El proyecto de ley que fue presentado el pasado 24 de julio ante el Congreso Nacional para su estudio “mejorará, en general, el ecosistema del transporte público”, apunta el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Un técnico especialista insiste en la implementación del sistema ferroviario y los usuarios organizados reclaman participación. Aquí un panorama.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo / Gentileza

“Lo que busca­mos es mejorar el servicio de transporte público y la eco­nomía de las familias, man­teniendo bajo su gasto de bol­sillo en movilidad”, resume el viceministro de Trans­porte, Emiliano Fernández. Se aspira a que sea “un servi­cio digno y con mejor veloci­dad para los desplazamien­tos con vías preferenciales e inversión vial constante”.

“La idea es mejorar aspectos financieros, generar o atraer a empresas solventes, incorpo­rar flota nueva, dar un mejor servicio a los actuales usua­rios y atraer a nuevos”, agrega.

Expone que “El bus que viene” es un proyecto inte­gral que abarca ejes de gober­nabilidad, modelos de con­tratación, financiamiento y planificación metropolitana. “Además de seguir cubriendo Asunción y alrededores pro­ponemos mecanismos para extendernos a nuevas áreas metropolitanas, como Ciu­dad del Este o Encarnación. La futura ley nos permitirá llegar al interior”, asegura.

Aquí su diálogo con La Nación/Nación Media:

–La ley, una vez aprobada, será permanentemente eje­cutada. Si hablamos de las mejoras más importantes se prevé que se inicien en 2026. La idea es que haya servicios nocturnos, incorporación de buses eléctricos, construc­ción de estaciones de carga­dores, información de servi­cios de transporte público metropolitano en Google Maps, entre otros.

–Uno de los pilares centrales es la renovación y ampliación de la flota con la incorpora­ción de buses 0 km, tanto a combustión como eléctricos. Se estima una inversión de 300 millones de dólares para renovar 1.000 unidades, cifra que representa la cantidad de buses que alcanzarían su vida útil antes de finalizar el actual periodo de gobierno. La incorporación de estos nue­vos vehículos será impulsada principalmente por el sector privado a través de procesos de licitación que adjudicarán tanto la operación como la provisión de flota. El esquema de financiamiento prevé que los pagos correspondientes a la operación y la inversión en flota se realicen dentro del propio sistema, mediante el mecanismo de tarifas técni­cas, subsidios y pasajes.

–La propuesta de ley de reforma otorga las herra­mientas jurídicas necesa­rias para avanzar en el orde­namiento del sistema. La ley nos habilita a reordenar itine­rarios, generar instrumentos de planificación, establecer un nuevo esquema de finan­ciamiento y aplicar diversas medidas que contribuirán al reordenamiento, pero de manera gradual.

–El fideicomiso, en esta ley, es un fondo creado con todo el dinero generado por el sis­tema de transporte, gestio­nado por la Agencia Finan­ciera de Desarrollo (AFD). Entre las fuentes de recur­sos estarán las cargas por los usuarios en sus tarjetas, los subsidios que otorga el Estado, determinadas mul­tas, cánones que pudieran pagar las empresas, entre otros. La idea es que desde este fondo se pague a todos los prestadores, es decir, a los que proveen los buses, a las empresas operadoras, a quie­nes proporcionan los patios de estacionamiento para los buses, etc. El MOPC será el fideicomitente de este fondo.

–Se prevé la elaboración de políticas tarifarias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de definir los beneficios para las poblaciones más vulne­rables. Cabe resaltar que estos no se modifican y que, además, el proyecto de ley incluye otros bene­ficios como des­cuentos por uso frecuente e inte­gración tarifa­ria (transbor­dos gratuitos o a menor costo).

–Se prevé que los operadores que se inserten en el nuevo modelo tengan experiencia y se acceda por vía competi­tiva, mediante licitaciones que estarán abiertas para cualquier empresa, nacional o internacional, en las cuales podrán participar los actores actuales. Bus­cando una transición ordenada, se incentiva la creación de con­sorcios para postu­lar a las nuevas lici­taciones.

–Todo este conjunto de mejo­ras motivará en las decisio­nes de empresas para ensam­blar buses en Paraguay. De hecho, ya se cuenta con el proyecto de la empresa Master Bus de Taiwán –que apunta tanto a Paraguay como a la región– y otros proyectos que están siendo monitoreados principal­mente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Fernando Maidana, arquitecto urbanista especialista en transporte, considera que en Asunción y Central se necesita “un reordenamiento de la gobernanza del sistema, ya que actualmente hay una descoordinación de los buses inter­departamentales, los buses metropolita­nos y los buses municipales”.

Apunta por ello que el pro­yecto gubernamental que estudia el Congreso “en su redacción actual propone ajustes administrativos para el sistema de trans­porte público. Necesita­mos que el Viceministerio de Transporte delegue la planificación y operación de los servicios de buses a las gobernaciones para que el Gobierno Nacional se pueda encargar de reintroducir y operar el sistema ferroviario en Paraguay”, expone.

