Integrantes de una comunidad indígena presentaron un recurso ante la Justicia para que el Estado provea de agua potable a las aldeas Colonia 96 y Buena Vista, ambas asentadas en la zona de Pozo Colorado y Concepción. Se trata del tercer amparo constitucional presentado en el Poder Judicial, ante la falta del vital líquido causada por la escasez de lluvia y la sequía de los arroyos.

“Es urgente, ya no tienen agua, el cauce hídrico del arroyito Celedonio desapareció por la sequía. Hoy van a ingresar con un tractor para llevar un poco de agua. No hay respuestas sobre el amparo. El caso ha caído en el juzgado civil a cargo de la doctora Alejandra Zavala. Es lastimosa la situación de esta comunidad y también la postura de las instituciones públicas que no tienen interés en el cumplimiento de sus funciones”, afirmó la abogada Adriana Agüero, de la organización Tierraviva.

Denuncian que la comunidad está totalmente abandonada por el Estado y que nunca ha recibido una asistencia integral ni desarrollo de caminos. Asimismo, tampoco cuenta con señal de celular para comunicar sus padecimientos, lo que provocó fallecimientos ante la falta de recursos de salud.

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“Han sufrido embates climáticos como inundaciones y sequía, como la de ahora. La única forma de comunicarnos con ellos es a través de radio Pa’i Puku, tienen que salir 65 kilómetros para tener señal de celular y comunicarse, esto ha hecho que muchas personas, incluso niños, hayan fallecido por falta de asistencia médica”, afirmó la abogada en contacto con 1020 AM.

Se trata de 97 personas que forman parte de la comunidad indígena Payseyamexyempa’a, compuesta por las aldeas Colonia 96 y Buena Vista, que comparten 25 mil hectáreas en esa zona. El documento fue presentado en la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.

El amparo constitucional presentado por representantes de la comunidad indígena y la abogada de la organización Tierraviva fue para que actúen desde el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Ministerio de Salud Pública.

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