“El doctor Isaías Fretes le ha puesto una impronta que creo que es única, nunca antes habíamos visto, está haciendo un trabajo muy importante, y obviamente en el IPS todo es una urgencia, todo es una emergencia, estamos trabando de cubrir déficits que tienen décadas”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, al ser consultado sobre el titular de la previsional en conferencia de prensa.

Respecto a la declaración de emergencia en el IPS, el presidente sostuvo que la institución “requiere de un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado, nosotros estamos tratando de darle todas las herramientas que sean necesarias, pero realmente yo tengo una confianza plena que es la persona indicada que necesita hoy el Instituto de Previsión Social”.

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En este sentido, señaló que desde el Poder Ejecutivo, Fretes tendrá todo el apoyo y se le darán todas las herramientas para que pueda seguir con el trabajo de reordenar la previsional, incluyendo las herramientas legislativas.

“En la medida que nosotros encontremos áreas, por ejemplo, si necesitamos pedirle al Congreso herramientas legales iremos, como lo hicimos ya el año pasado, pasamos una reforma muy importante que le ha dado más recursos al Instituto de Previsión Social, y en la medida que tengamos esos requerimientos lo vamos a hacer. Por el momento, la idea es darle todo el apoyo a él para que pueda llevar adelante esos trabajos”, apuntó.

De igual manera, pidió a la ciudadanía tener confianza en la gestión de Fretes, y aguardar los resultados de su trabajo. “Es un profesional de una larga trayectoria, creo que los paraguayos le reconocemos esa trayectoria, ahora lo que queda es que la ciudadanía le dé la oportunidad para que él pueda llevar adelante los trabajos y saber que más de 60 años de una institución no se van a resolver en seis meses o en un año, tenemos que darle la oportunidad”, sentenció.

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“Esta situación se debe llevar a una negociación política", dijo José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), sobre el debate en torno al reajuste del salario mínimo. Desde el sector requieren un incremento del 20 %, alegando una pérdida acumulada del poder adquisitivo desde el año 1989.

“Nosotros hemos pedido que esta mesa, aparte de tener a los representantes de la Conasam (Consejo Nacional de Salarios Mínimos), sea participativa con importantes representantes del sector económico. Nosotros creemos y queremos que el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, puedan asistir a las reuniones de forma conjunta para que el debate se de en un nivel mucho más elevado y no forzarle a la Conasam a una sanción administrativa”, sostuvo este miércoles en el programa “Así son las cosas del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Creemos que se podría conversar en el equipo económico con el presidente de la República, Santiago Peña, ya que es un tema muy sensible y puede afectar a los trabajadores y la población en general”, acotó Pineda. Entre junio de 1989 y abril de 2026, el salario mínimo fue reajustado en 33 ocasiones, pero siempre por debajo de la inflación acumulada registrada por el Banco Central del Paraguay (BCP), según un análisis.

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En el encuentro realizado el pasado viernes con las autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), las centrales obreras presentaron una nota en la que solicitan un reajuste no menor al 20 %, alegando una pérdida del poder adquisitivo acumulada desde el año 1989, con base en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay.

“Hemos llevado una propuesta por escrito, fundamentada técnica y económicamente en el sentido de pedir un reajuste del 20 % del salario mínimo. Durante la pandemia del covid-19, hubo un año en donde no se reajustó el salario mínimo, entonces existe un antecedente importante de que el Estado, los empresarios y todos hemos aceptado una condición extraordinaria en la economía para que no se ajuste el salario mínimo”, comentó Pineda.

“Si hoy se dan condiciones diferentes, yo creo que estamos totalmente habilitados de plantear mejoras. El sector empresarial tiene que sentarse a negociar con nosotros, no creo que se nieguen a un colmo de tozudez política porque están dadas las condiciones para una conversación y no llegar a una situación conflictiva”, refirió.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y la ministra Carolina Llanes, realizaron una verificación técnica de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Asunción, dependencia clave para la recepción de denuncias y presentaciones fuera del horario habitual, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y otras situaciones que requieren respuesta judicial inmediata.

La visita tuvo como objetivo evaluar las condiciones de infraestructura, funcionalidad y seguridad del área, a fin de definir acciones orientadas a optimizar la atención a la ciudadanía y garantizar mejores condiciones de trabajo para magistrados y funcionarios.

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Durante el recorrido, las autoridades, acompañadas por el equipo técnico de la institución, identificaron necesidades prioritarias vinculadas con la reorganización de espacios, el fortalecimiento de los controles de acceso y la adecuación de sectores aledaños para destinar la planta baja prioritariamente a la atención al público.

El presidente de la Corte Suprema destacó que el relevamiento permitirá establecer medidas concretas para mejorar la operatividad de esta oficina, considerada un servicio esencial para asegurar el acceso permanente a la Justicia.

Por su parte, los jueces penales de Garantías, Lici Teresita Sánchez y Rolando Duarte, señalaron la necesidad de una readecuación integral de la dependencia y de reforzar las condiciones de seguridad y circulación dentro de la sede judicial.

La Oficina de Atención Permanente cumple un rol fundamental en la recepción de actuaciones urgentes fuera del horario ordinario, contribuyendo a brindar una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de la ciudadanía. La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento y mejora continua de los servicios institucionales que la Corte Suprema de Justicia encara para garantizar un acceso a la Justicia más ágil, seguro y eficiente.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, respondió este martes a la denuncia penal de un funcionario del Congreso Nacional en su contra sobre supuestas contrataciones sin concurso de funcionarios en la institución parlamentaria. La acusación fue presentada ante el Ministerio Público por Rubén Penayo, quien habría ingresado al Legislativo de la mano de una bancada de la oposición.

“Yo estoy a disposición de la justicia. Creo que hemos accionado correctamente en estos casi dos años como presidente del Congreso, pero tampoco voy a aceptar que mancillen mi nombre, en este caso, por una denuncia de un funcionario que fue recategorizado desde el inicio, entró con 6.000.000 de guaraníes, ahora gana 16.000.000 millones de guaraníes”, respondió Núñez en una conferencia de prensa en el Senado.

El legislador expuso al funcionario que ingresó en el Congreso con el sistema que ahora denuncia, sin concurso, a pedido de una bancada y con una importante recategorización, aumentando llamativamente el salario como funcionario público.

“Fue candidato del Frente Guasu, denuncia que supuestamente entran funcionarios sin concurso, quien dice entró sin concurso, nombrado, a pedido de una bancada del entonces Avanza País, denunció una cuestión que él mismo no puede explicar. Aparte, investigando, él no ha presentado declaraciones juradas, su señora trabaja como secretaria general creo que en el Ministerio de Desarrollo Social, 33 millones (de salario), que también entró sin concurso”, detalló Núñez.

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El titular legislativo reveló además que durante su presidencia la recategorización de Penayo fue mínima. “La última recategorización fue en mi periodo de 500.000 guaraníes, evidentemente se enojó porque en otros periodos tenía grandes aumentos, es la forma de extorsionar. Fue candidato a senador, fue candidato a diputado del Frente Guasu”, mencionó.

Sostuvo que esto podría tener un trasfondo político, ya que el denunciante proviene de un sector político opositor. “Denuncia también la bonificación, yo ya entregué a los periodistas el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas donde habla que fue correcto, donde el ordenador de gastos también puede cobrar, también el dictamen de la Contraloría. Las dos denuncias que hace, primero ya es como para desestimar, pero yo creo que hay gente detrás de esta denuncia, se identifica con un sector”, concluyó.

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