Esta mañana, dos estudiantes universitarias fueron detenidas cuando intentaban encadenarse frente a la sede del Congreso para exigir la no postergación del tratamiento del proyecto de ley de arancel cero. Son dirigentes estudiantiles que luego fueron trasladadas hasta la Comisaría 5ª de Asunción, informó Francisca Pereira, en contacto con Universo 970 AM.
Las dirigentes son Vivian Genes, representante estudiantil ante el Consejo Universitario y estudiante de arquitectura, y María José Espinoza, también de la carrera de arquitectura, quienes acudieron para reclamar el tratamiento del proyecto de ley marcado para este miércoles en el Poder Legislativo.
Los testigos del hecho calificaron de lamentable el accionar de los policías, que de manera violenta redujeron a ambas estudiantes cuando intentaban encadenarse a la reja de la plaza Eligio Ayala en un reclamo pacífico, en el que intervinieron al menos 7 agentes contra solo dos jóvenes. Federico Enciso, estudiante universitario, señaló que ambas fueron detenidas de manera arbitraria.
“La estudiante Genes, una de las dirigentes estudiantiles que están en la campaña de arancel cero, fue a la sede del Congreso e intentó encadenarse para exigir el tratamiento del proyecto de ley. De manera ilegal fueron detenidas, como en los viejos tiempos de la dictadura. En este momento se encuentra en la Comisaría 5ª”, expresó Enciso en un audio divulgado en 1020 AM.
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Los estudiantes terciarios habían anunciado una nueva movilización a fin de presionar a los congresistas para la aprobación. En este sentido, Amarú Benítez, miembro de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, hizo un llamado para la movilización que exigirá la sanción del proyecto.
Los estudiantes solicitan que los aranceles en las universidades del país sean costeados con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). El proyecto fue presentado por el senador Víctor Ríos y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
El proyecto de ley podría beneficiar a unos 80 mil estudiantes a nivel país y, en el caso de aprobarse en Diputados y de que posteriormente sea promulgado por el Poder Ejecutivo, el Estado necesitaría US$ 31 millones de forma anual para dicha inversión.
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