El ministro del Interior, Euclides Acevedo, señaló este lunes que el fin de semana hubo “respuesta” a las denuncias de violaciones de disposiciones sanitarias, especialmente en los sitios donde más aglomeración suelen haber. Destacó que es imposible que la institución funcione con un eventual recorte del 15% de su presupuesto.
“Hemos dado respuesta en cooperación del Ministerio Público y del Ministerio de Salud. Según los evaluadores locales, fue oportuna y provechosa. No olvidemos que es la Fiscalía la encargada de intervenir y la Policía la de acompañar, eso está claro en la Constitución y en el Código Penal”, dijo Acevedo a los medios de prensa.
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Sostuvo que está aumentando también la conciencia ciudadana y resaltó que las instituciones solo responden contra la minoría que no entiende, no dimensiona o no quiere respetar los protocolos sanitarios establecidos en el marco de la pandemia del COVID-19.
El ministro mencionó que la gente debe entender que la única forma es adoptando el modo COVID-19 de vivir y advirtió que al país le esperan semanas muy difíciles por el aumento masivo de contagios y decesos a consecuencia del virus.
“Nos esperan semanas mucho más críticas, tampoco podemos quedarnos encerrados porque tenemos que salir a trabajar, a producir, pero respetando el protocolo sanitario, esa es la mejor vacuna. Vamos a seguir acompañando el reclamo ciudadano, el protocolo del Ministerio de Salud y seguir trabajando con el Ministerio Público”, agregó.
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Acevedo señaló también que Asunción y Central son las zonas más sensibles para los controles por la cantidad de habitantes y el hacinamiento de una migración no planificada. A su criterio, también se debe perseguir las causas del delito, como la pobreza, la inequidad social y la falta de control sanitario.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública del domingo, hubo 11 nuevos decesos y 410 positivos. A nivel país, la cantidad de infectados es de 9.791, 6.034 pacientes recuperados y 138 fallecidos desde el brote del virus.
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Fiscalía, la cachiporra de Matute
EL PODER DE LA CONCIENCIA
- Por Alex Noguera
- Periodista
- alex.noguera@nacionmedia.com
Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.
Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.
Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.
Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.
Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.
Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.
Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.
En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.
Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.
A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.
Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Ministerio Público habilita parcialmente su nuevo edificio en Encarnación
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura institucional en el sur del país, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, encabezó este jueves el acto de habilitación parcial del nuevo edificio del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación.
El evento contó con la presencia de autoridades del sistema judicial y de entes del Estado, entre ellos, las fiscales adjuntas Fabiola Molas (Área V) y Matilde Moreno, el secretario general de la Entidad Binacional Yacyretá, Dr. Mario Cáceres, y el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gustavo Miranda. También participaron agentes fiscales, directores y funcionarios del área.
La sede, ubicada en el barrio La Paz, marca un paso importante en el proceso de descentralización y modernización de la justicia en Paraguay. En esta primera etapa se habilitaron el área de denuncias, el departamento de Psicología Forense, la sala de reuniones y la Fiscalía Adjunta.
“Estamos iniciando el uso gradual del edificio, que cuenta con 11 pisos. En esta fase inicial priorizamos los espacios esenciales para la atención ciudadana y la gestión interna”, explicó el fiscal general Rolón Fernández, quien también anunció que para el año 2026 se prevé el funcionamiento completo del edificio.
Durante su intervención, el titular del Ministerio Público adelantó que en los próximos meses continuarán las obras de adecuación, incluyendo la incorporación de un Laboratorio Forense con tecnología de última generación.
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“La construcción del nuevo edificio representa una inversión significativa en infraestructura pública, orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio Público en el sur del país”, destacó Rolón. Asimismo, recalcó que la nueva sede permitirá mejorar el acceso a la justicia, optimizar trámites, reforzar investigaciones y ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.
Una vez culminado, el complejo se convertirá en una de las instalaciones más modernas del Ministerio Público a nivel nacional, contribuyendo directamente al fortalecimiento del sistema judicial y al bienestar de la población.
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“Hay responsabilidad compartida”, señaló el interventor de CDE
En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.
El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.
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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.
“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.
Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.
Mayoría coyuntural complaciente
Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.
“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.
Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.
“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.
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