Para ello propone “un plan eje­cutivo que establezca en deta­lle las características del ser­vicio que se quiere alcanzar y una propuesta financiera, que logre efectivamente colocar inversión en el mejoramiento de la infraestruc­tura y de la calidad del servicio del transporte público”.

Maidana, que tiene una maestría en Planificación y Políticas Urba­nas en Rotterdam, Países Bajos, considera que para mejo­rar el sistema se deben tener en cuenta cuestiones técnicas como malla de iti­nerarios, cálculo de buses necesarios en cada itinera­rio, frecuencias de buses en cada iti­nerario y un cálculo presupuestario para cada itinerario”.

El urbanista, con expe­riencia en políticas y proyectos de planifi­cación territorial y del transporte, enfatiza que de manera inmediata se requeriría “revisar la tarifa técnica para saber el costo real del pasaje”.

Gustavo Espínola y Griselda Yúdice, de la Organización de Pasajeros del Área Metro­politana de Asunción (Opama), señalaron que “como pasajeros creemos que de manera inmediata el Viceministerio de Transporte (VMT) debe impulsar cambios como carriles exclusivos, renovación de la flota, reingeniería de los itinerarios, paradas cada 500 metros y tarifa integrada (transbordo gratuito)”.

“Vemos una coincidencia de todos los secto­res, sean pasajeros o no, de que el sistema de transporte público debe mejorar. Pero tam­bién se debe ser claro en cómo se va a solven­tar esta reforma, los detalles sobre la financia­ción y la calendarización de la ejecución de la reforma”, consideraron.

El proyecto de ley plantea nuevas modalida­des de división del servicio, “que pueden salir bien como también pueden salir mal si no se fortalece la capacidad pública para el control del sector privado. Además, los pasajeros exi­gimos tener más participación en las decisio­nes que afectan a nuestra movilidad, al mismo nivel que los empresarios”, reclamaron.

Pidieron a su vez “avanzar en mecanismos de generación de datos y transparencia de toda la información referente a movilidad. Los datos sobre tarifa técnica, subsidio, resolución de frecuencias, cantidad de pasajeros, presu­puesto deberían ser públicos y de fácil acceso para la ciudadanía, y habilitar un mecanismo de denuncia para los pasajeros”, concluyeron.

El viceministro de Transporte destaca que “un tema esencial del proyecto es la declaración del servicio de transporte público metropo­litano de pasajeros como un servicio público imprescindible”. Lo hace entendiendo que “eso le dará una mayor fuerza jurídica para exi­gir a los concesionarios que brinden servicios todos los días independientemente de las cir­cunstancias”.

Esto significa en términos prácticos “que el servicio no puede parar. Se debe garantizar continuidad y regularidad incluso frente a epi­sodios de paros y huelgas bajo pena de san­ciones muy fuertes. Si bien esto de la impres­cindibilidad ya estuvo en la Ley 1626 “De la función pública” y se puede interpretar de la nueva ley del servicio civil, lo cierto es que no estaba en la ley del transporte, en la ley espe­cializada, como proponemos ahora”, apunta.

“La otra herramienta importantísima es que vamos a firmar contratos separados para la provisión de los buses y la operación. Los buses van a ser pagados por la disponibilidad para el sistema, independientemente de quién los opere. Así, cuando un operador falla y tiene que retirarse, los buses van a seguir tra­bajando y pasarán al nuevo operador, porque son contratos separados”, expone.

La flota de buses pasó de 2.500 a 1.782 en los últimos años.

A pesar de la renovación de 2015, la antigüedad de la flota es de 11,54 años promedio.

En los últimos 20 años el diésel aumentó un 3 %, los salarios en un 7 % y los cos­tos de los vehículos un 4 %, mientras que el pasaje man­tiene su precio hace 10 años gracias a los subsidios.

Hace 20 años había 60 empresas concesionarias. Hoy en día son 33.

Fuente: Datos consignados en el proyecto “El bus que viene” remitido al Congreso

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que el próximo lunes 11 de agosto de 2025, entre las 08:00 y las 14:00, se procederá al cierre temporal de la variante de Caacupé, en el tramo comprendido entre los kilómetros 52 y 62 de la Ruta PY02.

La medida responde a la ejecución de trabajos de montaje de vigas transversales en el paso superior Costa Pucú, ubicado en el km 59. Durante este lapso, el tránsito vehicular en ambos sentidos será desviado por la zona urbana de Caacupé.

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Para el ordenamiento y seguridad de la circulación, se contará con la colaboración de personal banderero, agentes de la Patrulla Caminera y señalización preventiva en todo el sector intervenido.

