Lo que comenzó como un acto escolar por el Día de la Madre terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos vividos recientemente en el Colegio Italiano Santo Tomás de Pilar. Entre aplausos, música y festejos, una inesperada sorpresa desató lágrimas y abrazos en las gradas de la institución.

La protagonista fue Eva Vera, una paraguaya residente en España que regresó al país después de años con un único objetivo: reencontrarse con su hijo, alumno del octavo grado del colegio, sin que él sospechara absolutamente nada.

Para concretar el plan, la mujer llegó al evento oculta bajo el disfraz de “Coco Tomi”, la mascota oficial de la institución. Mientras animaba la celebración junto a estudiantes y docentes, el adolescente desconocía que detrás del personaje se encontraba su propia madre.

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La escena fue cuidadosamente organizada por las autoridades educativas y familiares cercanos para preservar el factor sorpresa. En conversación con Radio Sur FM, la directora del colegio, profesora Mónica Benítez, relató que el operativo se manejó con absoluta discreción para evitar que el estudiante descubriera el reencuentro antes de tiempo.

“Fue un momento muy emotivo para toda la comunidad educativa”, expresó la directora, al recordar el instante en que Eva finalmente se quitó la máscara y abrazó a su hijo frente a compañeros, docentes y padres presentes en el acto.

El joven, completamente sorprendido, rompió en llanto apenas reconoció a su madre. La emoción rápidamente se extendió entre los asistentes, transformando la celebración escolar en una escena cargada de sensibilidad y afecto.

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Más allá de la sorpresa, el episodio volvió a poner en evidencia una realidad que atraviesa a miles de familias paraguayas: la migración y las largas separaciones que muchas madres enfrentan en busca de mejores oportunidades laborales en el exterior.

En vísperas del Día de la Madre, el abrazo entre Eva Vera y su hijo dejó un mensaje de esperanza, sacrificio y unión familiar que trascendió el ámbito escolar y conmovió a toda la comunidad pilarense.

Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, respondió este martes a la denuncia penal de un funcionario del Congreso Nacional en su contra sobre supuestas contrataciones sin concurso de funcionarios en la institución parlamentaria. La acusación fue presentada ante el Ministerio Público por Rubén Penayo, quien habría ingresado al Legislativo de la mano de una bancada de la oposición.

“Yo estoy a disposición de la justicia. Creo que hemos accionado correctamente en estos casi dos años como presidente del Congreso, pero tampoco voy a aceptar que mancillen mi nombre, en este caso, por una denuncia de un funcionario que fue recategorizado desde el inicio, entró con 6.000.000 de guaraníes, ahora gana 16.000.000 millones de guaraníes”, respondió Núñez en una conferencia de prensa en el Senado.

El legislador expuso al funcionario que ingresó en el Congreso con el sistema que ahora denuncia, sin concurso, a pedido de una bancada y con una importante recategorización, aumentando llamativamente el salario como funcionario público.

“Fue candidato del Frente Guasu, denuncia que supuestamente entran funcionarios sin concurso, quien dice entró sin concurso, nombrado, a pedido de una bancada del entonces Avanza País, denunció una cuestión que él mismo no puede explicar. Aparte, investigando, él no ha presentado declaraciones juradas, su señora trabaja como secretaria general creo que en el Ministerio de Desarrollo Social, 33 millones (de salario), que también entró sin concurso”, detalló Núñez.

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El titular legislativo reveló además que durante su presidencia la recategorización de Penayo fue mínima. “La última recategorización fue en mi periodo de 500.000 guaraníes, evidentemente se enojó porque en otros periodos tenía grandes aumentos, es la forma de extorsionar. Fue candidato a senador, fue candidato a diputado del Frente Guasu”, mencionó.

Sostuvo que esto podría tener un trasfondo político, ya que el denunciante proviene de un sector político opositor. “Denuncia también la bonificación, yo ya entregué a los periodistas el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas donde habla que fue correcto, donde el ordenador de gastos también puede cobrar, también el dictamen de la Contraloría. Las dos denuncias que hace, primero ya es como para desestimar, pero yo creo que hay gente detrás de esta denuncia, se identifica con un sector”, concluyó.

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Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.

Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.

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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.

Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.

En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.

La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:

• Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
• Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
• Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
• Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
• Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
• Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.

Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.

A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.

En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.

Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.

A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.

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