Justicia argentina acusa a siete iraníes y un libanés por atentado a mutual judía Amia
La justicia argentina acusó formalmente este lunes a siete iraníes y un libanés por su presunta participación en el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994 en Buenos Aires, otro paso hacia un posible juicio en ausencia.
El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la AMIA y dejó 85 muertos y 300 heridos. En 2025 la justicia habilitó la posibilidad de someter a los responsables a un “juicio en ausencia”.
“La decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbolá”, escribió el juez de la causa, Daniel Rafecas, en un comunicado.
Los procesados son siete personas que ocupan altos cargos en el Estado iraní al momento del ataque y un agente del movimiento chiita libanés Hezbolá.
Entre ellos figura Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entonces comandante de la Fuerza Quds.
Otros procesados son el entonces ministro de Inteligencia iraní, Alí Fallahijan; el excanciller Alí Velayati y el exembajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour.
El magistrado también les impuso embargos por 500 millones de dólares a cada uno.
La decisión acerca de la causa a un eventual juicio oral.
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La defensa, sin embargo, aún puede apelar la acusación y deberán cumplir otros pasos procesales antes de que la causa pueda ser elevada a juicio. “Falta todo un trámite”, detalló Rafecas a la AFP.
El juez apartó de la causa a otros dos acusados por falta de pruebas.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró la decisión en redes sociales: “¡La moral como política de Estado!”, escribió al citar una publicación del ministro de Justicia informando la decisión judicial.
El mandatario es un férreo aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que señala a Irán como responsable del atentado. Además, Milei catalogó a Irán como enemigo de Argentina y fue durante su gestión que se aprobó la ley que habilita el juicio en ausencia.
La ley “permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso”, sostuvo el Rafecas en su comunicado.
Los perpetradores cargaron con explosivos una camioneta que hicieron explotar contra el edificio de la organización judía.
Rafecas calificó el atentado como “un crimen de lesa humanidad, así como también en la figura de genocidio en los términos del derecho internacional”.
Dos años antes otro atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires provocó 22 muertes. Rafecas señaló en su fallo que existe una posible conexión entre ambos ataques.
- Fuente: AFP
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Policía Federal rescató a paraguayos en supuesta situación irregular en una granja de Brasil
En el marco de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil, se pudo lograr el rescate de varios paraguayos que estaban en una granja situada en Puerto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. Las autoridades de dicho país sospechan que los compatriotas trabajaban en situación irregular en una granja perteneciente al candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo.
De acuerdo con el informe oficial, un total de 23 trabajadores en situación irregular fueron localizados en una propiedad perteneciente al candidato a diputado. Según la publicación del medio G1, los compatriotas no se encontraban registrados como trabajadores de manera formal, además de sufrir una retención de sus salarios y verse impedidos de abandonar las instalaciones.
La Policía Federal recibió una denuncia contra dicho establecimiento por supuestamente reclutar trabajadores extranjeros y mantenerlos en la propiedad en una situación de vulnerabilidad. Durante el allanamiento, los intervinientes también incautaron 14 armas de fuego, incluyendo fusiles de grueso calibre, además de municiones. Dichas armas no estaban registradas y a algunas les habían borrado los números de serie.
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En declaraciones a G1, Bernardo negó las denuncias en su contra, afirmando que sus empleados no se encuentran registrados formalmente por decisión personal. Asimismo, señaló que les brinda todas las comodidades, distribuyendo sus tareas en turnos y proveyéndoles aire acondicionado.
El político y empresario -quien es propietario de la Universidad Interamericana y fue CEO de una universidad de Pedro Juan Caballero- sostuvo que la operación llevada a cabo en su granja es resultado de una “persecución política”, negando la existencia de trabajos forzosos o situaciones fuera de lo habitual. Asimismo, el político estaría ligado a otras actividades presuntamente ilícitas que están bajo investigación del Brasil y de Paraguay.
Igualmente, la sede actual de la Universidad Interamericana pertenece a la firma Ypyta y se encuentra en pleno litigio judicial en Asunción.
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