Estas obras se desarrollan a través de la concesionaria Rutas del Este y forman parte de un paquete de intervenciones que incluye la construcción de un viaducto vehicular en Costa Pucú, el montaje de una pasarela con elevador en Pedrozo y un paso vehicular elevado en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo, que reemplazará el semáforo existente. Todas estas mejoras están contempladas en la Adenda N.° 5 del contrato PPP 01/2017 y beneficiarán a unas 56.000 personas.

El MOPC solicita a los usuarios de la vía tomar las previsiones necesarias y respetar las indicaciones del personal en sitio para garantizar un tránsito seguro y ordenado.

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Desde la Corte Suprema de Justicia, este viernes informaron que con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental en el país, el Poder Judicial junto al Mades, la Dirección de Derecho Ambiental, el Centro Internacional de Estudios Judiciales y con el apoyo del Ministerio Público, realizaron un taller dirigido a operadores y auxiliares de justicia de la Circunscripción Judicial de Amambay.

Entre las autoridades presentes, dieron la bienvenida al presidente del Consejo de Administración Judicial, magistrado Luis Alberto Benítez Noguera, quien agradeció a los organizadores por su presencia y expuso sobre la importancia del tema a ser tratado.

“La capacitación, orientada especialmente a compartir experiencias normativas y prácticas sobre la compensación y recomposición por daños ambientales, se llevó a cabo en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero”, informaron.

Estuvieron presentes:

• funcionarios
• magistrados judiciales
• agentes fiscales
• actuarios
• asistentes fiscales
• profesionales cursantes del Diplomado en Ciencias Jurídicas del Centro Internacional de Estudios Judiciales
• representantes de la Comandancia de la Policía Nacional
• Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay

Las disertaciones estuvieron a cargo de la abogada Catherine Alonso, directora de Servicios Ambientales del MADES, quien expuso sobre el marco normativo y legal vigente.

El abogado Gerardo Morales, director de Derecho Ambiental, presentó una disertación sobre los aspectos constitucionales y convencionales de la recomposición ambiental.

El magíster Menandro Grisetti Valiente, jefe del Departamento Técnico de la Dirección, desarrolló su ponencia sobre medidas de recomposición o reparación del daño ambiental con enfoque constitucional.

También se desarrolló la ponencia del doctor Juan José Dionich, asesor de la Dirección con el tema “Hechos punibles de tala o quema de bosques y su relación con la Ley 3001/06 de Servicios Ambientales”.

El abogado Germán Torres Mendoza, en representación de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público, abordó la valoración y reparación del daño ambiental, realizada a través de la dependencia técnica.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzó ayer el llamado a contratación para mejora y mantenimiento del Parque Bernardino Caballero, ubicado en Asunción. El proyecto, que pretende la recuperación física y funcional del espacio público, demandará una inversión de aproximadamente G. 40.505 millones.

El llamado n.º 50/2025 para la contratación del diseño ejecutivo (fases 1 y 2), la construcción de la obra (fase I) y la gestión de operación y mantenimiento del histórico parque ya está en marcha, según informó la cartera de Obras. La convocatoria forma parte del proyecto Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción, financiado por el Banco Mundial (BIRF). Las empresas interesadas en participar de la convocatoria pueden presentar sus ofertas el lunes 1 de setiembre, a las 9:00, en la Mesa de Entrada Única del Ministerio de Obras.

Con la iniciativa no solo se busca su mejoramiento, sino garantizar su sostenibilidad a largo plazo, mediante el diseño de nuevos usos que aseguren su conservación y consolidación como un espacio verde, cultural y comunitario. El proyecto también apunta a integrar plenamente el parque a la vida urbana de la ciudad, reconectándolo con su entorno inmediato y con Asunción.

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De acuerdo con el cronograma, en la primera fase se prevé la restauración de los accesos principales ubicados sobre Artigas/Gondra y calle EE. UU., incorporando pórticos de ingreso, cerramiento perimetral, veredas exteriores, iluminación, mobiliario urbano y estacionamientos para vehículos y bicicletas. En ese punto, hay que señalar que las intervenciones se realizarán conforme a las normativas de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Además, incluye el cierre progresivo del perímetro, garantizando el acceso de las familias residentes del entorno. Se prevé la restauración de elementos patrimoniales como el Museo Bernardino Caballero, el exhibidor de carruaje y el edificio ocupado por oficinas municipales, complementados con intervenciones paisajísticas, senderos e iluminación.

Los trabajos, que contemplan un plazo de 29 meses, incluirán también espacios de juegos infantiles, canchas deportivas, zonas multiuso, anfiteatro y áreas de ejercicio, todas con pavimentos adecuados, mobiliario urbano e iluminación, la creación de senderos y calzadas interiores, además de un Paseo Verde con sistemas de seguridad, vigilancia, cámaras, luminarias y un puesto de primeros auxilios.

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